La suspensión de actividades en Calcatreu encendió una alerta para San Juan

En San Juan, donde acaba de sancionarse una ley que también apunta a que el 80% del empleo generado por la minería quede en manos de trabajadores de la provincia, el caso plantea una pregunta inevitable: qué ocurrirá cuando las grandes inversiones en cobre entren en construcción y las empresas no alcancen los compromisos asumidos.

La suspensión de actividades en Calcatreu produjo un impacto que excede ampliamente a Río Negro. No se trata de un proyecto cualquiera: es la primera mina metalífera que esa provincia puso en producción y fue presentada por el propio gobierno como la punta de lanza de una cartera de más de 60 proyectos mineros.

El conflicto tampoco se produjo antes de que comenzara la actividad. Calcatreu ya estaba produciendo oro y plata y había realizado su primer despacho de doré.

Pero el 19 de agosto una inspección de la Secretaría de Trabajo derivó en una suspensión preventiva, parcial y temporal de determinadas tareas. Patagonia Gold confirmó la medida y aseguró que trabaja con las autoridades para resolver las observaciones y reanudar las operaciones.

El problema central fue laboral.

Según el Gobierno rionegrino, la empresa había dejado de cumplir el esquema conocido como 80/20, que establece que al menos ocho de cada diez trabajadores deben ser residentes de la provincia.

La Secretaría de Trabajo aseguró que el nivel de cumplimiento había caído aproximadamente al 70%. También detectó incumplimientos en capacitaciones comprometidas, mecanismos de búsqueda laboral y cuestiones de seguridad e higiene.

La situación resulta todavía más significativa porque apenas dos meses antes Calcatreu mostraba números completamente diferentes: tenía 219 trabajadores directos y otros 210 indirectos vinculados a la construcción, con alrededor del 78% de la dotación directa proveniente de Río Negro.

Mientras se sucede esta situación se esta a la espera de un comunicado de prensa de la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras)-.

El antecedente rionegrino

Río Negro cuenta con la Ley provincial 5.804, conocida como Ley 80/20, que prioriza el empleo rionegrino en grandes proyectos productivos y obras de interés provincial.

La norma se convirtió en uno de los pilares políticos con los que el gobierno de Alberto Weretilneck busca demostrar que la llegada de grandes inversiones tiene que traducirse también en trabajo para los habitantes de la provincia.

En Calcatreu, además, existían compromisos específicos negociados en una mesa integrada por la Provincia, el municipio de Ingeniero Jacobacci, Patagonia Gold, AOMA, UOCRA y representantes de la comunidad.

Allí se había acordado integrar las bolsas de empleo, transparentar las búsquedas, capacitar trabajadores y avanzar progresivamente en el reemplazo de personal proveniente de otras provincias cuando existieran perfiles locales disponibles.

Ese es posiblemente el dato más importante para San Juan: la discusión dejó de ser solamente cuántos trabajadores locales tiene una mina y pasó a ser cuánto cumple una compañía de aquello que previamente se comprometió a hacer.

San Juan toma nota

San Juan acaba de ingresar en ese mismo terreno. El 2 de julio la Legislatura sancionó la Ley 2827-M de Desarrollo Local Minero, que alcanza a todas las etapas de la actividad minera y obliga a las empresas a presentar un Plan de Desarrollo de Empleo Local.

El objetivo es llegar progresivamente a un 80% de trabajadores sanjuaninos, contabilizando no sólo la nómina directa de la minera sino también el personal de sus contratistas vinculado al proyecto.

La diferencia jurídica con Río Negro es importante. La ley sanjuanina no dice que una mina deba ser automáticamente paralizada por quedar debajo del 80%. Las empresas deben fijar objetivos progresivos y explicar técnicamente por qué no pueden cubrir determinados puestos con trabajadores locales. Incluso la norma admite que pueden existir especialidades o perfiles que todavía no estén disponibles en la provincia.

No se trata de una declaración voluntaria

La Ley 2827-M considera infracción incumplir los objetivos de empleo local comprometidos en los planes y prevé apercibimientos, intimaciones y multas que pueden llegar hasta las 200.000 unidades tributarias. Al mismo tiempo, establece que frente a incumplimientos subsanables la autoridad debe priorizar mecanismos de regularización y adecuación progresiva.

Por eso, una suspensión como la aplicada en Calcatreu no surge automáticamente de la ley sanjuanina por incumplir el 80%. Una medida de semejante magnitud probablemente necesitaría apoyarse también en otras facultades de control laboral, seguridad, ambiente o permisos administrativos.

Los gremios presionan

En Río Negro los sindicatos tuvieron un papel directo en el proceso. AOMA y UOCRA formaron parte de las mesas de seguimiento y fuentes gremiales habían advertido que, después de haber alcanzado inicialmente los porcentajes acordados, la participación de trabajadores locales comenzó a retroceder.

UOCRA incluso había manifestado anteriormente preocupación por la lentitud con que se incorporaba personal de Ingeniero Jacobacci y había reclamado mayor capacitación para cubrir los puestos con trabajadores de la zona.

En San Juan la posición sindical también apunta a defender el empleo provincial. Una de las voces más claras es la de Eduardo Cabello, secretario general de UOCRA San Juan y referente de la CGT provincial, quien respaldó la necesidad de una legislación que proteja el trabajo y las empresas locales, aunque advirtió desde el comienzo que el principal interrogante será la convivencia de esa normativa con el RIGI.

Para los gremios, el debate que viene no será solamente porcentual. También estará puesto sobre la capacitación. Con proyectos como Vicuña, Los Azules, El Pachón y Altar avanzando hacia etapas que demandarán miles de trabajadores, el argumento empresario de que determinados perfiles no existen en San Juan puede convertirse rápidamente en el centro de la discusión.

El verdadero riesgo

Calcatreu dejó así una señal que San Juan no debería ignorar. La nueva ley provincial fue diseñada para evitar un sistema rígido: permite objetivos progresivos, contempla excepciones justificadas y obliga a desarrollar capacidades locales. Pero, al mismo tiempo, transforma esos compromisos en información verificable y eventualmente sancionable.

Cuando comiencen las grandes obras del cobre, las compañías no sólo deberán demostrar cuánto invierten. También deberán demostrar a quién contratan.

Y allí aparece el verdadero precedente de Calcatreu. No significa que una minera sanjuanina vaya a ser paralizada automáticamente si un mes registra 75% de empleo local. Significa algo más profundo: que el empleo provincial dejó de ser únicamente parte del discurso de licencia social y pasó a convertirse en una variable regulatoria capaz de generar conflictos, multas y decisiones políticas.

Para San Juan, donde buena parte de la aceptación social de la nueva minería se apoya precisamente en la promesa de trabajo y desarrollo local, ésa puede terminar siendo una de las discusiones más sensibles de los próximos años.

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