Calcatreu: cuando la empresa habla para Toronto y deja que otros hablen en Río Negro

Hay una escena que resume bastante bien lo que está pasando con Calcatreu. La Secretaría de Trabajo de Río Negro paraliza parte de las actividades de una mina de oro y plata que acaba de comenzar a producir; el Gobierno provincial acusa incumplimientos en la contratación de trabajadores rionegrinos; AOMA y UOCRA respaldan la medida; el intendente de Ingeniero Jacobacci reclama que se respeten los compromisos asumidos y la Cámara de Minería de Río Negro pide diálogo y seguridad jurídica. Todos hablan.

Patagonia Gold informó inicialmente la suspensión mediante una comunicación corporativa destinada al mercado. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Toronto, explicó que estaba evaluando el alcance de la medida, que cooperaba con las autoridades y que mantendría las actividades esenciales de seguridad y mantenimiento. También prometió nuevos comunicados cuando existieran novedades. Es decir: hizo lo que corresponde hacer ante el mercado de capitales.

Pero una crisis minera no ocurre en la Bolsa de Toronto. Ocurre en Ingeniero Jacobacci. Y allí comienza el problema comunicacional.

Patagonia Gold posteriormente amplió desde Jacobacci algunos datos: dijo que Calcatreu tenía 233 empleados directos, de los cuales 175 eran residentes de Río Negro y 109 de Ingeniero Jacobacci, y sostuvo que eso representaba un 75% de empleo provincial. También detalló la composición del personal alcanzado por el convenio de AOMA. Fue una respuesta necesaria, aunque defensiva y posterior a una agenda que ya había sido instalada por otros.

La diferencia no es menor. Una cosa es informar. Otra, muy distinta, es comunicar.

Primero los accionistas

La propia definición corporativa de Patagonia Gold ayuda a entender el problema. En su página institucional señala que su objetivo principal es aumentar el valor para sus accionistas mediante la adquisición, exploración y desarrollo de proyectos de oro y plata. En la página dedicada a Calcatreu sostiene, al mismo tiempo, que desarrolló el proyecto mediante un diálogo abierto con las comunidades y que logró un fuerte respaldo local.

Es precisamente esa segunda afirmación la que hoy queda sometida a prueba.

Porque cuando aparece el primer conflicto serio desde que Calcatreu entró en producción, la arquitectura comunicacional parece funcionar mucho mejor hacia arriba —accionistas, mercado, autoridades— que hacia afuera: trabajadores, proveedores, vecinos, comunidades, municipio y sociedad rionegrina.

No se trata de cuestionar que Patagonia Gold deba informar a Toronto. Tiene la obligación de hacerlo. El error consiste en creer que esa comunicación corporativa alcanza para administrar una crisis territorial.

No alcanza.

Una comunicación diseñada para cumplir con el mercado pero insuficiente para contener una crisis territorial que amenaza con algo mucho más difícil de recuperar que la producción: la confianza.

La comunidad pide caras

Hay además una cuestión que la minería todavía parece olvidar con demasiada frecuencia: las comunidades necesitan caras.

Necesitan saber quién es el responsable de la mina, quién puede explicar qué ocurrió, quién responde cuando aparece un problema y quién está dispuesto a sentarse frente a un vecino, un trabajador, un proveedor o un periodista para contar qué está pasando.

Necesitan, además, una voz amigable. Alguien reconocible. Una persona que no aparezca solamente cuando hay una audiencia pública, una inauguración o una fotografía institucional, sino que sea parte de la conversación cotidiana con el territorio.

Una comunidad no construye confianza con una razón social. Tampoco dialoga con un PDF.

En plena era de las redes sociales, los videos, la comunicación directa y la construcción de comunidades, pocas herramientas resultan más anacrónicas para enfrentar una crisis reputacional que el viejo comunicado de prensa corporativo. Puede cumplir una función legal, satisfacer al directorio, informar a una Bolsa de Valores o dejar asentada una posición institucional.

Pero su impacto reputacional local suele ser prácticamente cero.

El comunicado satisface una necesidad de la empresa. No necesariamente una necesidad de la comunidad.

Y esa diferencia resulta decisiva.

Cuando hay incertidumbre, las personas no buscan solamente información. Buscan confianza. Quieren escuchar una explicación en palabras que entiendan, mirar a quien la brinda y poder preguntarle. Quieren saber quién se hace responsable.

Eso no se consigue enviando un documento desde una oficina corporativa.

Dato clave

Calcatreu informó primero con la lógica de una compañía cotizante y dejó que buena parte de la conversación territorial fuera ocupada por el Gobierno, los gremios y la cámara minera. El problema no es que haya comunicado al mercado: es que una crisis de confianza local exige voceros visibles, cercanos y responsables, no solamente un comunicado corporativo.

El vacío local

Mientras la compañía evaluaba el “alcance de la medida”, el Gobierno de Río Negro construía un mensaje mucho más simple y potente: “sin cumplir los acuerdos no hay desarrollo”. La Provincia dijo que la paralización se mantendría hasta que fueran respetados los compromisos vinculados con empleo, capacitación y contratación local.

Desde el punto de vista comunicacional, la diferencia es notable.

De un lado hubo un lenguaje jurídico-corporativo. Del otro, una idea fácil de comprender para cualquier habitante de Jacobacci: si la minería promete desarrollo y trabajo local, debe cumplirlo.

En una crisis, quien logra explicar primero el problema suele quedarse con buena parte de la interpretación pública de ese problema.

Calcatreu cedió ese espacio.

Y después comenzó a correr detrás de la agenda.

La cámara responde

Hay además una particularidad todavía más llamativa. La Cámara de Minería de Río Negro, CAMIR, salió públicamente a reclamar diálogo institucional, previsibilidad y seguridad jurídica. Reconoció la obligación de cumplir la Ley 5.804 —el régimen denominado 80/20— pero advirtió sobre las consecuencias de paralizar una operación para trabajadores, proveedores y futuras inversiones.

Hasta allí podría tratarse simplemente de la reacción esperable de una cámara empresarial.

Pero CAMIR está presidida por Matías Argarate, vinculado profesionalmente con Patagonia Gold. Es decir que mientras institucionalmente la empresa mantenía una exposición local limitada, uno de sus hombres aparecía encabezando la entidad que formulaba públicamente una defensa sectorial del diálogo y la continuidad de la actividad.

No hay nada irregular en eso. Pero comunicacionalmente genera una pregunta inevitable: ¿por qué la posición territorial más fuerte debe escucharse desde una cámara y no directamente desde la empresa que opera la mina?

Una cámara puede defender a la industria. No puede reemplazar la voz de una compañía frente a su comunidad.

Los gremios hablan

El espacio que dejó abierto la empresa también fue ocupado por los sindicatos.

AOMA Río Negro-La Pampa difundió un comunicado dirigido a los trabajadores y respaldó explícitamente la decisión provincial, principalmente en materia de seguridad e higiene, además de advertir que defenderá los salarios ante cualquier posible perjuicio derivado de la paralización.

UOCRA también apoyó la suspensión temporal. Su representante en Ingeniero Jacobacci puso el foco donde comunicacionalmente más duele: recordó que el empleo fue uno de los grandes argumentos utilizados para justificar el desarrollo de Calcatreu y sostuvo que, cuando existen perfiles disponibles, la prioridad debe corresponder a los habitantes de la localidad.

Mientras tanto, CAEM no apareció con la misma intensidad. Al cierre de esta nota, una revisión de sus comunicaciones públicas no mostraba un pronunciamiento específico sobre el conflicto de Calcatreu, pese a que CAEM se define como la voz unificada de la industria minera nacional. Sí había difundido apenas días antes contenidos sobre inversiones, empleo, proveedores y crecimiento de la minería argentina.

El silencio también comunica.

Y en este caso deja a una compañía enfrentando prácticamente sola una discusión que puede terminar afectando la percepción de toda la minería.

Una confianza perdida

El principal error sería reducir esta historia a una discusión sobre si Calcatreu tiene 75%, 78% u 80% de trabajadores rionegrinos. Ese es el expediente administrativo.

La discusión social es otra.

Calcatreu necesita demostrar que forma parte de Río Negro y particularmente de Ingeniero Jacobacci. Que escucha. Que explica. Que responde. Que reconoce errores cuando corresponde y que puede discutir públicamente las acusaciones que considera injustas.

La comunicación con los grupos de interés no puede comenzar cuando llega una resolución de la Secretaría de Trabajo.

Tampoco puede limitarse a comunicados escritos pensando primero en cómo reaccionará el accionista. En minería eso ya se aprendió demasiadas veces.

Cuando la empresa deja de hablar con su territorio, otros hablan por ella. Después aparecen los rumores, se endurecen las posiciones, los gremios ocupan el centro de la escena, los gobiernos necesitan mostrar autoridad y cada incidente comienza a incorporarse a una historia más grande: aquella según la cual la minería promete una cosa cuando busca permisos y hace otra cuando comienza a producir.

Puede ser verdadero o puede ser falso. Comunicacionalmente, llegado ese punto, casi deja de importar.

Porque una compañía puede recuperar una planta detenida, renegociar un acuerdo laboral e incluso corregir un porcentaje de contratación.

Lo que cuesta muchísimo más recuperar es la credibilidad. La historia de Calcatreu todavía puede corregirse. Pero requiere comprender algo elemental: una mina ubicada a 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci puede cotizar en Toronto, tener obligaciones con sus accionistas y pensar globalmente.

Pero su licencia social se juega en Río Negro. Y esa licencia no cotiza en bolsa.

Minería & Desarrollo