El mayor proyecto cuprífero de Salta sigue en etapa de permisos
Taca Taca, ante tres definiciones que separan la promesa de la realidad
Taca Taca ya tiene reservas, escala económica y un diseño actualizado. Lo que todavía no tiene es autorización para transformarse en mina.
El proyecto de cobre, oro y molibdeno ubicado a 35 kilómetros de Tolar Grande prevé una inversión total de US$5.250 millones, una planta inicial para procesar 40 millones de toneladas de mineral por año y una expansión a 60 millones desde el quinto año.
First Quantum calcula una producción media de 291.000 toneladas de cobre durante la primera década, una vida útil inicial de 35 años, hasta 4.000 empleos en construcción y alrededor de 2.000 durante la operación.
Esa magnitud explica la expectativa del Gobierno de Salta, pero también vuelve insuficiente cualquier lectura basada solamente en anuncios.
Hoy existen tres decisiones administrativas y económicas que siguen condicionando la construcción: 1) la Declaración de Impacto Ambiental, 2) las concesiones de uso de agua y 3) la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Un expediente prolongado y que lidera records
El Estudio de Impacto Ambiental y Social inicial fue presentado ante la Secretaría de Minería de Salta en febrero de 2019. Desde entonces el expediente incorporó nueva ingeniería, estudios hidrogeológicos y anexos.
En octubre de 2023 la empresa agregó el esquema propuesto de abastecimiento de agua; los informes de la línea eléctrica y del camino de acceso tramitaron por expedientes separados.
En 2024, Salta sumó la asistencia técnica del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para revisar la información y realizar inspecciones.
En agosto de 2026, sin embargo, la consulta pública seguía pendiente.
First Quantum había pronosticado primero una aprobación durante el primer semestre y luego trasladó la expectativa al conjunto de 2026. La Declaración de Impacto Ambiental es el acto provincial que debe autorizar la etapa de explotación y fijar obligaciones de control, monitoreo y mitigación.
Sin esa resolución no puede comenzar la construcción integral, aun cuando existan permisos parciales o estudios técnicamente avanzados.
Casi siete años de evaluación no significan siete años de inmovilidad, porque el proyecto cambió de escala y debió completar información. Pero el plazo expone una contradicción política: la Provincia presenta a Taca Taca como una inversión próxima mientras la instancia más sensible -la audiencia pública- todavía no se concretó.
El agua pendiente
La Secretaría de Recursos Hídricos emitió en abril un certificado de factibilidad hidrológica suficiente para la primera etapa. No es todavía la concesión definitiva: la compañía informó que ese certificado deberá convertirse en derecho de uso una vez aprobada la evaluación ambiental.
El informe técnico de 2026 sostiene que cuatro cuencas de agua dulce cubrirían la demanda de la planta de 40 millones de toneladas y cerca del 90% de la expansión a 60 millones. Por eso continúan las campañas para validar caudales, caracterizar acuíferos y encontrar fuentes adicionales.
La empresa afirma que utilizará agua industrial y salmuera no aptas para consumo humano, que no compartirá las fuentes de la comunidad de Tolar Grande ni la cuenca del Macón y que recirculará más del 85% del agua del proceso.
La recirculación reduce la extracción, pero no elimina el consumo: siempre hay pérdidas por evaporación, humedad retenida en los concentrados y colas, y usos auxiliares.
El principal déficit de la comunicación pública es que no se difundió de manera sencilla el volumen total que se pretende extraer -expresado en litros por segundo o metros cúbicos anuales-, separado por cuenca, etapa y calidad del agua.
La información disponible se concentra en porcentajes de reutilización y suficiencia. Para una región con apenas unos 40 milímetros de precipitación anual y una evaporación cercana a 2.500 milímetros, esa ausencia alimenta la mayor crítica ambiental y comunitaria.
El propio secretario de Recursos Hídricos, Gustavo Carrizo, reconoció en julio que Taca Taca requiere un caudal importante y advirtió que el crecimiento de los proyectos avanzados puede llevar a una crisis hídrica acumulativa.
Incluso planteó explorar, a largo plazo, el transporte de agua desde el Pacífico chileno. Esa posibilidad no invalida la factibilidad de la primera fase, pero confirma que el abastecimiento de toda la expansión todavía no está cerrado.
El ingreso al RIGI
La tercera definición es nacional. First Quantum aún no presentó formalmente a Taca Taca al RIGI y comunicó que terminará la solicitud después de obtener la aprobación ambiental y las concesiones de agua. El régimen ofrece estabilidad tributaria, beneficios aduaneros y un acceso gradual más favorable al mercado de cambios. Para un proyecto de US$5.250 millones, esas condiciones forman parte de la estructura financiera y de la decisión final de inversión.
El plazo de adhesión fue prorrogado hasta el 8 de julio de 2027. La extensión le dio aire al proyecto, pero no reemplaza los permisos provinciales: el RIGI puede mejorar la rentabilidad y la previsibilidad, aunque no autoriza el uso de agua ni aprueba impactos ambientales. En términos políticos, Salta necesita que las tres decisiones avancen coordinadamente para evitar que una aprobación quede inmovilizada por la demora de otra.
Financiamiento todavía abierto
A las tres definiciones se agrega una cuarta condición empresarial: cómo financiar la obra. First Quantum evalúa incorporar un socio minoritario. Informaciones internacionales mencionaron a Rio Tinto, Mitsubishi y Mitsui entre los posibles interesados, pero las conversaciones no fueron confirmadas como un acuerdo cerrado. La alianza firmada con la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo privado del Banco Mundial, tampoco constituye todavía un préstamo: prevé revisar brechas ambientales y sociales para acercar el proyecto a los estándares exigidos por futuros financiadores.
Críticas bajo análisis
Las objeciones más relevantes se concentran en cuatro planos: la duración y transparencia del expediente; la falta de un dato público simple sobre extracción hídrica total; el efecto acumulado de varios proyectos sobre las cuencas de la Puna; y la necesidad de convertir las promesas de empleo y proveedores salteños en obligaciones verificables.
También existe una cuestión reputacional: First Quantum llega a esta decisión después del conflicto de Cobre Panamá, cuya concesión fue declarada inconstitucional y cuya operación se detuvo tras una fuerte pérdida de licencia social. Ese antecedente no determina lo que ocurrirá en Salta, pero eleva la exigencia de participación y control.
Sáenz acelera tiempos
La declaración más concreta y reciente de Gustavo Sáenz sobre Taca Taca fue realizada el 27 de marzo. El gobernador aseguró que la audiencia pública estaba próxima, expresó su deseo de que el proyecto comenzara durante 2026 y reconoció que el agua debía explicarse con claridad a la población.
Desde entonces volvió a promocionar en foros nacionales e internacionales la cartera minera salteña y la previsibilidad provincial, pero no comunicó un nuevo hito administrativo específico de Taca Taca.
El contraste es evidente: el discurso político corre más rápido que el expediente. Taca Taca puede cambiar la escala económica de Salta, pero su verdadera fecha de inicio no dependerá de una declaración, sino de que el Gobierno provincial muestre la evaluación, convoque la participación pública y cierre con precisión de dónde saldrá el agua durante toda la vida de la mina.
Minería & Desarrollo
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