Minera San Jorge solicitó ingresar al mercado eléctrico mayorista y pone el foco en el desafío energético del cobre sanjuanino

La Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación comunicó este 19 de octubre que Minera San Jorge S.A. presentó una solicitud para ser reconocida como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) bajo la categoría de Gran Usuario Mayor (GUMA), a partir del 1 de noviembre de 2026. 

El aviso identifica a la minera con el código MISJUSMZ, localiza el punto informado sobre la ruta provincial 149, en Uspallata, Mendoza, y señala a Distrocuyo S.A. como prestador de la función técnica de transporte.

La publicación confirma la presentación del pedido, pero no acredita su aprobación definitiva ni informa potencia contratada, demanda proyectada o fecha de inicio de operaciones.

La condición de gran usuario habilita, una vez obtenida y cumplidos los requisitos correspondientes, a participar directamente en el MEM y celebrar contratos de abastecimiento con generadores o comercializadores según las reglas aplicables. Para emprendimientos de consumo intensivo, puede facilitar la planificación comercial de la energía, la elección de proveedores y la gestión de precios y plazos.

Sin embargo, el reconocimiento administrativo no equivale a tener garantizado el suministro físico. La disponibilidad de electricidad depende también del punto de conexión, la capacidad de las líneas y estaciones transformadoras, las autorizaciones técnicas y eventuales obras de ampliación.

La señal para San Juan

El caso mendocino introduce una comparación oportuna para los grandes proyectos de cobre de Calingasta e Iglesia. En ambos departamentos la electricidad dejó de ser un servicio auxiliar: pasó a integrar las decisiones que condicionan los calendarios de construcción, las inversiones y el funcionamiento continuo de las plantas.

En Calingasta, Los Azules ha presentado alternativas de infraestructura para abastecer la futura operación y continúa con la ingeniería y los permisos de su proyecto eléctrico. La empresa ha informado que su esquema debe evitar afectar el suministro de la población y aportar capacidad a la red provincial, cuestiones que deberán verificarse en las evaluaciones y autorizaciones pertinentes.

Este análisis es el mismo para los 22 proyectos mineros que exploran en Calingasta y todos los de Iglesia.

Acceso y prioridades

El debate ya tuvo manifestaciones concretas. En junio, representantes de Los Azules cuestionaron la prioridad otorgada a Vicuña sobre capacidad del corredor Nueva San Juan–Rodeo y advirtieron que podía incidir en otras iniciativas. La controversia mostró que contar con generación o contratos no elimina una restricción potencial: disponer de transporte efectivo hasta cada emprendimiento.

En Iglesia, el desarrollo de Josemaría dentro del proyecto Vicuña, junto con otras iniciativas cordilleranas, exige definir demandas, ampliaciones y cronogramas compatibles con la evolución del sistema eléctrico.

La coordinación entre Nación, provincia, transportistas y compañías resulta relevante para evitar que proyectos vecinos planifiquen sobre una misma capacidad de red sin soluciones técnicas definitivas.

El suministro eléctrico incide en el costo operativo de una mina durante décadas y también en las inversiones previas a su puesta en marcha. Por eso, cada proyecto debe resolver de manera diferenciada el contrato de compra de electricidad, la fuente de generación, los atributos renovables que pretenda acreditar y el transporte que la llevará hasta la operación.

El ingreso solicitado por Minera San Jorge al MEM no constituye un antecedente regulatorio que conceda derechos de acceso a los proyectos sanjuaninos.

Sí recuerda que los pasos comerciales, administrativos y técnicos deben ejecutarse con suficiente anticipación y bajo reglas transparentes para evitar que la disponibilidad de energía se transforme en un cuello de botella para el cobre.

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