Las vueltas de la vida: el primer cliente de la nueva minería mendocina está en los viñedos

Durante casi dos décadas, la discusión minera en Mendoza se ordenó alrededor de una oposición que parecía no admitir matices: de un lado el agua y los viñedos, del otro la minería metalífera. La Ley 7.722, sancionada en 2007, prohibió el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias en esa minería y obligó a que cada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto metalífero fuera ratificada por la Legislatura provincial.

Fue la expresión jurídica de esa oposición, y buena parte de su respaldo social nació en las zonas agrícolas de la provincia.

Esa misma Legislatura acaba de ratificar la DIA de Cobre San Romeleo, en el departamento de Malargüe, en el sur mendocino. Es la segunda autorización de explotación metalífera que supera ese filtro desde 2007, después de PSJ Cobre Mendocino en diciembre de 2025.

Su producción tiene un destino preciso: el óxido de cobre que saldrá de la mina es la materia prima del sulfato con el que se protegen los viñedos. El sector que más contribuyó a instalar la idea de que minería y agricultura no podían convivir será el primer beneficiario directo de la nueva etapa minera de la provincia.

El caso resume en pequeña escala lo que le pasó a la provincia. Durante casi veinte años, la minería metalífera quedó congelada en Mendoza, mientras San Juan, del otro lado del límite, construía una economía minera que hoy explica buena parte de sus exportaciones.

El cambio de época llegó por necesidad: una provincia que necesita sumar motores a su matriz productiva empezó a revisar prohibiciones que se habían vuelto dogma. Para entender por qué un yacimiento tan pequeño dice tanto, primero hay que dimensionarlo.

Dieciocho años de trámite para una mina de 40 toneladas diarias

La Cámara de Diputados dio la sanción final el miércoles, con el voto en contra del bloque de La Unión Mendocina. Dos semanas antes, el Senado había aprobado la ratificación por unanimidad. En la Legislatura el proyecto entró y salió en menos de un mes, pero el expediente administrativo se había abierto en 2008, un año después de sancionada la 7.722.

La propiedad, ubicada en el distrito Río Barrancas a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe, se solicitó en 1942 y registró explotación en 1967.

Los números describen pequeña minería en sentido estricto. El titular es LABSA S.A. y la operadora, Arex Mining S.A. El proyecto procesará 40 toneladas de mineral por día durante unos 20 años, sobre reservas de 257.000 toneladas con una ley media de 1,29% de cobre.

El gobernador Alfredo Cornejo eligió destacar el destino del producto antes que la escala. Tras la sanción, escribió que Mendoza podrá producir “un insumo clave para la agricultura, reducir costos y mejorar la competitividad de nuestros productores”, y que el proyecto es un paso para “sustituir importaciones de óxido de cobre, materia prima para elaborar sulfato, que se importa en un 80%”.

Agregó que la inversión permitirá “integrar la minería con nuestra producción agrícola”. El mensaje no se dirigió al debate ambiental sino al productor. Lo que el gobernador le promete al productor se entiende al seguir el recorrido del cobre desde la quebrada hasta la viña.

Del yacimiento a la hoja de la vid

El mineral de San Romeleo es un óxido con escasa presencia de sulfuros. Se tratará por lixiviación amoniacal con carbonato de amonio en circuito cerrado, un proceso elegido para encuadrar dentro de las restricciones de la 7.722, que prohíbe el ácido sulfúrico habitual en la lixiviación de cobre.

La primera etapa apunta a unas 222 toneladas anuales de óxido de cobre. La segunda suma una planta en Malargüe para producir alrededor de 710 toneladas anuales de sulfato de cobre pentahidratado.

Ese sulfato es la base del caldo bordelés y de otros fungicidas cúpricos que se aplican contra enfermedades. Es además uno de los pocos recursos fitosanitarios admitidos en la viticultura orgánica, el segmento que más se apoya en el relato ambiental para posicionar sus vinos.

Mendoza, la provincia que concentra la mayor parte del viñedo argentino, consume cerca de 1.000 toneladas anuales de sales de cobre, en su mayoría importadas. San Romeleo podría cubrir gran parte de esa demanda.

La provincia ya tuvo ese eslabón. Entre los años cincuenta y 1973, una planta en el departamento de Guaymallén, en el Gran Mendoza, produjo sulfato de cobre con mineral mendocino para el agro local. Recuperar ese eslabón medio siglo después exigió atravesar casi dos décadas de veto

Dieciocho años de veto

La 7.722 nació de asambleas de vecinos, regantes y productores del Valle de Uco, la zona de los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos donde se concentra buena parte de la vitivinicultura. Su efecto práctico fue paralizar durante años cualquier proyecto metalífero, aunque el texto de la ley no prohibía explícitamente la actividad. En diciembre de 2019, la Legislatura la modificó para habilitar algunas sustancias, y las movilizaciones obligaron a dar marcha atrás en pocos días. El expediente de San Romeleo, abierto en 2008, quedó atrapado en ese clima durante más de una década, aunque su proceso nunca requirió ninguna de las sustancias prohibidas.

Ese discurso contra la minería siguió presente en la dirigencia del vino. En la Vendimia de 2024, el presidente de Bodegas de Argentina, la cámara que reúne a las principales bodegas del país, volvió a poner reparos al uso del agua en la minería.

Mientras tanto, los viñedos mendocinos seguían protegiéndose con sales de cobre importadas, es decir, con cobre extraído en minas de otros países.

El proceso de San Romeleo muestra cuánto se movió el terreno desde entonces. En la audiencia pública, realizada en diciembre de 2025 en las inmediaciones del proyecto, más del 90% de las intervenciones fueron favorables.

En la Legislatura, la oposición al proyecto ya no tuvo argumentos técnicos. En el Senado, el interbloque Encuentro Mendocino objetó la velocidad del tratamiento, no el contenido de la DIA, y terminó votando a favor. En Diputados, La Unión Mendocina votó en contra de una mina de una hectárea y US$3 millones de inversión.

Ninguna de esas posturas discutió el proceso, el uso del agua ni los controles que fija la resolución. Esos controles son ahora el verdadero examen del proyecto, y lo tiene que rendir la empresa.

Lo que la empresa tiene que resolver antes de producir

Con la ley ratificatoria, la Resolución Conjunta 600/26 de la Dirección de Minería y 74/26 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental se convierte en la autorización definitiva para explotar. Sus 70 artículos ponen buena parte de las exigencias antes de la obra. Arex Mining deberá actualizar la línea de base ambiental.

También tendrá que obtener del Departamento General de Irrigación, el organismo que administra el agua en Mendoza, el permiso de uso de la perforación existente en la propiedad, con medición continua de caudales y niveles. Además, deberá analizar la relación de ese pozo con la vertiente que abastece al puesto vecino, como pidió la Municipalidad de Malargüe.

En el plano técnico, le corresponde llevar a nivel de ingeniería el dique de colas, las escombreras y la pileta de mineral agotado, y presentar estudios de lixiviación y movilidad de metales, calidad de aire y ruido. A eso se suman la georreferenciación de las labores antiguas y un plan de cierre con monitoreo posterior de al menos cinco años.

Solo con ese paquete aprobado empiezan a correr los seis meses que la empresa calcula para rehabilitar caminos, montar la planta y ponerla en marcha, sobre una superficie alterada cercana a una hectárea. La DIA deberá actualizarse cada dos años.

La escala del compromiso es proporcional a la del proyecto, y eso también define el alcance de lo que San Romeleo puede demostrar.

Lo que prueba una mina chica

San Romeleo prueba algo concreto y medible: un producto minero mendocino puede ocupar un lugar en la cadena con la que la vitivinicultura protege su cosecha, con un proceso diseñado dentro de una de las leyes mineras más restrictivas del país. La convivencia deja de ser un argumento y pasa a ser una cadena de suministro.

La oposición a la minería nunca sacó al cobre de la cadena productiva del vino. Lo dejó afuera de la provincia, y la vitivinicultura lo pagó en dólares a proveedores extranjeros mientras el mineral seguía bajo tierra en Malargüe. San Romeleo puede corregir esa contradicción con controles de los organismos mendocinos sobre cada etapa.

Para el sector que durante años habló en nombre del agua y de la vid, el proyecto es una ocasión para decir en público qué minería acepta. Si esa definición llega, el debate mendocino dejará de discutir si la minería puede convivir con la agricultura y pasará a discutir proyectos concretos, con datos sobre la mesa. Ese paso le corresponde al agro tanto como al Estado.