Emergencia ambiental

Un derrame de relaves en Chile pone en alerta a toda la cuenca del río Aconcagua por temor a la contaminación

Codelco, la minera estatal chilena paralizó su planta concentradora de la división Andina, después de que un derrame de relaves alcanzara el río Blanco, conectado con la cuenca del Aconcagua. La emergencia provocó medidas preventivas sobre el riego y el abastecimiento de agua potable, mientras crecen los cuestionamientos a la credibilidad de Codelco por las cifras de producción adulteradas y los graves accidentes que marcaron sus operaciones.

El derrame ocurrido durante la madrugada del jueves 5 de noviembre en la División Andina de Codelco encendió las alarmas en la Región de Valparaíso por el riesgo de contaminación de una cuenca fundamental para el abastecimiento de agua, la agricultura y otras actividades económicas del centro de Chile.

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Codelco confirmó que entre 1 y 5 metros cúbicos de relaves llegaron al río Blanco, aunque se trata de una estimación preliminar que deberá ser verificada por las autoridades ambientales, que también exigieron conocer el volumen total que salió del sistema de transporte y la cantidad de material que pudo ser recuperada.

El dato adquiere especial importancia porque la minera atraviesa una crisis de credibilidad después de reconocer, el mismo día del derrame, que había informado artificialmente 42.100 toneladas de cobre como producción de 2024 y 2025, irregularidades que ahora están siendo investigadas y que podrían generar un impacto económico de entre USD 120 millones y USD 140 millones.

La emergencia se originó por la obstrucción de una canaleta que transporta relaves desde la planta concentradora, en el sector cordillerano del río Blanco, donde la caída de un objeto arrastrado por un deslizamiento de nieve asociado al deshielo provocó que parte del material saliera del circuito industrial.

La compañía debió detener completamente su planta concentradora, suspender el transporte de relaves y desviar preventivamente aguas hacia el embalse Piuquenitos, mientras reforzaba los controles sobre los cursos de agua potencialmente afectados.

Una cuenca en alerta

La preocupación se extendió rápidamente hacia las poblaciones y los productores agrícolas que utilizan el agua del Aconcagua, debido a que el río Blanco desemboca en el río Juncal, que posteriormente se conecta con el Aconcagua.

La Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Aconcagua ordenó el cierre preventivo de sus compuertas de riego, mientras la empresa sanitaria Esval suspendió temporalmente la captación superficial destinada al abastecimiento de Los Andes y activó fuentes subterráneas para mantener el suministro.

El episodio también provocó la intervención del municipio de Hijuelas, que presentó una denuncia ante las autoridades sanitarias y de aguas para que se investigaran los posibles efectos del derrame en la cuenca.

Los primeros análisis encargados por Codelco a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental no encontraron variaciones significativas en el pH, la conductividad y la temperatura del agua, aunque esos resultados no alcanzan por sí solos para descartar la presencia de metales u otras sustancias potencialmente peligrosas.

Qué contienen los relaves

Los relaves del procesamiento de cobre son una mezcla de agua y partículas muy finas de roca que permanecen después de recuperar el mineral, principalmente mediante flotación, y su composición depende de las características del yacimiento y de los productos utilizados.

Generalmente pueden contener minerales de hierro, cobre, zinc, molibdeno y manganeso, además de compuestos de azufre y, según la geología del depósito, elementos potencialmente tóxicos como arsénico, plomo o cadmio.

También pueden conservar restos de reactivos utilizados durante la separación de los minerales, como cal, colectores químicos —entre ellos xantatos, que ayudan a separar el cobre de otros componentes de la roca— y sustancias que permiten formar la espuma utilizada durante el procesamiento.

La presencia de estos componentes no significa necesariamente que se encuentren disueltos en el agua ni que representen automáticamente un riesgo para la salud, porque su peligrosidad depende de las concentraciones, las condiciones químicas y la posibilidad de que sean transportados o liberados al ambiente.

Hasta el 6 de noviembre no se había difundido una caracterización química completa del material derramado en Andina, por lo que tampoco existe información oficial que confirme la presencia de cianuro en los relaves que llegaron al río.

La principal preocupación consiste en establecer si los relaves alteraron la calidad del agua, si dejaron sedimentos contaminantes en el lecho del río y si alguno de sus componentes puede desplazarse aguas abajo o incorporarse a las zonas de riego.

Una empresa cuestionada

El nuevo incidente ambiental ocurre cuando Codelco enfrenta una profunda crisis por las irregularidades detectadas en sus registros de producción y por los accidentes fatales que pusieron bajo examen sus sistemas de seguridad.

El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, informó el 5 de noviembre que las investigaciones identificaron preliminarmente 24.000 toneladas de cobre incorporadas artificialmente a los registros de 2024 y otras 18.100 toneladas correspondientes a 2025, mediante procedimientos irregulares que incluyeron duplicaciones en la contabilización de materiales.

Las irregularidades también habrían provocado una sobrevaloración de inventarios y alteraciones en el cálculo de bonos para trabajadores y ejecutivos, mientras continúan las auditorías externas y las investigaciones destinadas a establecer responsabilidades.

La propia conducción de Codelco reconoció que estos hechos afectaron la confianza y la reputación de la empresa, una circunstancia que aumenta la necesidad de verificar mediante organismos independientes las cifras y los resultados ambientales que ahora presenta sobre el derrame en Andina.

Durante 2026 también se registraron accidentes fatales en operaciones de Codelco, entre ellos la muerte de un trabajador de la División Salvador después de un accidente en la fundición Potrerillos y el fallecimiento de dos trabajadores contratistas tras un alud de nieve ocurrido el 11 de octubre en El Teniente.

Estos episodios muestran que los problemas de seguridad de la estatal no se limitan a un único accidente y explican por qué sus sistemas de prevención, la actuación de sus responsables y la eficacia de sus controles están sometidos a un creciente cuestionamiento.

En la propia División Andina existen antecedentes especialmente preocupantes, ya que en junio de 2020 la Superintendencia del Medio Ambiente formuló once cargos contra Codelco, cuatro de ellos graves, después de investigaciones que incluyeron un derrame de relaves ocurrido durante un temporal en abril de 2016.

Entre las deficiencias señaladas entonces figuraban problemas en los sistemas de control de derrames a lo largo del transporte de relaves y otras irregularidades relacionadas con el manejo de aguas y el cumplimiento de obligaciones ambientales.

La acumulación de cifras de producción adulteradas, accidentes fatales y antecedentes de incumplimientos ambientales instala una pregunta inevitable sobre la confiabilidad de los controles de Codelco y sobre cuánto respaldo independiente tienen las explicaciones que entrega cuando ocurre una emergencia.

Los controles bajo examen

La Superintendencia del Medio Ambiente de Chile inició una fiscalización en terreno y exigió a Codelco entregar información detallada sobre las causas del accidente, el volumen de relaves derramados y recuperados, la superficie afectada y la composición físico-química del material.

El organismo estableció un primer plazo de dos días hábiles para recibir antecedentes y otro de cinco días hábiles para contar con un informe técnico consolidado sobre las causas, los posibles impactos ambientales y las acciones destinadas a evitar nuevos episodios.

El incidente recuerda lo ocurrido en Veladero, San Juan, el 13 de septiembre de 2015, cuando una falla en el sistema de lixiviación provocó un derrame de solución cianurada que alcanzó el río Potrerillos y desencadenó una crisis ambiental, institucional y de confianza pública que afectó especialmente a las comunidades de Jáchal e Iglesia.

Aunque los materiales derramados son diferentes, ambos episodios ponen en discusión la seguridad de las instalaciones mineras, el funcionamiento de los sistemas de contención y la capacidad de las empresas y de los organismos estatales para responder frente a emergencias que pueden comprometer los recursos hídricos.

La cantidad de relaves que Codelco reconoce haber volcado al río Blanco puede parecer reducida frente a los grandes volúmenes que manejan las operaciones mineras, pero ese dato no permite determinar por sí solo la gravedad del episodio sin conocer la composición del material y los resultados de los controles aguas abajo.

Para las comunidades y los productores que dependen del Aconcagua, la preocupación central es conocer si el agua conserva condiciones seguras para el consumo humano, el riego y las demás actividades que dependen de la cuenca.

En una empresa que acaba de reconocer graves adulteraciones en sus registros productivos y que arrastra accidentes fatales y antecedentes de problemas ambientales, ya no alcanza con asegurar que una emergencia está controlada.

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Codelco deberá demostrarlo con resultados completos, información pública y controles independientes que permitan establecer cuánto material llegó realmente al río, qué sustancias contenía y cuáles fueron sus consecuencias ambientales.

 

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