Tras la aprobación en San Juan: ¿Qué otras provincias argentinas tienen una ley de proveedores mineros?

La reciente aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero en San Juan volvió a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a todas las provincias con actividad minera: cómo lograr que las grandes inversiones se traduzcan en empleo, desarrollo empresario y mayor participación de las economías regionales.

Si bien el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establece que los proyectos adheridos deben presentar un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales y contempla una participación mínima de proveedores nacionales bajo determinadas condiciones, las provincias conservan amplias facultades para diseñar políticas que fortalezcan a sus empresas y trabajadores. En ese marco, varias jurisdicciones desarrollaron instrumentos propios para incentivar el compre local, la contratación de mano de obra provincial y el crecimiento de las pymes vinculadas a la minería.

San Juan: un modelo integral

Con la sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero, San Juan incorporó uno de los esquemas más completos del país. La norma establece que las operadoras y sus principales contratistas deberán presentar planes de desarrollo de empleo y de proveedores con objetivos medibles y actualización periódica.

Entre sus principales metas figura alcanzar progresivamente un 80% de trabajadores residentes en la provincia y que el 60% del monto anual de las compras corresponda a proveedores sanjuaninos, siempre que exista oferta competitiva. Además, crea el Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.), que será la base oficial de consulta para las compañías, junto con incentivos fiscales para quienes cumplan simultáneamente los objetivos de empleo y compras locales.

Salta

Salta fue una de las primeras provincias del NOA en avanzar con un esquema específico mediante la Ley 8.164, que creó el Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras (RPPLEM). El objetivo es identificar y promover la participación de empresas radicadas en la provincia, facilitando su incorporación a la cadena de abastecimiento de los proyectos mineros que se desarrollan, principalmente, en la Puna salteña. Algunos de los requisitos que establece esta ley: 

• Tener domicilio real/social y fiscal en la provincia de Salta .
• Para personas jurídicas, el 51% o más de la composición societaria debe pertenecer a personas domiciliadas en la provincia .
• Si se opera bajo una Unión Transitoria de Empresas (UTE), al menos un socio local debe tener una participación mínima del 30% .

Jujuy

Esta provincia del NOA, no tiene una ley integral de proveedores como tal pero sí cuenta con el Registro Provincial de Productores y Proveedores Mineros, formalizado a través del Decreto Acuerdo N° 290-DEyP-24 y reglamentado mediante la Ley N° 3.574. Este sistema exige que cualquier persona física o jurídica que ofrezca bienes o servicios al sector minero esté registrada, siendo este un requisito obligatorio para que las empresas mineras puedan contratarlos. 

La Rioja

La Rioja también avanzó con una legislación orientada al desarrollo de proveedores mineros y de la mano de obra local.Se trata de la Ley Provincial N° 10.799 de Desarrollo de Proveedores Mineros y Mano de Obra Riojana . Esta normativa establece que las empresas mineras radicadas en la provincia deben contratar al menos un 70% de bienes, insumos y servicios a proveedores locales, y priorizar la contratación de trabajadores riojanos en idéntico porcentaje. Su esquema establece prioridades de contratación para empresas y trabajadores riojanos, organizadas en función de la cercanía geográfica a los proyectos, con el objetivo de que las comunidades más próximas sean las primeras beneficiarias de las inversiones.

Santa Cruz

La provincia patagónica  cuenta con un marco regulatorio que promueve altos niveles de empleo local y exige acreditar residencia para acceder a los puestos vinculados con la actividad minera. . Mediante la reglamentación de la Ley Provincial N° 3.141, el Gobierno santacruceño oficializó el «Modelo 90/10», que obliga a las empresas mineras, petroleras y pesqueras a que el 90% de su nómina esté compuesta por trabajadores con residencia mínima de seis años en la provincia.

Catamarca

Catamarca no tiene una ley provincial específica llamada sobre proveedores mineros similar a la recientemente aprobada en San Juan, pero la actividad y el compre local están regulados a nivel constitucional como política de Estado . El control y la contratación de proveedores locales se gestionan mediante el REPEM (Registro de Proveedores de Empresas Mineras), establecido por la resolución S.E.M N° 498/14 .

Este registro tiene carácter público y obligatorio, y busca priorizar el empleo, la contratación de empresas catamarqueñas y el desarrollo de capital humano. Las empresas operativas en la provincia también están sujetas a la legislación nacional de inversiones mineras que fomenta la integración local.

Una tendencia que se consolida

Aunque los instrumentos varían entre provincias, el objetivo es común: aumentar el contenido local de las inversiones mineras. Los registros de proveedores, los programas de capacitación, los incentivos fiscales y las metas de empleo provincial se han convertido en herramientas cada vez más frecuentes para que el crecimiento del sector tenga un mayor impacto sobre las economías regionales.

Con la aprobación de la nueva ley, San Juan se posiciona entre las provincias con el esquema más amplio para promover el desarrollo local, combinando objetivos de empleo, incentivos para las compras provinciales, planificación de la demanda, creación de un registro oficial y mecanismos de seguimiento. En un escenario de expansión de proyectos de cobre y litio en Argentina, la discusión sobre cuánto valor agregado debe permanecer en las provincias donde se desarrollan las inversiones promete seguir ganando protagonismo.

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