Rutas nacionales: una propuesta que puede impactar en la logística y los costos de la minería en Argentina

El senador nacional por Río Negro Martín Soria presentó un proyecto de ley para modificar el esquema de distribución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y garantizar recursos a las provincias que asuman la gestión y el mantenimiento de rutas nacionales dentro de sus territorios.

La propuesta busca modificar el artículo 19 de la Ley 23.966, que establece la distribución de la recaudación del impuesto. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es que las provincias que reciban rutas nacionales cuenten con fondos específicos para afrontar las tareas de mantenimiento, reparación y funcionamiento de la infraestructura vial.

El planteo aparece en el marco del proceso de transferencia de determinadas rutas nacionales a las provincias. Soria cuestionó que los gobiernos provinciales puedan asumir responsabilidades sobre esos corredores sin que exista, al mismo tiempo, una transferencia de los recursos necesarios para sostenerlos.

El senador sostuvo que los habitantes de las provincias continúan pagando el impuesto a los combustibles, mientras que los gobiernos locales podrían quedar obligados a destinar recursos propios para mantener las rutas transferidas. En ese sentido, calificó como una asimetría que Nación transfiera la gestión de la infraestructura pero conserve los fondos recaudados a través del impuesto.

Cómo cambiaría la distribución

El proyecto propone establecer un nuevo esquema de reparto del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La distribución planteada sería de 10,40% para el Tesoro Nacional, 15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda y 26,98% para las provincias.

A esos porcentajes se sumarían 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 7% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% como compensación para el transporte público.

El punto específico para las provincias que reciban rutas nacionales contempla un 5% de la recaudación, destinado a los distritos que tengan convenios de transferencia de gestión. La iniciativa establece que esos fondos deberían distribuirse proporcionalmente según la cantidad de kilómetros de rutas nacionales existentes en cada provincia, con el objetivo de financiar su mantenimiento y reparación.

Según los datos incluidos en los fundamentos del proyecto, el 73,8% de los fondos recaudados para el Sistema Vial Integrado no fueron ejecutados. Soria también señaló que alrededor de $1,5 billones recaudados por el Estado nacional permanecieron inmovilizados y colocados en inversiones financieras. De acuerdo con los cálculos citados en la iniciativa, esos recursos permitirían intervenir unos 25.000 kilómetros de la red vial nacional.

Qué impacto puede tener para la minería

La discusión sobre el financiamiento de las rutas tiene una relación directa con la actividad minera, especialmente en las provincias donde los proyectos se encuentran alejados de los principales centros urbanos y dependen de corredores viales para movilizar equipos, insumos, personal y, posteriormente, producción.

Una mejora en la disponibilidad de recursos para mantenimiento y reparación podría tener impacto sobre los costos logísticos de los proyectos mineros, ya que el estado de las rutas incide en los tiempos de traslado, el desgaste de los vehículos y la planificación del transporte. Esto adquiere mayor relevancia en operaciones de gran escala, donde el movimiento de maquinaria y cargas pesadas forma parte de la actividad cotidiana.

El vínculo también es importante para los proyectos que todavía se encuentran en exploración, construcción o evaluación económica. En esas etapas, la disponibilidad de infraestructura puede influir en los costos de desarrollo y en la planificación de obras. Para proyectos ubicados en zonas cordilleranas o regiones con baja densidad de infraestructura, una red vial en condiciones puede ser un componente relevante para mejorar la conectividad con centros de servicios y corredores de exportación.

En provincias mineras como San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Salta, Jujuy, Río Negro o Mendoza, el mantenimiento de rutas nacionales y provinciales tiene además una dimensión vinculada con la integración territorial. Los proyectos mineros pueden requerir caminos de acceso específicos, pero buena parte de la logística previa se apoya en las rutas que conectan las zonas productivas con ciudades, proveedores, pasos fronterizos, ferrocarriles y puertos.

La propuesta de Soria todavía debe atravesar el tratamiento legislativo para determinar si el nuevo esquema de distribución será aprobado y bajo qué condiciones. Su eventual implementación podría modificar la disponibilidad de recursos para las provincias que asuman la gestión de rutas nacionales y, en consecuencia, incidir también sobre la infraestructura utilizada por sectores productivos como la minería.

Para la actividad minera, el punto central no sería solamente quién administra las rutas, sino con qué recursos se garantiza su mantenimiento. En proyectos que demandan grandes inversiones y que necesitan sostener operaciones logísticas durante décadas, la calidad y previsibilidad de la infraestructura pueden convertirse en un factor relevante para los costos y la competitividad.

M&D con información rionegro.com