NUEVOS CUESTIONAMIENTOS

Codelco, entre investigaciones, accidentes y cargos ambientales: crecen los cuestionamientos a la estatal chilena

La Superintendencia del Medio Ambiente formuló dos cargos graves contra la división Ministro Hales por incumplimientos en el control de material particulado (polvo) en Calama. La estatal puede quedar expuesta a multas, la clausura de instalaciones o la revocación de su permiso ambiental. El caso se suma a otros problemas que golpearon a la compañía durante 2026: inconsistencias en sus cifras de producción, despidos de ejecutivos, accidentes fatales y una caída en sus volúmenes de cobre.

La estatal chilena Codelco enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos ambientales y operativos. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile formuló dos cargos graves contra su división Ministro Hales, ubicada en las cercanías de Calama, por presuntos incumplimientos en las medidas destinadas a controlar las emisiones de polvo. Las infracciones podrían derivar en multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) cada una, (equivalentes a unos 4.292 dólares por cargo), además de la clausura de instalaciones o la revocación de la autorización ambiental de la operación.

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La investigación se originó en fiscalizaciones realizadas por la autoridad y en siete denuncias ciudadanas presentadas entre 2021 y 2024. Los incumplimientos señalados se relacionan con dos sectores de la mina: el chancador primario, donde no se habría utilizado el sistema de filtrado exigido, y el botadero de estériles, donde no se habría aplicado un producto destinado a evitar que el viento levante partículas desde las superficies expuestas.

Aunque el procedimiento todavía no establece una sanción definitiva, la gravedad de los cargos vuelve a poner bajo observación la gestión ambiental de una de las principales productoras de cobre del mundo. El caso adquiere especial relevancia por la ubicación de la operación: Calama fue declarada zona saturada por material particulado respirable MP10, una condición que obliga a las actividades industriales y mineras de su entorno a cumplir exigencias específicas para reducir las emisiones.

Qué es el control del polvo y por qué resulta crítico en Calama

El control de polvo es uno de los aspectos centrales de la gestión ambiental de una mina. Durante la extracción, trituración, transporte y almacenamiento del mineral se generan partículas que pueden permanecer suspendidas en el aire o depositarse sobre el suelo. A esto se suma el material que el viento levanta desde caminos, botaderos, depósitos y superficies sin cobertura.

En las operaciones a cielo abierto, el problema puede intensificarse por la circulación de maquinaria pesada, el movimiento de grandes volúmenes de roca y la exposición de extensas superficies de terreno. En las plantas de procesamiento, en tanto, la trituración y transferencia del mineral son fuentes potenciales de emisiones si no cuentan con sistemas adecuados de captación.

El polvo o material particulado no es un problema exclusivamente visual. Las partículas respirables, especialmente las de menor tamaño, pueden ingresar al sistema respiratorio y afectar la salud de las personas. Por eso, las autoridades ambientales establecen límites de emisión y exigen medidas de prevención, captación y abatimiento en las instalaciones industriales.

En el caso de Calama, la preocupación tiene un antecedente concreto. La ciudad fue declarada zona saturada por MP10 (polvo) en 2009, luego de superar la norma anual para ese contaminante. La contaminación atmosférica responde a distintas fuentes, entre ellas las calles sin pavimentar y las actividades industriales y mineras que rodean el área urbana. El problema llevó a desarrollar medidas específicas de descontaminación y seguimiento de las emisiones.

En ese contexto, el control del polvo en las operaciones mineras no constituye una exigencia secundaria ni una cuestión limitada al ordenamiento de las instalaciones. Es parte de las condiciones que permiten compatibilizar una actividad industrial de gran escala con la salud de las comunidades cercanas.

Los dos incumplimientos atribuidos a Ministro Hales

El primer cargo formulado por la SMA apunta al chancador primario, una instalación que reduce el tamaño de las rocas extraídas antes de que el mineral continúe hacia las siguientes etapas de procesamiento.

Según la investigación, Codelco habría operado el equipo sin el sistema de filtro de mangas exigido en sus Resoluciones de Calificación Ambiental. Además, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, la eficiencia de abatimiento de material particulado habría sido inferior al 75% comprometido.

Los filtros de mangas son equipos que capturan las partículas presentes en una corriente de aire mediante superficies filtrantes. El sistema permite retener el polvo generado durante la trituración y evitar que sea liberado directamente a la atmósfera. Su funcionamiento resulta especialmente importante en los puntos de transferencia y reducción del mineral, donde se produce una elevada generación de partículas.

El segundo cargo está relacionado con el botadero de estériles, donde la empresa no habría aplicado bischofita en las zonas inactivas durante 2023 y 2024. Este tratamiento estaba previsto para reducir en un 85% la erosión eólica, es decir, el levantamiento y desplazamiento de partículas provocado por el viento. La SMA también indicó que no encontró registros que acreditaran la ejecución de esas medidas entre 2023 y 2025.

La bischofita, un compuesto a base de cloruro de magnesio, se utiliza para estabilizar superficies y caminos, reducir la dispersión de polvo y disminuir la erosión. Su aplicación es habitual en ambientes áridos, donde las condiciones climáticas favorecen el levantamiento de material particulado.

La diferencia entre ambos incumplimientos es relevante: uno involucra la falta de un sistema de captación en una instalación de procesamiento; el otro, la ausencia de un tratamiento destinado a estabilizar superficies expuestas. En ambos casos, las medidas estaban contempladas en las autorizaciones ambientales de la operación.

La SMA clasificó las dos infracciones como graves. Cada una puede derivar en una multa de hasta 5.000 UTA, pero la normativa también contempla medidas de mayor alcance, como la clausura temporal o definitiva de instalaciones y la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental. Codelco informó que tomó conocimiento de los cargos y que los está analizando para presentar sus antecedentes y argumentos dentro del procedimiento.

Talabre: otro expediente ambiental y un plan de US$66 millones

La decisión de la SMA incluyó una segunda resolución relacionada con Codelco Ministro Hales, aunque corresponde a un procedimiento distinto. La autoridad aprobó un Programa de Cumplimiento Refundido para el depósito de relaves Talabre, luego de los cargos formulados en agosto de 2024 por problemas en el control de aguas subterráneas y en las condiciones de disposición de los residuos mineros.

La investigación anterior cuestionó que la compañía no ejecutara un plan de contingencia frente a alteraciones en las aguas subterráneas y que depositara relaves con una concentración de sólidos inferior al 60% exigido.

El programa aprobado contempla ocho acciones que deberán ejecutarse durante 24 meses, con una inversión comprometidas equivalentes a unos US$66,8 millones.

Entre las principales medidas se encuentra la construcción de 22 nuevos pozos de extracción para reforzar la barrera hidráulica del depósito y contener posibles infiltraciones. El sistema contará además con 17 pozos de seguimiento. El plan incluye la implementación del proyecto de preclasificación de relaves, conocido como PRECLA, para alcanzar la concentración de sólidos requerida, y pruebas de recuperación de agua dentro de la cubeta.

La aprobación del programa suspende el procedimiento sancionatorio vinculado con Talabre mientras Codelco ejecuta las acciones comprometidas. Si no cumple con el plan, la autoridad podrá reabrir el expediente y aplicar sanciones de hasta el doble de la multa original.

La coexistencia de ambos expedientes muestra que los cuestionamientos ambientales sobre la división no se limitan a las emisiones atmosféricas. También abarcan la gestión de residuos mineros y el control de posibles efectos sobre las aguas subterráneas.

Una estatal golpeada por problemas de producción y control interno

Los nuevos cargos ambientales llegan en un momento complejo para Codelco, que durante 2026 debió enfrentar cuestionamientos sobre sus cifras de producción, cambios en su conducción y dificultades para recuperar los niveles de extracción de cobre.

Uno de los episodios más delicados se conoció en octubre, cuando el directorio informó nuevas inconsistencias en los registros de producción correspondientes a 2024 y 2025. La investigación detectó posibles duplicaciones en la contabilización de material entre las divisiones Ministro Hales y Salvador, lo que habría provocado un incremento artificial de los volúmenes reportados.

El 5 de noviembre, el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, informó que las investigaciones habían identificado preliminarmente 42.100 toneladas de producción registrada de manera irregular. De ese total, 15.200 toneladas de cobre fino habrían generado un impacto económico estimado entre US$120 millones y US$140 millones.

La compañía encargó auditorías externas a KPMG y EY para determinar el alcance de las inconsistencias, identificar responsabilidades y establecer sus efectos sobre los inventarios, los resultados financieros y el cálculo de incentivos variables. Los antecedentes también fueron remitidos al Ministerio Público.

A fines de octubre, el directorio resolvió desvincular a ocho ejecutivos y profesionales de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Salvador, además de la casa matriz. Entre ellos se encontraban gerentes de las áreas de Recursos Mineros y Desarrollo, responsables de operaciones y profesionales vinculados con los registros contables y balances metalúrgicos.

El episodio no solo abrió un problema contable. También puso en discusión los mecanismos de supervisión interna y la confiabilidad de la información que la estatal utiliza para informar sus resultados y tomar decisiones operativas.

Menos cobre, mayores costos y nuevos accidentes

Las dificultades de control interno se desarrollan en paralelo con un escenario de menor producción. Durante el primer semestre de 2026, Codelco produjo 564.000 toneladas métricas de cobre fino, un 11% menos que las 634.000 toneladas registradas en el mismo período de 2025.

La caída estuvo concentrada principalmente en tres divisiones. El Teniente redujo su producción un 27%, afectada por las restricciones posteriores al accidente de julio de 2025; Chuquicamata registró una baja del 22%, vinculada con tareas de mantenimiento; y Ministro Hales produjo un 21% menos, principalmente por menores leyes del mineral.

Al mismo tiempo, el costo directo de producción (C1) aumentó un 6,7%, hasta 231,6 centavos de dólar por libra. La compañía atribuyó el incremento a los menores volúmenes producidos, el encarecimiento de la energía y los combustibles y el efecto del tipo de cambio sobre los costos en moneda local.

La situación de El Teniente constituye uno de los principales condicionantes de la recuperación productiva. El 31 de julio de 2025, un evento sísmico y un derrumbe subterráneo provocaron la muerte de seis trabajadores. La investigación posterior derivó en observaciones de las autoridades sobre los procedimientos de prevención y seguridad, mientras la operación debió atravesar restricciones y una recuperación gradual de sus actividades.

A ese antecedente se sumó otro accidente fatal el 11 de octubre de 2026, cuando un deslizamiento de tierra en el sector de rajo sur de El Teniente alcanzó a tres trabajadores de una empresa contratista. Dos murieron y uno fue rescatado. Las operaciones en ese sector fueron suspendidas mientras se investigaban las causas del episodio.

También permanecen las dificultades en los proyectos estructurales de la compañía. En agosto, Codelco decidió suspender temporalmente las actividades de desarrollo y construcción de Andes Norte, en El Teniente, debido a estudios que identificaron riesgos asociados a la sismicidad profunda del yacimiento. La medida se adoptó para profundizar el análisis geomecánico y reforzar las condiciones de seguridad.

En noviembre, Fontaine advirtió que la producción de la estatal podría continuar cayendo si no logra establecer asociaciones con compañías privadas para desarrollar nuevos proyectos. El presidente del directorio sostuvo que Codelco dispone de una extensa cartera de concesiones sin explotar, pero enfrenta limitaciones de capital y capacidad de gestión para ponerlas en producción.

El desafío de recuperar la confianza

El escenario presenta una contradicción: aunque los precios internacionales del cobre favorecieron los resultados financieros de Codelco durante el primer semestre, la compañía continúa enfrentando dificultades estructurales para aumentar su producción, controlar sus costos y sostener el avance de sus proyectos.

En ese período, el EBITDA (indicador de rentabilidad) alcanzó US$4.648 millones, un 68% más que en el primer semestre de 2025, mientras que la utilidad consolidada llegó a US$669 millones. Sin embargo, esos resultados estuvieron impulsados por el mayor precio del cobre y no por una mejora de los volúmenes producidos.

La nueva investigación ambiental en Ministro Hales agrega otro elemento a esa situación. Los incumplimientos denunciados corresponden a medidas que ya estaban incorporadas en las autorizaciones de la operación, por lo que el debate no gira únicamente alrededor de la necesidad de invertir en nuevas tecnologías, sino también de la capacidad de la empresa para ejecutar y documentar los compromisos que asumió.

En una ciudad declarada zona saturada por material particulado, la diferencia entre contar con sistemas de control y garantizar que funcionen correctamente tiene consecuencias directas sobre el ambiente y la población. Para Codelco, además, el procedimiento llega en un momento en el que debe demostrar que puede corregir sus fallas de gestión, recuperar la confiabilidad de sus registros y mejorar el desempeño de sus operaciones.

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La estatal todavía tiene la posibilidad de presentar sus descargos y la formulación de cargos no implica la clausura Ministro Hales. Sin embargo, la acumulación de investigaciones ambientales, problemas de seguridad, menores niveles de producción y cuestionamientos sobre sus controles internos configura un escenario exigente para la principal minera de Chile. Su recuperación ya no depende solamente de elevar la extracción de cobre: también requiere demostrar que puede operar con estándares ambientales, técnicos y de gestión acordes con la escala de sus actividades.

 

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