Neuquén acelera sus permisos con inteligencia artificial y expone una reforma pendiente para la minería

La experiencia de Neuquén abre un debate que la minería argentina ya no puede postergar: cuánto tiempo necesitan realmente los organismos públicos para evaluar un proyecto y qué parte de las demoras contribuye a proteger el ambiente.

El gobierno neuquino desarrolla una plataforma de inteligencia artificial para gestionar las autorizaciones de perforación en Vaca Muerta. Según informó Diario Río Negro a partir de declaraciones del ministro Gustavo Medele, un procedimiento que exigía unos 180 días se redujo primero a 120 y ahora ronda los 90, todavía sin la nueva herramienta.

La aspiración es llevar parte de esos trámites a unos pocos días. No es un plazo ya conseguido: la plataforma continúa en desarrollo y el centro de datos provincial está previsto para una siguiente etapa de implementación.

Una experiencia cercana

El circuito actual de Neuquen comprende siete pasos y la intervención de distintas áreas, entre ellas Energía, Recursos Hídricos, Ambiente, Tierras y Comunidades. El cambio comenzó con una decisión previa a cualquier algoritmo: revisar procedimientos y acordar con las empresas un formato único de presentación.

El nuevo sistema deberá verificar que el expediente contenga la documentación exigida, identificar restricciones y derivar información a los organismos competentes.

Neuquén tomó como referencia la coordinación de trámites de Alberta, Canadá, donde se emplean herramientas compartidas entre áreas públicas.

La experiencia demuestra que digitalizar un trámite desordenado no alcanza. Primero hay que eliminar pasos innecesarios, precisar qué organismo decide cada cuestión y asegurar que la información presentada pueda ser utilizada por todos los evaluadores.

El problema minero

En minería, el impacto de esa discusión es mayor. Los proyectos requieren estudios de agua, biodiversidad, glaciares cuando corresponda, patrimonio cultural, comunidades, infraestructura y manejo de residuos, además de permisos sectoriales que pueden abrir nuevos circuitos de revisión.

La complejidad ambiental justifica evaluaciones rigurosas, pero no explica por sí misma que un mismo antecedente deba ser analizado dos o tres veces por oficinas con funciones superpuestas.

Esa repetición puede consumir recursos públicos sin producir información nueva ni mejorar la prevención de impactos.

El problema no es la existencia del control, sino su organización. Cuando distintas dependencias solicitan idénticos datos en distintos formatos, emiten observaciones sucesivas sobre materias ya evaluadas o carecen de plazos coordinados, el expediente avanza más por insistencia que por una planificación técnica verificable.

Qué está cambiando afuera

Australia inició en 2026 la implementación escalonada de reformas a sus leyes ambientales, con estándares nacionales y nuevas reglas destinadas a hacer las evaluaciones más claras, consistentes y rápidas.

Entre los temas expresamente sometidos a consulta está la reducción de duplicaciones mediante acuerdos y acreditaciones entre jurisdicciones.

Canadá impulsa el criterio de «un proyecto, una evaluación», coordinando la intervención federal y provincial sin eliminar las competencias de cada autoridad ni los derechos indígenas.

Una directiva federal de septiembre de 2026 insiste en coordinar decisiones, evitar barreras innecesarias y preservar las obligaciones de protección ambiental.

Estados Unidos, por su parte, aplica mecanismos de coordinación y cronogramas públicos mediante FAST-41 para proyectos estratégicos, incluidos desarrollos de minerales críticos.

La Agencia de Protección Ambiental también propuso en junio de 2026 cambios a sus procedimientos bajo NEPA para concentrar las revisiones y definir plazos más previsibles.

Son reformas diferentes y no pueden presentarse como una eliminación general de exigencias ambientales.

El punto común es que los países desarrollados consideran que una evaluación tardía y fragmentada tampoco constituye, por sí sola, una mejor evaluación.

Una agenda para Argentina

En la Argentina, donde las provincias son autoridad central sobre sus recursos naturales y sus procedimientos mineros, la modernización debería comenzar con una auditoría de los circuitos de evaluación de los informes de impacto ambiental y de los permisos sectoriales vinculados a cada etapa del proyecto.

Ese relevamiento debería establecer qué información se solicita, quién la examina, cuántas veces vuelve a presentarse y cuánto demora cada intervención. También permitiría distinguir demoras atribuibles a deficiencias de los estudios de aquellas originadas dentro de la administración pública.

A partir de allí es posible construir un expediente digital único, con trazabilidad de observaciones, criterios técnicos públicos, actuaciones simultáneas cuando correspondan y responsables identificados. La inteligencia artificial puede detectar documentos faltantes, ordenar antecedentes y asistir búsquedas normativas, pero no reemplazar el juicio profesional ni la decisión legal de la autoridad.

La prioridad es fortalecer a los equipos ambientales con mejores datos, controles de campo y seguimiento efectivo de compromisos. Una resolución rápida, sustentada en estudios incompletos, solo trasladaría los costos hacia conflictos judiciales, riesgos ambientales y pérdida de confianza social.

También debe existir una instancia de coordinación entre organismos con competencias distintas, sin confundir coordinación con renuncia a facultades legales.

Reducir duplicaciones no significa dejar sin evaluación aspectos que requieren especialistas independientes.

Para provincias con grandes proyectos de cobre y litio, la discusión tiene consecuencias inmediatas. Cada ciclo innecesario de consultas puede modificar cronogramas de inversión, contratación de proveedores y empleo, sin garantizar una mejora equivalente en el conocimiento de los impactos.

Lo que está en juego

Neuquén ofrece una señal concreta: antes de introducir inteligencia artificial, la mejora de procesos permitió reducir a la mitad el tiempo declarado de autorización.

Para la minería, la enseñanza es que una reforma seria comienza por revisar qué hace el Estado, por qué lo hace y con qué resultados.

La verdadera prioridad no debería ser aprobar todo más rápido, sino decidir mejor y en plazos razonables.

Un control ambiental eficaz se mide por su capacidad para anticipar, prevenir, corregir y fiscalizar impactos; no por la cantidad de veces que un expediente circula entre oficinas.

Minería & Desarrollo