La UIF y CAEM evaluaron posibles ajustes a la normativa antilavado para la minería en Argentina

La Unidad de Información Financiera (UIF), dependiente del Gobierno nacional y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) mantuvieron una reunión para analizar el marco regulatorio vigente y, en particular, la aplicación de la Resolución UIF N.º 55/2024 en el sector minero.

El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente de la UIF, Patricio Michlig, y el presidente de CAEM, Roberto Cacciola. La agenda estuvo centrada en distintos aspectos vinculados con las obligaciones que establece la normativa para el sector.

Durante la reunión también se planteó la posibilidad de evaluar de manera conjunta eventuales modificaciones regulatorias, con el objetivo de adecuar las disposiciones a los desafíos y riesgos específicos de la actividad minera.

Uno de los ejes del intercambio estuvo relacionado con las medidas de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/FP).

Según la información difundida sobre el encuentro, el análisis apuntó a compatibilizar la aplicación de estas medidas con los estándares internacionales vigentes, procurando que las obligaciones puedan implementarse de manera efectiva y proporcional a las características de la actividad.

La reunión también permitió abordar aspectos del marco normativo actual y las obligaciones que deben cumplir las empresas mineras alcanzadas por la Resolución UIF N.º 55/2024.

Por parte de CAEM participaron Juan Ignacio Boragina, titular del Departamento Legal e Institucional de la Cámara, y los asesores externos Francisco Abeal y Leonardo Rodríguez.

En representación de la UIF estuvieron presentes Alberto Mendoza, director de Supervisión; Laura Domínguez, directora de Asuntos Jurídicos; Erica Geringer Zapico, subdirectora de Dictámenes; y Paula Zaragoza, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales de la Dirección de Coordinación Internacional.

El encuentro se concentró así en el intercambio entre el organismo de control y el sector minero sobre la aplicación de las obligaciones de prevención de delitos financieros, además de la posibilidad de revisar aspectos regulatorios vinculados con las particularidades de la actividad.