BHP demandó a un sindicato de trabajadores mineros en Chile por paralizar la operación

La minera inició acciones judiciales contra el sindicato de trabajadores de Spence por dos interrupciones de la producción realizadas en junio y julio, que considera ilegales por haberse producido fuera del período de negociación colectiva. El conflicto se suma a las tensiones laborales que atraviesa la industria cuprífera chilena.

BHP presentó una demanda contra el sindicato de trabajadores de la mina de cobre Spence, en Chile, y reclama una compensación cercana a los US$ 8,6 millones por los perjuicios que, según la compañía, provocaron dos paralizaciones de la producción realizadas en junio y julio de 2026. La acción judicial sostiene que las medidas fueron ilegales porque se llevaron adelante fuera del período establecido para la negociación colectiva.

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De acuerdo con la presentación judicial citada por Reuters, la empresa argumenta que las interrupciones afectaron de manera significativa las operaciones del yacimiento. El sindicato buscaba presionar para obtener el pago de un bono extraordinario de 5 millones de pesos chilenos por trabajador, equivalentes a unos US$ 5.102 por afiliado, un beneficio que no estaba contemplado en los acuerdos laborales vigentes.

BHP confirmó que inició la acción judicial, mientras que el sindicato no realizó comentarios sobre la demanda. El reclamo económico deberá resolverse en el ámbito judicial y, por el momento, no implica que la compañía haya obtenido una sentencia favorable ni que el monto reclamado deba ser pagado en su totalidad.

Spence es una de las principales operaciones cupríferas de Chile y la segunda mina más importante de BHP en ese país, detrás de Escondida, considerada la mayor productora de cobre del mundo. Su relevancia se explica por el peso de Chile en el suministro global del metal, en un mercado que sigue de cerca los riesgos de interrupciones operativas en las grandes explotaciones.

En la minería chilena, las huelgas y las amenazas de paralización suelen aparecer durante las negociaciones de contratos colectivos, cuando los sindicatos buscan mejoras salariales, bonos y beneficios. Sin embargo, las medidas de fuerza fuera de esos períodos de negociación son menos habituales y pueden abrir disputas sobre su legalidad, además de generar consecuencias económicas para las empresas y los trabajadores involucrados.

El caso de Spence se produce en un contexto de creciente atención sobre los conflictos laborales en el sector. En octubre, BHP también afrontó una amenaza de huelga por parte del sindicato de supervisores de Escondida. En ese caso, las partes alcanzaron un acuerdo que permitió evitar la paralización. La situación es diferente en Spence: la discusión se trasladó a los tribunales por medidas que ya se habían realizado y por los daños que la empresa atribuye a esas interrupciones.

La disputa también pone en evidencia los distintos caminos que pueden seguir los conflictos laborales en la gran minería: una negociación que logra cerrar un acuerdo antes de la huelga, como ocurrió en Escondida, o un enfrentamiento que continúa después de las medidas de fuerza y deriva en un reclamo judicial, como el de Spence. El desenlace de la demanda podría ser relevante para las relaciones entre la compañía y sus trabajadores, aunque todavía no hay una resolución sobre la responsabilidad del sindicato ni sobre la compensación solicitada.

BHP tiene, además, presencia en la Argentina a través de Vicuña, la empresa conjunta que comparte en partes iguales con la canadiense Lundin Mining. El proyecto integra los depósitos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la provincia de San Juan y en la zona fronteriza con Chile. Vicuña opera de manera independiente de sus accionistas, por lo que el conflicto laboral de Spence no debe confundirse con una disputa en el proyecto sanjuanino. Sin embargo, el caso vuelve a poner en escena a uno de los grandes grupos mineros internacionales que participa en el desarrollo de la futura producción de cobre argentina.

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Por ahora, la demanda de BHP se concentra en las interrupciones de junio y julio y en la compensación que la empresa reclama por sus efectos. La resolución judicial determinará si las medidas fueron ilegales y si corresponde reconocer los daños alegados por la compañía.

 

M&D con información de Reuters

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