Chile pierde un megaproyecto de USD 16.000 millones de hidrógeno verde y crecen las dudas sobre las inversiones en Argentina

La empresa TE H2 Chile, vinculada a TotalEnergies y al grupo francés Eren, desistió de continuar la evaluación ambiental de H2 Magallanes, un megaproyecto de producción de hidrógeno y amoníaco verde que contemplaba una inversión de USD 16.000 millones en el extremo sur de Chile.

La decisión fue comunicada el 12 de noviembre de 2026 y aceptada al día siguiente por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que dio por terminado el procedimiento iniciado en mayo de 2025 para desarrollar una de las mayores inversiones energéticas presentadas en la historia del país.

El retiro constituye una señal negativa para una industria que había despertado enormes expectativas por su capacidad de atraer capitales internacionales, generar empleo, desarrollar infraestructura y convertir a Chile en un importante exportador de combustibles de bajas emisiones.

Las razones

La explicación empresaria revela que el principal problema no fue una prohibición gubernamental ni un rechazo ambiental, sino la falta de condiciones económicas que justificaran avanzar con una inversión de semejante magnitud.

En su presentación ante las autoridades, el gerente general de TotalEnergies H2 en Chile, Antoine Liane, reconoció que la demanda internacional de productos energéticos verdes no había crecido lo suficiente para asegurar contratos de compraventa de largo plazo en condiciones económicamente viables.

El ejecutivo también advirtió que los equipos necesarios para desarrollar la industria no habían reducido sus costos según las previsiones iniciales, una situación que terminó afectando la competitividad del proyecto y las posibilidades de recuperar la inversión.

La combinación de compradores insuficientes, altos costos de producción e incertidumbre comercial terminó por desarmar las proyecciones que habían sostenido durante años uno de los anuncios energéticos más importantes de Chile.

Empleos e infraestructura

H2 Magallanes estaba previsto en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes, e incluía un parque eólico de 5.000 MW con 616 aerogeneradores, instalaciones de electrólisis, una planta de producción de amoníaco, una desaladora y un terminal marítimo para exportaciones.

El emprendimiento proyectaba alcanzar alrededor de 1,9 millones de toneladas anuales de amoníaco verde, con una vida útil estimada de 25 años y hasta 10.000 trabajadores durante el período de construcción.

Durante la operación se esperaba generar hasta 1.000 empleos, además de una demanda sostenida de servicios industriales, mantenimiento, logística, transporte y suministros para una región que buscaba diversificar su estructura productiva.

La consecuencia negativa no se limita a la inversión anunciada, ya que también quedan sin concretarse, bajo el diseño original, oportunidades para proveedores, empresas constructoras, profesionales y trabajadores que habían encontrado en el hidrógeno verde una perspectiva de actividad para las próximas décadas.

Es importante distinguir, sin embargo, que los USD 16.000 millones representaban una inversión proyectada y no capital efectivamente desembolsado, mientras que la resolución ambiental puso fin al expediente sin establecer formalmente una cancelación definitiva de cualquier desarrollo futuro.

Otro antecedente

El caso de TotalEnergies se suma a la decisión de AES Andes, que en enero de 2026 anunció que desistía de desarrollar INNA, otro proyecto de hidrógeno y amoníaco verde que contemplaba USD 10.000 millones en la Región de Antofagasta.

Aunque las razones y circunstancias de ambas decisiones no fueron idénticas, los dos proyectos sumaban inversiones previstas por USD 26.000 millones que ya no avanzan bajo sus planes originales.

La reiteración de estas decisiones pone en evidencia la distancia entre el potencial técnico del hidrógeno verde y su capacidad efectiva para competir comercialmente con otras fuentes de energía.

Para Chile, la principal consecuencia es que parte de su estrategia de diversificación exportadora enfrenta dificultades que no pueden resolverse únicamente mediante permisos ambientales, incentivos estatales o disponibilidad de recursos naturales.

El caso argentino

Argentina tiene un antecedente especialmente significativo en Río Negro, donde la empresa australiana Fortescue anunció en noviembre de 2021, durante la cumbre climática de Glasgow, una inversión de USD 8.400 millones para desarrollar un polo de producción y exportación de hidrógeno verde.

El anuncio fue realizado ante el entonces presidente Alberto Fernández y contemplaba la generación de 15.000 empleos directos y entre 40.000 y 50.000 indirectos, con infraestructura energética, instalaciones industriales y desarrollos portuarios vinculados a Sierra Grande.

Cinco años después, aquella inversión no se ha materializado en los términos anunciados, aunque tampoco corresponde afirmar que Fortescue haya abandonado definitivamente Argentina.

De hecho, la compañía ratificó que mantiene su presencia en el país y que continúa realizando estudios ambientales y de ingeniería, mientras que durante 2026 avanzaron actuaciones vinculadas al Parque Eólico Cerro Policía, de 300 MW, en Río Negro.

El antecedente argentino muestra una dificultad semejante a la chilena: disponer de importantes recursos eólicos y contar con el interés de empresas internacionales no garantiza que los proyectos lleguen a la construcción, especialmente cuando todavía deben resolverse aspectos comerciales, regulatorios y financieros.

En enero de 2026, legisladores de Río Negro presentaron un pedido formal de informes para conocer el estado del proyecto de Fortescue, determinar si continuaba activo, suspendido o reformulado y establecer si la empresa había comunicado algún desistimiento.

Más iniciativas

Argentina también cuenta con desarrollos de menor escala, como Hychico en Chubut, que produce hidrógeno mediante electrólisis utilizando electricidad de origen eólico, y con experiencias tecnológicas en Pico Truncado, Santa Cruz.

En esta última provincia se presentó además el proyecto Gaucho Wind to Hydrogen & Green Ammonia, impulsado con participación internacional, que busca desarrollar producción de hidrógeno y amoníaco verde en las proximidades de Puerto Deseado y Punta Quilla.

Sin embargo, estos antecedentes no equivalen a contar con una industria exportadora de hidrógeno verde de gran escala, cuyo desarrollo todavía depende de inversiones considerables, infraestructura y acuerdos comerciales internacionales.

A esa incertidumbre se suma la cuestión regulatoria, ya que Argentina ha impulsado distintas propuestas legislativas para promover la producción de hidrógeno de bajas emisiones, incluyendo iniciativas vinculadas con los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Señales preocupantes

La salida de TotalEnergies del procedimiento ambiental chileno deja una advertencia que excede al sector energético y que también merece atención de la industria minera, especialmente por la importancia de contar con energía competitiva y soluciones para reducir sus emisiones.

El hidrógeno verde podría contribuir en el futuro a descarbonizar actividades industriales, ciertos procesos productivos y segmentos del transporte pesado, pero su utilización depende de que existan tecnologías disponibles, costos competitivos y compradores dispuestos a pagar por esos productos.

La experiencia de Chile demuestra que ni siquiera un país con una importante trayectoria en inversiones mineras y energéticas está a salvo de que grandes compañías internacionales reconsideren proyectos cuando cambian las condiciones económicas.

Para Argentina, donde las expectativas de inversiones en energía y minería se apoyan en iniciativas de miles de millones de dólares, el antecedente debería servir para diferenciar los anuncios empresarios de los proyectos que ya cuentan con financiamiento, permisos y contratos que permiten avanzar hacia la construcción.

La consecuencia más preocupante es que regiones que habían comenzado a proyectar empleo, proveedores, infraestructura y nuevas exportaciones sobre estas inversiones enfrentan ahora un escenario de incertidumbre, sin certezas sobre cuándo podrán concretarse esas oportunidades.

El retroceso de dos megaproyectos chilenos por USD 26.000 millones y las demoras que registra Argentina constituyen una señal de advertencia para los gobiernos y para una industria que todavía debe demostrar que su potencial energético puede convertirse en negocios sostenibles.

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