Publican un documento clave para auditar inversiones mineras en Argentina
El gobierno nacional elaboró a través de la Secretaría de Minería de la Nación un Manual de Procedimientos de Auditoría de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras con el fin de estandarizar criterios, optimizar la gestión de recursos humanos y económicos y asegurar que el destino de los beneficios que otorga la ley sea adecuado y conforme a la normativa vigente.
La Resolución 21/2026 publicada en el Boletín Oficial indica que el documento regirá los procedimientos de auditoría en el marco de la ley y sus modificatorias, por medio del cual se establecen criterios operativos y metodológicos que sirva de apoyo a los auditores, y coadyuve a una mayor objetividad en las tareas de fiscalización.
El manual tiene por objeto precisar y describir los aspectos técnicos y procedimientos aplicables en las auditorías respecto del uso de los beneficios y el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las personas humanas o jurídicas inscriptas en el Registro de Inversiones Mineras, de modo tal que el control que se ejerza sea integral, eficiente y eficaz.
Bajo esa premisa, se establecen las responsabilidades de las áreas intervinientes y los lineamientos a seguir en las tareas de fiscalización, aplicando criterios de evaluación objetivos y uniformes de acuerdo con las particularidades de cada beneficio.
El manual de procedimientos es aplicable a todas las auditorías contables y de bienes importados que se lleven a cabo en el ámbito de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Secretaría de Minería del Ministerio de Economía en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Inversiones Mineras y sus normas complementarias.
Las auditorías que se realicen conforme a las pautas de ese manualcomprenden la fiscalización de las declaraciones juradas presentadas por las empresas mineras y prestadoras de servicios mineros beneficiarias de la ley, como así también, el control y seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones que surgen de la normativa aplicable.
Con esa herramienta, el gobierno busca brindar claridad en la fiscalización de las empresas del sector, garantizando un control integral sobre beneficios de importación y declaraciones contables.
