Gualcamayo defendió su posición ante el pedido de acceso de Vicuña a la línea 500kV de San Juan
En el marco de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), la empresa Minas Argentinas S.A, operadora de la mina Gualcamayo, fijó su oposición respecto a la solicitud de acceso a la capacidad de transporte presentada por Vicuña para sus desarrollos mineros en la provincia de San Juan.
Juan Pablo García Diez, director titular y apoderado de Minas Argentinas, fue el encargado de exponer las condiciones bajo las cuales la empresa solicita que se garantice su derecho preexistente sobre la infraestructura eléctrica.
La controversia surge a raíz de la Resolución ENRE N° 79/2026, mediante la cual Vicuña Argentina S.A. solicita el acceso a una capacidad de transporte remanente de 260 MW y el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para obras de ampliación en el sistema de transporte. Ante esta eventualidad, Minas Argentinas manifestó que su comparecencia tiene como objetivo evitar que dicho pedido afecte la reserva de 30 MW de capacidad que, por ley, posee para el uso exclusivo del emprendimiento Gualcamayo.
Desde la firma operadora de Gualcamayo aclararon que, en principio, no se oponen a la solicitud de Vicuña, siempre y cuando se asegure el derecho preexistente que les asiste. Según García Diez, el desarrollo de nueva infraestructura eléctrica en San Juan es una aspiración compartida que celebran, pero subrayan que su prioridad es que la reserva de 30 MW sea debidamente reconocida y resguardada en la resolución definitiva que dicte el organismo regulador.
El fundamento de este reclamo se remonta a un Acta Acuerdo suscrita el 7 de mayo de 2007 entre la Provincia de San Juan y la empresa. En aquel instrumento, la empresa asumió el cien por ciento de los costos de construcción de tres obras clave de infraestructura eléctrica, financiadas a través de aportes al Fondo PIEDE, lo que consolidó una situación jurídica que la empresa considera hoy inalienable.
Entre las obras financiadas íntegramente por Minas Argentinas se encuentran las líneas de transporte de 132 kV de los tramos Jáchal-Huaco y Huaco-Gualcamayo, además de la Estación Transformadora Completa Huaco. La empresa no solo costeó la construcción, sino que también ha asumido los gastos de operación y mantenimiento de estas instalaciones durante toda su vida útil, mientras que la provincia se comprometió a asegurar la provisión de energía para el proyecto.
Asimismo, García Diez explicó que este derecho de la compañía cuenta con un respaldo legal explícito a través de la Ley Provincial N° 1181-A, sancionada en 2014, señalando que 10 de dicha norma establece textualmente que el emprendimiento minero Gualcamayo accederá a la capacidad de las instalaciones de extra alta tensión (500 kV) del sistema interconectado hasta una potencia de 30 MW para su uso exclusivo.
La preocupación central de la empresa minera radica en que la asignación de una prioridad de uso del 71% sobre la capacidad total de la línea Nueva San Juan-Rodeo a favor de Vicuña, por un plazo de 25 años, pueda restringir el ejercicio efectivo de sus derechos legales. La empresa advirtió que dicha línea no es radial, sino que forma parte del corredor esencial que debe proveer la capacidad reservada para Gualcamayo tanto en su estado actual como en su futura energización a 500 kV.
Por esta razón, Minas Argentinas solicitó formalmente que cualquier autorización técnica que otorgue el ENRE certifique que la capacidad remanente real del corredor, tras la asignación a Vicuña, sea técnicamente suficiente para abastecer sus 30 MW en todo momento. Exigen que se establezca como condición indispensable que la prioridad otorgada a la otra minera no afecte, restrinja ni desplace, bajo ninguna circunstancia operativa, el derecho preexistente de la operadora de Gualcamayo.
En su exposición, García Diez enfatizó que la presentación no debe interpretarse como una "obstrucción al progreso del Proyecto Josemaría ni al desarrollo minero de la Provincia". Por el contrario, la definió como el ejercicio legítimo y responsable del derecho de la empresa a que sus intereses, legalmente reconocidos y financiados históricamente, sean considerados con equidad en el proceso regulatorio.
Finalmente, la empresa dejó sentada su reserva de iniciar acciones administrativas y judiciales frente a cualquier acto que implique afectar o restringir los derechos reconocidos por la normativa provincial vigente. El director titular concluyó su intervención instando al ENRE a ponderar con ecuanimidad los derechos de todos los actores, preservando la previsibilidad y la seguridad jurídica del sistema eléctrico argentino.
Minería & Desarrollo
