Mendoza ya diagrama una normativa local en caso de que se apruebe la nueva Ley de Glaciares
El debate por la propuesta para modificar la Ley 26.639, que regula la protección de glaciares y ambientes periglaciales en Argentina, ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política y productiva del país. Aunque gran parte de la atención se ha concentrado en la discusión nacional, la vecina provincia de Mendoza ya piensa en cómo actuará en caso de que el proyecto sea aprobado por el Congreso.
La normativa vigente fue sancionada en 2010 con el objetivo de preservar estos cuerpos de hielo como reservas estratégicas de agua para consumo humano, riego y recarga de cuencas, así como para proteger la biodiversidad y fomentar la investigación científica. La reforma impulsada por el Gobierno nacional —que ya obtuvo dictámenes favorables en comisiones del Senado y podría llegar al recinto próximamente luego de la discusión sobre la Reforma Laboral— propone dar mayor protagonismo a las jurisdicciones provinciales para administrar y definir qué áreas deben ser protegidas.
En este contexto, autoridades mendocinas sostienen que la discusión no se limita a la minería, sino que tiene que ver con “ordenar la aplicación” de la ley y despejar vacíos técnicos e interpretativos que, aseguran, obstaculizan inversiones y actividades productivas. Desde el gobierno provincial señalan que la reforma no implicaría automáticamente la aprobación de proyectos extractivos, sino que permitiría dictar una normativa local que precise cómo se realizan los estudios ambientales, el relevamiento de glaciares y del ambiente periglacial y qué criterios técnicos deben aplicarse.
Según estas fuentes, en caso de que la modificación prospere, la primera acción en Mendoza sería avanzar con la sanción de una ley provincial que establezca reglas claras para la gestión de estos espacios, similar a lo que se ha hecho en otras materias ambientales. Esto daría mayor seguridad jurídica y permitiría definir con precisión los requisitos para las evaluaciones de impacto y roles de control técnico.
El debate ocurre además en medio de críticas y posturas diversas: organizaciones ambientales advierten sobre los riesgos de una flexibilización de la protección de glaciares, mientras representantes empresariales y sectores productivos avalan la necesidad de clarificar competencias para atraer inversiones en actividades como la minería.
Para Mendoza, que comparte cordillera y al igual que San Juan cuanta concuencas hídricas, la posible modificación representa un desafío para equilibrar protección de recursos hídricos estratégicos con normas claras que guíen la gestión técnica y científica de estos ambientes
MyD con información de MDZ
