Entre las cooperativas y la inversión privada: el dilema que enfrenta la minería de Bolivia
El gobierno de Rodrigo Paz busca modificar el rumbo de la minería boliviana con una apertura hacia la inversión privada y extranjera, en un intento por aprovechar las reservas de cobre, oro, plata, estaño y otros minerales considerados estratégicos. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un límite político: el peso que mantienen las cooperativas mineras, un sector que reúne a cientos de miles de trabajadores y que durante décadas construyó una posición de influencia dentro del Estado.
Las cooperativas representan alrededor del 8% de la fuerza laboral de Bolivia y cerca de la mitad de la extracción minera del país, según datos citados por Bloomberg. Su importancia no se limita a la producción. El sector posee una capacidad de movilización que le permitió en distintas oportunidades presionar a los gobiernos mediante protestas y bloqueos de rutas.
El conflicto quedó expuesto con mayor claridad en mayo, cuando miles de mineros cooperativistas marcharon hacia La Paz en medio de una ola de protestas. Algunos manifestantes utilizaron dinamita durante las movilizaciones. Frente a la presión, el gobierno terminó aceptando buena parte de sus reclamos vinculados con el acceso a combustible, explosivos y nuevas áreas para desarrollar actividades mineras.
La situación volvió a complicarse en julio, cuando diferencias entre cooperativas rivales llevaron al gobierno a suspender una cumbre que pretendía reunir a representantes de la minería cooperativa, estatal y privada. El objetivo era discutir una estrategia común para el futuro de la industria, pero las disputas internas mostraron las dificultades para construir un acuerdo entre los distintos actores del sector.
Para Paz, el desafío consiste en avanzar con una reforma del marco minero sin provocar una confrontación con las cooperativas, que mantienen una presencia considerable en la estructura económica y política del país.
Una reforma gradual para atraer capital privado
El Ejecutivo pretende introducir modificaciones puntuales a las actuales normas mineras antes de avanzar hacia una reforma integral. Entre las medidas que analiza se encuentran la posibilidad de que empresas privadas puedan asociarse con cooperativas, un fortalecimiento de los derechos de desarrollo de los proyectos y una reducción o revisión de determinadas cargas tributarias.
El gobierno también trabaja en una actualización más amplia del Código Minero, con el objetivo de modernizar la actividad y ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores.
La iniciativa se encuentra en línea con la estrategia anunciada por el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón, quien planteó la necesidad de reducir trabas administrativas y generar condiciones para recuperar inversiones. En abril, el presidente Paz también había planteado ante representantes de cooperativas la necesidad de avanzar hacia una nueva ley minera que permita atraer capital y fortalecer el sector.
Durante julio, el Gobierno llevó adelante la Cumbre Nacional Minera 2026, que reunió a cooperativas, empresas privadas, minería chica, nuevos emprendimientos, profesionales y representantes estatales para discutir una actualización de la normativa. Entre los temas abordados estuvieron la seguridad jurídica, los contratos mineros, la institucionalidad, la fiscalización de la minería ilegal y la cuestión ambiental.
El objetivo es que las conclusiones de esas mesas sirvan como base para una propuesta de nuevo Código Minero.
El potencial que busca recuperar Bolivia
La apuesta oficial parte de una realidad geológica que contrasta con el bajo nivel de inversión que recibió el sector durante los últimos años. El gobierno considera que Bolivia posee recursos suficientes para ampliar significativamente sus exportaciones mineras y reducir la dependencia de otros sectores de la economía.
Paz ha defendido públicamente esa estrategia al plantear que el país debería aprovechar sus recursos naturales para generar mayores ingresos. La expectativa oficial incluye atraer compañías internacionales interesadas en cobre, oro, plata, estaño, zinc, antimonio y otros minerales críticos.
El interés empresarial comienza a mostrar algunas señales de recuperación. Compañías que ya operan en Bolivia evalúan ampliar sus actividades, mientras que firmas de exploración consideran ingresar al país si finalmente se concretan los cambios regulatorios.
Uno de los principales obstáculos, sin embargo, es el historial de inseguridad jurídica y conflictividad política que durante años condicionó la llegada de grandes grupos mineros internacionales. Para los inversores, la reforma no sólo deberá modificar las reglas de contratación y tributación, sino también garantizar que los derechos mineros puedan desarrollarse sin quedar expuestos a conflictos con otros actores.
El problema se vuelve especialmente complejo porque las cooperativas también forman parte del entramado productivo que el Gobierno necesita incorporar a la transformación del sector. Una reforma que reduzca sus privilegios podría facilitar el ingreso de capital privado, pero también desencadenar nuevas protestas.
La minería entre dos modelos
La discusión que enfrenta Bolivia no se limita a una modificación del Código Minero. En el fondo, el gobierno de Paz intenta definir qué modelo de minería tendrá el país durante los próximos años.
Por un lado, busca incrementar la participación de empresas privadas y captar inversiones internacionales para desarrollar proyectos de mayor escala. Por otro, debe preservar la actividad de las cooperativas, que tienen un peso histórico en la producción y una capacidad de presión política difícil de ignorar.
La propia política oficial refleja esa necesidad de equilibrio. El Gobierno impulsa una modernización normativa, pero al mismo tiempo mantiene el diálogo con las organizaciones cooperativas y las incorpora a las discusiones sobre el nuevo marco legal.
La experiencia de los últimos meses muestra el riesgo de avanzar demasiado rápido. En mayo, la presión de los cooperativistas obligó al Ejecutivo a realizar concesiones, mientras que en julio las diferencias entre organizaciones del propio sector impidieron concretar una cumbre que buscaba reunir a todos los actores.
Para Bolivia, el resultado de esta disputa tendrá consecuencias que exceden al sector minero. Si Paz logra establecer un marco que combine seguridad jurídica, inversión privada y participación de las cooperativas, el país podría intentar recuperar protagonismo en un mercado internacional que demanda cada vez más minerales críticos. Si el Gobierno no consigue resolver esa tensión, las mismas organizaciones que hoy representan una parte central de la producción podrían convertirse en el principal límite para la expansión minera que pretende impulsar.
M&D con información de Bloomberg