De un límite fijado en dictadura a un conflicto que hoy impacta en la minería: la historia detrás de la disputa entre San Juan y La Rioja
Por Sebastián Mestre
El conflicto entre San Juan y La Rioja por los límites territoriales volvió al centro de la escena, pero su origen se remonta a 1968. Ese año, en pleno gobierno de facto, se firmó el Decreto-Ley 18.004 que fijó la delimitación interprovincial, estableciendo, entre otros puntos, la pertenencia de Ischigualasto a San Juan y la traza en la zona donde hoy se desarrollan proyectos mineros como Josemaría.
Para San Juan, ese límite quedó consolidado y fue ratificado posteriormente en democracia. La Rioja, en cambio, sostiene que es inválido por haber sido definido en dictadura. Durante décadas, esa diferencia no generó conflictos relevantes.
El punto de quiebre llegó en 2018, cuando comenzaron los reclamos riojanos por participación en el proyecto Josemaría. Ahí la discusión dejó de ser solo territorial y pasó a ser económica, vinculada a regalías, empleo y proveedores.
En 2021, La Rioja avanzó con la amenaza de judicializar el caso ante la Corte Suprema, reforzando su argumento sobre la invalidez del acuerdo de 1968. La tensión escaló en 2025, cuando el gobernador riojano Ricardo Quintela habló de “sustracción ilegal de territorio” y sumó con fuerza el reclamo por participación económica en la actividad minera.
El conflicto dio un salto en 2026, cuando dejó de ser solo político y empezó a impactar en la operatividad. La disputa por el uso de rutas riojanas, especialmente en la zona de Guandacol, derivó en cuestionamientos por la falta de beneficios locales y en la intervención de la Justicia, que frenó un camino clave para el proyecto Vicuña por razones ambientales.
En los últimos días, el planteo riojano volvió a escalar. Ya no se limita a caminos o impacto ambiental: ahora incluye un reclamo de soberanía territorial, con pedidos concretos sobre Josemaría e incluso sobre Ischigualasto. Además, impulsa la intervención del Senado de la Nación para revisar los límites.
Hoy, La Rioja plantea cuatro ejes: redefinir la frontera, lograr participación económica, sumar proveedores locales y abrir la posibilidad de esquemas de administración compartida en algunas áreas.
San Juan, por su parte, sostiene que los límites están definidos y ratificados, considera infundado el reclamo y busca evitar una escalada política, con foco en sostener la previsibilidad para la inversión minera y garantizar la continuidad de los proyectos.
Con este escenario, el conflicto dejó de ser un debate histórico. Hoy tiene efectos concretos sobre la actividad, la logística y el clima de inversión. Y, por primera vez en décadas, sus consecuencias se sienten en tiempo real.
