Cambios para grandes inversiones

Milei amplió el RIGI a proveedores de capital extranjero y abrió un nuevo frente de críticas con la industria nacional

El Gobierno modificó la definición de proveedor local para incorporar a cualquier empresa constituida y domiciliada en Argentina, sin importar el origen de sus accionistas, y flexibilizó reglas societarias y financieras de grandes inversiones. La decisión puede profundizar los cuestionamientos de industriales y proveedores mineros, que reclaman más producción nacional, empleo y participación en las compras.

El presidente Javier Milei modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, con cambios que tendrán consecuencias sobre la contratación de proveedores y la organización de los grandes proyectos mineros.

La principal modificación establece que cualquier persona jurídica constituida y domiciliada en Argentina podrá ser considerada proveedora local, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o de la composición de su capital social.

Esto significa que una empresa de capitales chinos, estadounidenses, europeos o de cualquier otro origen podrá ingresar en esa categoría, siempre que cumpla las restantes condiciones establecidas por el régimen.

Para los proveedores de bienes se mantiene la exigencia de acreditar origen nacional conforme a los criterios del Mercosur, cuya metodología de aplicación deberá precisar la autoridad competente.

El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de ampliar la competencia, facilitar la incorporación de empresas radicadas en Argentina y favorecer la integración de los proyectos RIGI con las cadenas de suministro locales.

Críticas industriales

La nueva disposición puede profundizar los cuestionamientos de sectores industriales que vienen reclamando mayores garantías para que las inversiones promovidas por el RIGI generen oportunidades para los fabricantes argentinos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) había planteado en junio la necesidad de establecer un porcentaje mínimo de compras de bienes con valor agregado nacional, además de mecanismos para verificar la existencia de proveedores argentinos capaces de satisfacer los requerimientos de los grandes proyectos.

En particular, la entidad propuso que el 20% mínimo de participación local contemplado en el régimen se aplique específicamente a bienes industriales nacionales y que existan mecanismos de integración progresiva para ampliar las oportunidades de contratación.

El nuevo decreto no incorpora esas propuestas, sino que amplía el universo de empresas que pueden ser consideradas proveedoras locales, una decisión que podría intensificar la competencia para los fabricantes nacionales.

Uno de los principales cuestionamientos posibles es que la constitución de una sociedad en Argentina no garantiza por sí sola la instalación de fábricas, la incorporación de tecnología, la contratación de trabajadores ni el desarrollo de empresas en las provincias donde se realizan las inversiones.

Sin embargo, la exigencia de origen nacional para los bienes impide concluir que cualquier producto importado pueda computarse automáticamente como una compra local, por lo que será determinante conocer cómo se aplicarán y controlarán esos criterios.

Las preocupaciones industriales cuentan con antecedentes concretos, ya que un informe de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital, difundido el 10 de noviembre, sostuvo que el 66,9% de las importaciones analizadas dentro del RIGI correspondía a productos para los cuales existe capacidad de fabricación nacional, una estimación sectorial que no significa que toda esa oferta pueda cubrir inmediatamente las condiciones de cada contrato.

También existen cuestionamientos sobre las condiciones de competencia, porque los beneficios arancelarios aplicables a determinadas importaciones realizadas por los proyectos RIGI pueden colocar en desventaja a fabricantes nacionales que deben adquirir componentes en el exterior, pagar tributos y afrontar mayores costos financieros.

Reclamos provinciales

La discusión también tendrá especial relevancia para los proveedores mineros de San Juan, Catamarca, Salta y otras provincias, que buscan aumentar su participación en las contrataciones de proyectos de cobre, oro y litio.

En San Juan, representantes de cámaras empresarias de Calingasta, Iglesia y Jáchal vienen reclamando reglas claras que permitan transformar las inversiones mineras en oportunidades para las empresas y los trabajadores de las comunidades cercanas a los yacimientos.

El presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, había reclamado recientemente que se avance con la reglamentación de la legislación provincial de proveedores, cuya implementación consideran necesaria para establecer condiciones concretas de participación.

La nueva definición nacional incorpora otra dimensión al debate porque una empresa constituida en Buenos Aires, con accionistas extranjeros y sin instalaciones productivas en San Juan, podrá reunir las condiciones generales de proveedor local del RIGI si cumple los demás requisitos, aunque eso no la convierte necesariamente en proveedora local bajo una legislación provincial.

Esta diferencia puede resultar particularmente sensible para las pequeñas y medianas empresas que invirtieron en equipos, instalaciones, personal y certificaciones con la expectativa de participar en los contratos de construcción y operación de grandes proyectos.

Otro cuestionamiento posible es que las compañías internacionales cuentan habitualmente con mayores posibilidades de financiamiento, experiencia y escala para competir por contratos de magnitud, mientras que las firmas provinciales enfrentan dificultades para acceder al crédito y sostener inversiones anticipadas.

El riesgo que señalan los sectores productivos es que una parte importante de las compras termine concentrándose en grandes compañías con presencia jurídica en Argentina, sin que eso implique necesariamente el fortalecimiento de las cadenas industriales y comerciales de las provincias mineras.

Cambios societarios

Además de la redefinición de proveedores, el decreto introduce modificaciones destinadas a facilitar transferencias de participaciones societarias, reorganizaciones empresariales y determinadas operaciones de financiamiento de los proyectos incorporados al RIGI.

Las compañías podrán transferir acciones o participaciones de los vehículos de proyecto único sin perder automáticamente los beneficios del régimen, siempre que se respeten las obligaciones y condiciones correspondientes.

También se habilitan reorganizaciones societarias bajo determinadas exigencias y se precisan los aportes de divisas de accionistas y empresas vinculadas que podrán computarse cuando tengan como destino efectivo el financiamiento de los proyectos.

La normativa mantiene mecanismos de información, autorización y control para determinadas operaciones, así como los compromisos de inversión previamente asumidos.

Estas disposiciones buscan otorgar mayor flexibilidad a proyectos mineros de gran magnitud, cuyos desarrollos suelen involucrar distintas empresas, estructuras internacionales de financiamiento y plazos prolongados de construcción.

Sin embargo, la discusión más sensible continuará concentrada en el alcance de las compras locales y en los beneficios efectivos que las inversiones generen para las economías provinciales.

El desafío será determinar si la ampliación de la competencia permite desarrollar nuevas capacidades productivas dentro del país o si termina reduciendo las oportunidades de las empresas nacionales y provinciales frente a proveedores internacionales con mayor respaldo financiero.

La diferencia entre cumplir formalmente con una contratación local y generar actividad industrial, empleo y compras en las comunidades mineras será uno de los principales puntos de discusión que abre la decisión del Gobierno.

 

 

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