Columna de Opinión
La burocracia frente a la oportunidad histórica: El desafío regulatorio de la minería en Argentina
Para el año 2050, se estima que la demanda global de minerales críticos se multiplicará por seis. Metales como el cobre, el litio y el oro son el motor indiscutible de las energías alternativas y la electromovilidad. Sin embargo, mientras países vecinos como Chile o Perú transforman sus recursos en miles de millones de dólares en exportaciones anuales, la minería en Argentina apenas representa un 7% de nuestra matriz productiva.
Es innegable que herramientas legislativas recientes, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), han inyectado un optimismo vital en el sector. Al ofrecer estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a largo plazo, el país está seduciendo al capital extranjero, y provincias como San Juan se consolidan como líderes indiscutidos de este renacer.
No obstante, el incentivo económico choca de frente con un obstáculo estructural que ahoga a los desarrolladores: el arcaico y enmarañado sistema de permisos.
Poner en marcha un proyecto minero exige tramitar, en promedio, más de 200 permisos ante decenas de entidades estatales, muchas veces desconectadas entre sí.
Esta dispersión normativa y la falta de digitalización e integración (Nación, Provincia y Municipio) convierten la inversión en una carrera de obstáculos que puede sumar años de demoras. Modernizar este sistema no significa, bajo ningún punto de vista, relajar las exigencias ambientales ni desproteger los recursos.
Por el contrario, significa construir un Estado inteligente y digitalizado, capaz de unificar expedientes y agilizar respuestas, siguiendo el modelo de potencias como Canadá, Australia o la reciente plataforma de ventanilla única en proceso de implementación en Chile a partir de la ley 21.770.
Pero el Estado no es el único que debe evolucionar. Las empresas tienen el deber ineludible de anticiparse a estos escenarios. No alcanza con reaccionar ante la burocracia; es imperativo diseñar un verdadero plan maestro de manejo de permisos desde la génesis del proyecto.
A partir de un proceso interno sólido y bien estructurado, las compañías deben poder generar ideas creativas y alternativas viables para obtener, en tiempo y forma, las distintas autorizaciones que demanda cada etapa de la iniciativa.
En este sentido, la consideración del plan regulatorio entre los objetivos estratégicos de los proyectos, la adopción de altos estándares ESG (Gobernanza, Ambiental y Social) y el respeto a las comunidades y superficiarios no son una opción decorativa, son un requisito innegociable para operar.
En este nuevo paradigma, el rol del asesor legal cambia drásticamente. El abogado minero no puede ser el técnico aislado que llega al final de la cadena para apagar incendios o justificar demoras. Su función adquiere un carácter estrictamente preventivo.
Debe sentarse en la mesa chica de toma de decisiones desde el día cero y trabajar de manera interdisciplinaria con los especialistas técnicos, ambientales y sociales. Su verdadero valor agregado radica en anticipar escenarios de riesgo, integrar el sistema de permisos a la estrategia del negocio y viabilizar el proyecto, dejando de ser el clásico "palo en la rueda" para convertirse en un facilitador estratégico indispensable.
Argentina puede multiplicar exponencialmente sus puestos de trabajo y triplicar el impacto de la minería en su PBI. San Juan, apalancada por su atractivo geológico, tiene el privilegio y la responsabilidad de liderar este cambio.
Pero para que este sueño de desarrollo sea realidad, necesitamos, entre otros aspectos, que el sistema de permisos deje de ser una barrera infranqueable y se transforme en un motor ágil, transparente y predecible. La demanda mundial no va a esperarnos para siempre; es momento de estar a la altura.
Minería & Desarrollo
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