Barrick marcó posición frente al pedido de Vicuña por la línea eléctrica en San Juan
Durante audiencia pública convocada por la resolución ENRGE la representante de Barrick y Minera Argentina del Sol, Ariadna Rodriguez, manifestó la postura de las empresas frente a la solicitud de la firma Vicuña Argentina SAA para acceder a la capacidad de transporte de la línea de San Juan. Durante su intervención, Rodriguez subrayó que las compañías que representa poseen un interés directo y legítimo sobre dicha infraestructura, fundamentado en los aportes financieros sustanciales realizados para su concreción.
La exposición central de las empresas mineras se basó en que la obra no fue financiada únicamente con recursos públicos, sino que contó con una inversión privada de 55 millones de dólares aportados por Barrick y Minera Andina del Sol. Según detalló la representante, estos fondos fueron destinados específicamente al tramo Nueva San Juan-Rodeo bajo un esquema jurídico acordado con la provincia de San Juan y el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).
Rodriguez enfatizó que la participación de las empresas en este proyecto se remonta al año 2006, cuando suscribieron un acta acuerdo que las calificó como "beneficiario iniciador" de la línea. Este estatus les otorga una expectativa de acceso de hasta 250 MW, derecho que fue ratificado mediante una adenda en 2012 y consolidado a través de un convenio transaccional en 2018, el cual cuenta con el respaldo del decreto provincial N° 2234/2018.
En este sentido, la defensa técnica argumentó que la Ley Provincial N° 1181A de San Juan establece expresamente que los aportes realizados otorgan el derecho de uso de las obras hasta la potencia mencionada. "Ello constituye una manifestación inequívoca de que tanto la provincia de San Juan como el EPRE reconocieron a las empresas como sujetos que participaron activamente en la financiación", sostuvo la representante durante la audiencia.
Respecto al pedido de la empresa Vicuña, que pretende utilizar una capacidad de 260 MW, Rodriguez advirtió que cualquier asignación debe evaluarse considerando la reserva de capacidad que asiste legalmente a sus representadas. La postura de las mineras no busca obstaculizar nuevos proyectos, sino asegurar que se respeten los derechos derivados de la inversión realizada y la normativa vigente.
La representante también señaló que ignorar estos aportes económicos desnaturalizaría la realidad del financiamiento de la línea. Explicó que, si bien la obra se encuadra en el Plan Federal bajo el anexo 16 de los procedimientos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el régimen de asignación de derechos financieros vincula directamente a quien financia con el derecho de acceso.
Por tal motivo, las empresas solicitaron formalmente al ente regulador que se preserven sus derechos de manera efectiva e integral, impidiendo que asignaciones a terceros menoscaben su capacidad reservada. Asimismo, Rodriguez reclamó que se resguarde el derecho al cobro de las sumas que pudieran corresponderles por la inversión realizada en favor de la infraestructura que ahora otros actores pretenden utilizar.
Rodríguez concluyó que resulta fundamental proteger a los usuarios actuales y resguardar los derechos adquiridos de las empresas aportantes. En su cierre, reiteró el pedido de que cualquier decisión adoptada por el ente regulador contemple debidamente la realidad contractual y regulatoria que dio origen a la línea Nueva San Juan-Rodeo.
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