Minería chilena: crece la presión judicial sobre proyectos clave. Lundin otra vez denunciado

La judicialización ambiental volvió a instalarse como uno de los principales factores de riesgo para los proyectos mineros en Chile. En las últimas semanas, varias iniciativas relevantes del Norte del país quedaron sometidas a reclamaciones, solicitudes de paralización, demandas por daño ambiental o procedimientos sancionatorios que pueden alterar cronogramas, permisos e inversiones.

El caso más sensible está hoy en el Salar de Atacama, donde las comunidades atacameñas de Peine y Toconao impugnaron la aprobación del proyecto Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine.

La controversia llegó al Primer Tribunal Ambiental, uno de los tribunales especializados de Chile encargados de revisar disputas vinculadas con decisiones ambientales y demandas por daño ambiental, luego de que el Comité de Ministros, la instancia administrativa superior que resuelve determinadas reclamaciones contra decisiones del sistema de evaluación ambiental chileno, terminara aprobando la iniciativa.

Salar bajo presión

Las comunidades buscan que el Primer Tribunal Ambiental, el órgano judicial especializado que revisa la legalidad de decisiones ambientales en el norte de Chile, deje sin efecto la resolución favorable al proyecto y mantenga el rechazo que había recibido en una etapa anterior. Además, solicitaron una medida cautelar para suspender los efectos de la aprobación y paralizar cualquier acto de ejecución mientras se tramitan las reclamaciones.

El conflicto gira alrededor de la modelación hidrogeológica del Salar de Atacama, los eventuales efectos sobre el sistema lagunar Soncor, el riesgo de subsidencia y la eficacia del Plan de Alerta Temprana. El proyecto prevé producir alrededor de 200.000 toneladas anuales de cloruro de potasio y tiene una vida útil proyectada de 20 años.

La decisión que adopte el Primer Tribunal Ambiental, el tribunal especializado que puede revisar y eventualmente anular decisiones administrativas ambientales, será seguida de cerca por toda la industria. Si concede la suspensión solicitada, el caso puede transformarse en una nueva referencia para otros proyectos vinculados con salmueras y ecosistemas sensibles del Salar de Atacama.

Tierra Amarilla suma denuncias

En Atacama se abrió, además, un nuevo frente judicial para Lundin Mining, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. Habitantes de Tierra Amarilla presentaron una demanda por presunto daño ambiental relacionado con botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros ubicados dentro o próximos al radio urbano.

La acción fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental, el tribunal especializado que también conoce demandas por daño ambiental. Los demandantes sostienen que existiría una afectación acumulativa y permanente sobre aire, suelo, flora, fauna, ecosistemas y medio humano, y solicitan medidas de remoción, confinamiento o cobertura de residuos, monitoreo permanente y acciones de remediación.

El mismo Primer Tribunal Ambiental, el órgano judicial ambiental competente en la zona, rechazó inicialmente una medida cautelar destinada a obtener un análisis químico y mineralógico inmediato de determinados depósitos, al estimar que no se habían configurado suficientemente los requisitos para concederla. La causa, sin embargo, seguirá su curso y amplía el riesgo judicial del distrito minero de Tierra Amarilla.

Tierra Amarilla destaca por su gran actividad en la pequeña y mediana minería, la agricultura de uva de mesa y hitos turísticos como el Museo Minero y cercanía a la Mina San José

Alcaparrosa marca precedente

Aunque no constituye una novedad de las últimas horas, el caso de Mina Alcaparrosa sigue siendo el antecedente más duro para la industria. El Primer Tribunal Ambiental, el tribunal especializado que resolvió la demanda por daño ambiental, determinó que la operación provocó un daño significativo y permanente en el acuífero del río Copiapó y ordenó el cierre definitivo de la faena, junto con medidas de reparación y compensación.

A ese fallo se sumó la actuación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el organismo chileno que fiscaliza y sanciona incumplimientos ambientales, que dispuso la clausura total y definitiva e impuso una multa de 4.160 UTA dentro del procedimiento originado tras el socavón de Tierra Amarilla. El caso continúa siendo una referencia obligada para medir hasta dónde pueden llegar las consecuencias regulatorias y judiciales de un incumplimiento ambiental grave.

Aida sigue judicializada

Otro foco relevante se encuentra en Exploraciones Aida, iniciativa de Minera Plata Carina SpA en las cercanías del Salar de Tara. La Comunidad Indígena Atacameña de Toconao y la Asociación Indígena Atacameña de Regantes y Agricultores de Toconao recurrieron contra la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el organismo técnico chileno que administra y coordina la evaluación ambiental de los proyectos, que terminó calificando favorablemente la iniciativa.

Las causas R-159-2026 y R-161-2026 aparecen acumuladas y en una etapa procesal avanzada ante el Primer Tribunal Ambiental, el tribunal especializado que revisa este tipo de reclamaciones. La discusión se concentra en la posible afectación de recursos hídricos vinculados al Salar de Tara, vegas, bofedales, acuíferos protegidos y prácticas tradicionales de las comunidades Lickan Antai.

Exploraciones Aida contempla ocho plataformas de sondaje y perforaciones diamantinas. El dato relevante es que la controversia surge todavía en una fase de exploración, antes de una eventual explotación minera, lo que muestra hasta qué punto los conflictos ambientales pueden condicionar una inversión desde sus etapas iniciales.

Arqueros espera sentencia

En la Región de Coquimbo, el Proyecto Minero Arqueros continúa a la espera de sentencia. La Junta de Vecinos de El Molle busca revertir decisiones relacionadas con su aprobación ambiental y cuestiona, entre otros puntos, el trazado de la línea eléctrica, los potenciales impactos sobre sitios de valor arqueológico, la biodiversidad, el paisaje y la participación ciudadana.

La reclamación principal ya fue vista por el Primer Tribunal Ambiental, el tribunal especializado competente para revisar controversias ambientales de esa zona, y se encuentra en proceso de redacción de sentencia. En paralelo, ese mismo tribunal rechazó una solicitud cautelar que pretendía paralizar las obras por una eventual afectación arqueológica, al considerar que los antecedentes presentados no permitían acreditar un peligro inminente.

Arqueros contempla una mina subterránea de cobre, planta concentradora, depósito de relaves e infraestructura hídrica, eléctrica y vial. La relevancia del fallo radica en que una decisión adversa podría impactar sobre un proyecto que ya registra avances materiales en algunas de sus obras.

Cosayach sigue abierta

En el plano administrativo, Sociedad Contractual Minera Cosayach Yodo mantiene abierto el procedimiento D-208-2024 ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el organismo fiscalizador chileno encargado de controlar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y aplicar sanciones cuando corresponde.

El expediente de la SMA, la autoridad ambiental fiscalizadora de Chile, continúa con un Programa de Cumplimiento en ejecución y registró nuevas actuaciones durante agosto, entre ellas diligencias adicionales y una prórroga concedida a la compañía. Por ahora no existe una sanción pecuniaria definitiva, pero el procedimiento permanece activo y cualquier incumplimiento del programa podría modificar el escenario para la empresa.

Quiborax espera fallo

También permanece en observación la causa del Consejo de Defensa del Estado contra Quiborax S.A. El Consejo de Defensa del Estado es el organismo público chileno encargado de representar judicialmente los intereses patrimoniales y jurídicos del Estado. El expediente D-31-2024 figura en etapa “para fallo” ante el Primer Tribunal Ambiental, el tribunal especializado que deberá resolver la demanda ambiental.

La causa debe seguirse porque una sentencia puede generar consecuencias regulatorias y económicas para la compañía y aportar nuevos criterios sobre reparación de daño ambiental en actividades mineras del norte chileno.

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