La Ley de Glaciares se trata este jueves en el Senado: el impacto en San Juan
Este jueves, la Cámara de Senadores de la Nación comenzará a discutir una serie de aclaratorias a la denominada Ley de Glaciares, una norma pionera que desde 2010 regula la protección de los cuerpos de hielo andinos y sus zonas periglaciares. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, forma parte de un paquete de medidas económicas y productivas más amplio, con especial foco en el estímulo a la inversión minera y al desarrollo regional.
¿Qué busca cambiar la reforma?
La reforma plantea modificar varios aspectos clave de la legislación vigente:
Mayor participación de las provincias:
Actualmente, la ley nacional establece criterios homogéneos de protección para todos los glaciares y ambientes periglaciares. La nueva propuesta propone que cada provincia tenga la potestad de determinar qué zonas deben protegerse y bajo qué condiciones, tomando en cuenta información técnica y científica local. Esto refleja el principio constitucional de que los recursos naturales son propiedad de las provincias.
Flexibilización de las restricciones para actividades productivas:
El proyecto habilita que, mediante estudios técnicos y bajo estrictos controles ambientales, se puedan autorizar proyectos productivos, incluida la minería, incluso en ambientes periglaciares. Esto no significa que los glaciares vayan a ser destruidos sin regulación, sino que se busca articular protección ambiental con el desarrollo económico.
Fortalecimiento de la evaluación ambiental provincial:
Se propone que las provincias cuenten con más herramientas técnicas y científicas para evaluar impactos y definir políticas ambientales adaptadas a sus realidades, sin depender exclusivamente de criterios nacionales generales.
Posibles impactos positivos para la minería y para San Juan
La discusión sobre la modificación de esta ley no se limita a lo ambiental: también tiene un fuerte componente económico, especialmente en provincias cordilleranas como San Juan, donde la minería es una actividad significativa:
Más inversiones productivas:
La reforma puede ofrecer seguridad jurídica y regulatoria a las empresas mineras interesadas en invertir en proyectos de litio, cobre, oro y otros minerales. En San Juan, que concentra importantes recursos minerales y tiene activos en desarrollo bajo programas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la claridad normativa puede atraer inversiones millonarias y generar empleo.
Crecimiento económico regional:
Con una mayor capacidad de decisión provincial, San Juan podría establecer marcos ambientales que protejan el agua y los ecosistemas críticos al mismo tiempo que apoyen actividades mineras modernas y responsables. El equilibrio entre protección y producción puede traducirse en más empleo, mayor recaudación y desarrollo local sostenible.
Incentivos compatibles con la protección del agua:
Las nuevas reglas pueden incluir controles más estrictos y herramientas como inventarios actualizados, evaluaciones ambientales dinámicas y monitoreo continuo para asegurar que los proyectos avanzan sin poner en riesgo el recurso hídrico.
Debates y posiciones encontradas
La propuesta genera debate intenso:
Críticas de organizaciones ambientales y académicas:
Grupos ambientalistas alertan que la modificación podría debilitar las protecciones actuales y poner en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para agricultura, pueblos y comunidades andinas. La preocupación se centra en que la descentralización podría llevar a estándares menores en algunas jurisdicciones.
Apoyos desde sectores productivos y provinciales:
Gobernadores de provincias mineras, técnicos y representantes del sector consideran que la actualización es necesaria para compatibilizar la conservación con la inversión productiva. Argumentan que la minería moderna puede operar con altos estándares ambientales e incluso aportar innovaciones tecnológicas que protejan el agua y los glaciares.