ARCA flexibiliza la exportación de minerales procesados por fundición y refinación y abre una ventaja logística para la minería

La minería argentina contará con nuevas posibilidades para organizar sus exportaciones a partir de una decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que elimina una restricción sobre el lugar donde deben registrarse determinadas operaciones comerciales y permite una mayor coordinación entre los yacimientos, los establecimientos industriales y los puntos de salida al exterior.

La Resolución General 5917/2026, publicada este miércoles 28 de octubre en el Boletín Oficial, modifica las disposiciones vigentes desde 2024 y habilita a registrar exportaciones ante cualquier aduana del país cuando los minerales extraídos hayan atravesado procesos de fundición y refinación en establecimientos ubicados en una jurisdicción aduanera diferente de la correspondiente a la mina.

Hasta ahora, las empresas comprendidas en el régimen debían realizar las gestiones aduaneras en la jurisdicción donde se encontraba el yacimiento de origen, aunque el producto hubiera sido sometido a un tratamiento industrial posterior en otra zona de la Argentina.

El Gobierno nacional sostiene que esa obligación podía provocar traslados innecesarios de mercadería y mayores gastos administrativos, por lo que decidió modificar el procedimiento sin eliminar los mecanismos destinados a verificar qué minerales se exportan y de dónde provienen.

Qué significa la modificación

La expresión minerales procesados por fundición y refinación se refiere a materiales extraídos de una mina que posteriormente atraviesan procesos industriales destinados a separar, recuperar y purificar los metales que contienen.

La fundición utiliza tratamientos térmicos para obtener productos metalúrgicos a partir de determinadas materias primas, mientras que la refinación permite aumentar la pureza del metal y obtener productos comercializables bajo especificaciones industriales.

Por ejemplo, un concentrado de cobre puede pasar por una fundición y posteriormente por una refinería para producir cátodos de alta pureza, que son utilizados en la fabricación de cables, componentes eléctricos y numerosos productos industriales.

La otra aclaración importante se refiere al concepto de jurisdicción aduanera, que no significa otro país, sino un ámbito territorial de actuación de las autoridades aduaneras dentro de la Argentina.

Esto quiere decir que una empresa podría extraer mineral en San Juan, enviarlo a una instalación industrial de otra provincia para su fundición y refinación y posteriormente registrar la exportación ante una aduana habilitada distinta de la correspondiente al lugar donde se encontraba el yacimiento.

La medida no supone que el mineral deba ser enviado al extranjero para ser refinado ni autoriza automáticamente a exportar cualquier producto desde cualquier lugar, porque la excepción exige que se cumplan las condiciones industriales y documentales establecidas por ARCA.

El impacto para los proyectos mineros

La modificación abre una alternativa para las futuras operaciones de cobre que contemplen procesos industriales en distintos puntos del país, aunque su aplicación dependerá del diseño productivo y de los productos que finalmente comercialice cada emprendimiento.

Proyectos como Los Azules, El Pachón, Taca Taca y Vicuña, que integra Josemaría y Filo del Sol, deberán evaluar si sus respectivos esquemas de producción y procesamiento cumplen las condiciones establecidas para acceder a esta flexibilidad aduanera.

La distinción resulta fundamental porque producir y exportar concentrados de cobre no es lo mismo que obtener cobre fundido y refinado, y la resolución no dispone una habilitación general para todas las exportaciones mineras.

También será necesario examinar las características de las operaciones de oro y plata, especialmente cuando los materiales comercializados hayan pasado por tratamientos metalúrgicos que permitan determinar si cumplen los requisitos específicos de la excepción.

La nueva disposición tampoco modifica los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los derechos de exportación ni las obligaciones tributarias y ambientales de los proyectos, porque su alcance está limitado al procedimiento de registro aduanero.

Menores costos sin perder controles

La posibilidad de elegir una aduana habilitada puede facilitar la organización del transporte y las operaciones comerciales, especialmente para empresas que desarrollen procesos de transformación industrial alejados de sus yacimientos.

Sin embargo, la medida no garantiza por sí misma una reducción determinada de costos, ya que los beneficios dependerán de la infraestructura disponible, la localización de las instalaciones y las características de cada operación.

ARCA mantiene la obligación de acreditar el origen y la adquisición de los minerales exportados y exige cumplir con el procedimiento de extracción de muestras previsto en la Resolución General 3294/2012, destinado a respaldar las verificaciones aduaneras.

Estos controles son especialmente relevantes para una actividad en la que la composición y el contenido de metales pueden determinar el valor comercial de las exportaciones y la correspondiente fiscalización del Estado.

La flexibilización tampoco sustituye las inversiones que necesita la Argentina en rutas, ferrocarriles, energía y acceso a puertos para desarrollar sus proyectos de cobre, aunque puede contribuir a eliminar dificultades administrativas que encarecen la actividad.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la decisión por considerar que la exigencia anterior generaba gastos injustificados y que el nuevo mecanismo permitirá mejorar la competitividad sin afectar el control aduanero.

Para las provincias mineras, la posibilidad de registrar exportaciones en otra jurisdicción no significa que se modifique el lugar de origen de los recursos minerales ni altera por sí misma los derechos y obligaciones provinciales vinculados con su explotación.

El verdadero resultado de la resolución podrá evaluarse cuando las empresas comiencen a utilizar el nuevo procedimiento y puedan medirse las mejoras en los tiempos administrativos y los costos logísticos, mientras permanece pendiente el desafío de construir una infraestructura que permita transformar y exportar minerales argentinos en condiciones competitivas.

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