Proveedores de San Juan impulsan que la reglamentación de la ley del compre local sea mas restrictiva y obligatoria para las empresas

Tras la publicación de la Ley de Desarrollo Local Minero –nombre formal para la ley de proveedores o de compre local-, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) ha fijado una postura firme respecto a los pasos a seguir. Fernando Godoy, presidente de la institución que representa a gran parte de los proveedores provinciales, señaló que el objetivo central es asegurar que la reglamentación de la norma sea lo suficientemente clara y estricta para garantizar beneficios reales a la cadena de valor provincial.

Lee también: ¿Cómo pondrá en marcha San Juan el Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN)?

Según explicó Godoy, existe un acuerdo de palabra con el gobierno provincial para trabajar conjuntamente en el decreto reglamentario, habiendo participado previamente en la elaboración del proyecto que finalmente se convirtió en ley.

"Nosotros queremos participar, de hecho hemos participado en la conformación del artículo 16 y otros donde el gobierno aceptó nuestra mirada, no tal cual como lo planteamos, pero se elaboró un artículo más o menos en esa orientación donde participó CAPRIMSA", afirmó Godoy en díalogo con Minería & Desarrollo, refiriéndose a la incidencia institucional que buscan tener en la letra chica de la normativa.

La expectativa de los proveedores locales se centra ahora en los próximos 60 días. La cámara busca que el decreto sea la herramienta que finalmente efectivice la ley, transformando las buenas intenciones en obligaciones concretas y auditables para las operadoras mineras que operan en San Juan.

Para lograr un marco legal sólido, CAPRIMSA se encuentra trabajando estrechamente con su asesoramiento jurídico en la elaboración de propuestas puntuales. Godoy reveló que ya ha mantenido contacto con el Ejecutivo para acceder al borrador del decreto y poder aportar la visión técnica de los proveedores locales antes de su firma definitiva.

La urgencia por una reglamentación rigurosa surge de lo que el sector denomina desviaciones en el comportamiento de algunas empresas. Un ejemplo puntual mencionado por Godoy fue el proyecto Vicuña, el cual ha mostrado, según su posición, una notable falta de prolijidad y de compromiso en su relación con las cámaras locales.

"Vemos desprolijidades, por ejemplo, en la licitación que va a sacar Vicuña del primer tramo de electricidad donde se manejan solos; ni siquiera le informan a las cámaras, o lo hace tardíamente, invita a empresas locales y después nos enteramos que hay empresas de otras provincias", sentencio Godoy. “Queremos que se normalicen esta desprolijidades y poder tener una herramienta legal”, añadió.

Godoy cuestionó las rondas de negocios organizadas recientemente por Vicuña, calificándolas de ineficientes y, en ocasiones, excluyentes para firmas sanjuaninas.

Al respecto, el representante de CAPRIMSA fue categórico sobre el accionar de la operadora: “No coincidimos con la forma de trabajar con Vicuña, porque hacen lo que quieren. Invitan a 500 empresas, quedan 140. A las empresas que tenemos en la cámara no las han invitado y están anotadas en Achilles (compañía más relevante a nivel mundial en evaluación, auditoría y certificación de proveedores, la cual trabaja con las principales organizaciones del sector minero y energético) pero ellos te dicen que no están".

Según Godoy, a pesar de presentar argumentos escritos que demuestran que las empresas locales cumplen con los requisitos de registro, las respuestas suelen ser evasivas, postergando la participación local para futuras licitaciones sin dar explicaciones claras.

"No dan información de cómo eligen. Eligen a las que quieren, a las que desean y después el arugmento es que nuestras empresas no están inscriptas en Achilles. Y nosotros hemos comprobado que muchas sí lo están", enfatizó.

Los proveedores resaltan que en forma urgente se ponga marcha en forma urgente el REPROMIN provincial de manera de no dejar solo a los proveedores frente a plataformas como Achilles y lo que diga una empresa. Para este sector, las operadoras deben adecuarse a la ley.

Ante este escenario, para los proveedores sanjuaninos, la reglamentación debe servir como un argumento legal de peso. El objetivo de CAPRIMSA es que la ley no quede solo en el papel, sino que sea un instrumento que obligue a las mineras a cumplir con la contratación de mano de obra y servicios locales.

"Lo que queremos, es que la ley complemente el espíritu con la realidad, ya que nosotros queremos tener un reparo, un argumento legal para decir: 'cumplan', porque hay una ley que lo dice", explicó Godoy sobre la necesidad de un marco preciso y obligatorio.

Desde la institución reivindican su función como entes de defensa gremial. Para Godoy, si no se protegen los derechos de los socios ante estas irregularidades y no se exige que se invite a las empresas locales en tiempo y forma, la existencia de las cámaras de proveedores perdería su sentido fundamental.

“Si nosotros no hacemos una defensa sindical de nuestros socios ¿para qué están las instituciones? Estas instituciones están constituidas para defender a los socios, pedir explicaciones, pedir que se invite a las empresas y que cuando haya desviaciones, podamos decir ‘hagamos las cosas prolijas’”, manifestó el representante empresarial. 

Finalmente, el dirigente planteó un interrogante estratégico sobre el impacto de la actividad en la provincia. Parafraseando a una diputada nacional salteña, Godoy señaló contundentemente: “Tenemos todos los argumentos de los beneficios de la minería en las provincias, pero si esto no va a generar beneficios en la cadena de valor provincial –en esta caso San Juan-, ¿Para qué queremos tanta minería?”.

Lee también: ¿Cómo reglamentará San Juan la ley de desarrollo de proveedores locales?: Los incentivos fiscales y los riesgos de la inconstitucionalidad

"El gobierno es el gran articulador de poder que hay que bajar hacia las mineras", concluyó Godoy, delegando en el Estado la responsabilidad de asegurar que la aplicación de la ley genere beneficios para los proveedores y la cadena de valor local.

Minería & Desarrollo