La minería argentina ya presentó proyectos por US$39.000 millones bajo el RIGI y prevé acelerar las inversiones

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya concentra 17 proyectos mineros por un monto total de US$39.000 millones, de los cuales 12 fueron aprobados y representan inversiones por US$21.000 millones, según los datos presentados por el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, ante un plenario de comisiones del Senado.

Durante su exposición ante las comisiones de Presupuesto, Economía Nacional y Legislación, Cacciola destacó el impacto que el régimen tuvo sobre las decisiones de inversión del sector y sostuvo que la reducción de la carga tributaria, las condiciones para el acceso a divisas y los mecanismos de resolución de controversias fueron factores determinantes para mejorar la posición argentina frente a otros destinos mineros.

De acuerdo con la evaluación de CAEM, el RIGI permitió acercar la carga tributaria total de los proyectos mineros argentinos a la de países con los que compite el país por capitales internacionales, entre ellos Chile, Perú, Australia y Canadá. Según explicó Cacciola, antes del régimen la carga tributaria total podía superar el 50%, mientras que bajo el RIGI se ubicaría en torno al 38%–40%, antes de la utilidad sujeta a impuesto.

El otro componente señalado por la cámara está relacionado con el régimen cambiario. Cacciola destacó la posibilidad de contar con distintos niveles de libre disponibilidad de divisas para acceder al mercado de cambios, afrontar importaciones y, bajo las condiciones establecidas por el régimen, distribuir utilidades al exterior. También remarcó el mecanismo que permite recurrir a instancias internacionales de resolución de controversias ante eventuales incumplimientos.

La inversión minera que proyecta el sector

Las cifras presentadas ante el Senado muestran una aceleración esperada de la inversión. CAEM estima que durante 2026 el desembolso minero se ubicará entre US$2.400 millones y US$2.500 millones, considerando tanto los proyectos RIGI ya aprobados como aquellos que todavía se encuentran en proceso de aprobación.

Para 2027, la proyección asciende a alrededor de US$4.500 millones, mientras que desde 2028 la inversión podría estabilizarse en un nivel de entre US$7.000 millones y US$7.500 millones anuales. Según la cámara, el crecimiento estaría impulsado principalmente por el avance de proyectos de cobre y litio.

La diferencia entre los montos presentados al RIGI y las inversiones efectivamente ejecutadas también resulta relevante para interpretar el impacto del régimen. Los US$39.000 millones corresponden al valor de los proyectos presentados, mientras que los US$21.000 millones aprobados representan iniciativas que ya atravesaron el proceso de evaluación previsto por el régimen. La materialización de esos montos dependerá de la evolución de cada proyecto, sus decisiones de inversión, financiamiento, permisos y cronogramas de construcción.

Para la minería argentina, el dato adquiere especial relevancia en el caso del cobre, un segmento que prácticamente no tiene producción a gran escala en el país desde el cierre de Bajo de la Alumbrera y que concentra algunos de los proyectos de mayor inversión potencial. Los desarrollos de San Juan, junto con iniciativas de otras provincias cordilleranas, aparecen entre los que podrían modificar la estructura exportadora minera durante los próximos años.

Competitividad y previsibilidad como factores de inversión

El planteo de CAEM también expuso uno de los principales problemas que históricamente enfrentó la minería argentina: la dificultad para ofrecer a los grandes capitales internacionales un horizonte de previsibilidad fiscal, cambiaria y jurídica durante proyectos que requieren inversiones de cientos o miles de millones de dólares y cuyos períodos de desarrollo pueden extenderse durante años.

Cacciola sostuvo que el mecanismo de resolución de controversias previsto por el RIGI constituye un elemento adicional para los inversores, especialmente debido a los antecedentes de incumplimientos que, según señaló, afectaron la aplicación de la legislación de inversiones mineras vigente desde la década de 1990.

El régimen también se desarrolla en paralelo con otros cambios regulatorios que impactan sobre la actividad. Durante su exposición, el titular de CAEM mencionó la reciente modificación de la Ley de Glaciares y consideró que los cambios introducidos permitieron aclarar criterios y otorgar un mayor rol a las provincias en la definición de las áreas donde puede desarrollarse actividad económica.

El desafío, sin embargo, ya no pasa únicamente por atraer proyectos al régimen, sino por convertir los anuncios de inversión en construcción, producción, exportaciones y empleo. Si las proyecciones de CAEM se cumplen, la minería podría multiplicar sus niveles de inversión durante los próximos dos años, con el cobre como uno de los principales motores de esa expansión.

En ese escenario, el RIGI funciona como una herramienta para mejorar las condiciones de partida, pero el resultado final dependerá de la capacidad de cada proyecto para superar las etapas de ingeniería, permisos, financiamiento y construcción. El verdadero impacto del régimen comenzará a medirse, por lo tanto, cuando los US$39.000 millones presentados se traduzcan en obras, nuevas operaciones y mayores exportaciones mineras.