Neuquén busca reformar su Código Minero y abre un debate clave para atraer inversiones

Neuquén busca modificar las reglas que organizan su actividad minera y la discusión legislativa podría ingresar en una nueva etapa. El diputado provincial Damián Canuto, del bloque PRO-NCN y presidente de la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones, propuso crear una comisión especial con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para analizar el nuevo Código de Procedimientos Mineros. La iniciativa apunta a ampliar la discusión de una reforma impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que todavía no logró un despacho definitivo en la Legislatura.

El proyecto original ingresó el 1 de marzo y busca reemplazar la Ley provincial 902, sancionada en 1975, que regula los procedimientos mineros. La propuesta de conformar una comisión interpoderes surgió después de varios meses de tratamiento sin avances concluyentes y de los pedidos de participación realizados por distintos actores de la actividad. Según lo planteado por Canuto, el organismo tendría integrantes de los tres poderes del Estado y podría convocar a representantes públicos y privados vinculados con el sector. El esquema prevé seis meses de trabajo, prorrogables por otros seis, por lo que la discusión podría prolongarse hasta 2027.

La propuesta también refleja las dificultades para alcanzar una redacción consensuada. En septiembre, el oficialismo presentó una versión alternativa que redujo el texto de 288 a 201 artículos y adaptó su estructura al Código Procesal Civil Adversarial neuquino. Antes, en julio, funcionarios de la Dirección Provincial de Minería habían expuesto los principales cambios ante los diputados. Sin embargo, las modificaciones no alcanzaron para destrabar el debate, en el que existen diferencias sobre el alcance de la reforma y la necesidad de incorporar la experiencia de quienes utilizan los procedimientos mineros en la práctica.

Entre los cambios propuestos figuran la digitalización de trámites, la revisión de los requisitos para solicitar permisos de exploración y la incorporación de programas mínimos de trabajo e inversión. El objetivo es evitar que grandes superficies queden sujetas a derechos mineros sin actividad concreta y establecer reglas más claras para la continuidad o caducidad de esos derechos. También se busca ordenar la relación entre la minería y los hidrocarburos, una cuestión relevante en una provincia donde los permisos, las concesiones y las instalaciones de ambas actividades pueden superponerse territorialmente. La iniciativa pretende unificar disposiciones administrativas, técnicas e institucionales que hoy se encuentran distribuidas en distintas normas.

La reforma se inscribe en una estrategia para ampliar el peso económico de la minería en una provincia cuya actividad productiva está fuertemente asociada al petróleo y el gas. Las arenas silíceas utilizadas en la fractura hidráulica de Vaca Muerta representan una de las oportunidades más inmediatas. La producción local todavía se encuentra en una etapa inicial y de evaluación, pero la posibilidad de abastecer a las operadoras neuquinas permitiría reducir la dependencia de insumos trasladados desde otras provincias. Las proyecciones difundidas por el sector ubican la demanda de arena para fractura por encima de los ocho millones de toneladas anuales a partir de 2027, una escala que abre oportunidades para la extracción, el procesamiento y la logística local.

El potencial provincial, sin embargo, no se limita a ese insumo. Neuquén también busca impulsar el desarrollo de oro y plata en Andacollo, además de evaluar recursos de potasio, cobre, uranio y tierras raras. El grado de avance de estas iniciativas es dispar: no todas cuentan con proyectos en condiciones de pasar a producción y varias requieren más exploración, estudios y capital. En ese contexto, actualizar los procedimientos mineros es una parte de la política de desarrollo, pero no garantiza por sí sola nuevas inversiones ni la puesta en marcha de explotaciones. También serán determinantes la infraestructura, la disponibilidad de información geológica, los controles ambientales y las condiciones económicas de cada proyecto.

El Código de Procedimientos es, además, una pieza de un paquete legislativo más amplio. En marzo, Figueroa presentó junto con la reforma un proyecto para establecer un régimen provincial de regalías mineras de entre el 2% y el 3% sobre el valor boca mina, con una tasa diferenciada según si los minerales reciben procesamiento dentro o fuera de Neuquén. Ambas iniciativas abordan cuestiones distintas pero complementarias: mientras el Código define cómo se tramitan y administran los derechos mineros, el régimen de regalías establece cómo participará la provincia de los ingresos generados por la extracción. Su tratamiento conjunto puede incidir en la previsibilidad que buscan las empresas y en los recursos que recibiría el Estado por la actividad.

La discusión también permite establecer una comparación con otras provincias mineras. San Juan cuenta con un Código de Procedimientos Mineros aprobado en 2014, mediante la Ley 688-M, que regula los trámites ante la autoridad minera y contempla aspectos como la concesión de derechos, los plazos procesales y los mecanismos para resolver cuestiones administrativas. La diferencia no reside solamente en la antigüedad de las normas: San Juan desarrolló una estructura legal específica para una actividad con mayor peso en su economía, mientras Neuquén procura adaptar sus procedimientos a una minería que busca expandirse y que convive con una industria hidrocarburífera de gran escala. La comparación sirve como antecedente institucional, aunque cada provincia debe responder a sus propias características productivas y territoriales.

En el caso neuquino, la actualización también tiene una dimensión práctica para productores y apoderados mineros, que necesitan conocer con claridad los requisitos, los plazos y las condiciones para conservar sus derechos. Durante una reunión realizada el 8 de octubre en Zapala, autoridades provinciales y representantes del sector analizaron aspectos del proyecto, entre ellos la caducidad de derechos, las dimensiones de las canteras y los procedimientos en áreas donde se superponen actividades mineras e hidrocarburíferas. Esos planteos muestran que la reforma no se limita a una discusión jurídica: las decisiones que se adopten pueden afectar el funcionamiento cotidiano de las explotaciones existentes y el ingreso de nuevos proyectos.

La creación de la comisión interpoderes todavía debe formalizarse y avanzar en la Legislatura. Si prospera, abrirá una instancia más amplia para revisar el texto y buscar acuerdos entre el Gobierno, los legisladores, la Justicia y los sectores involucrados. El desafío será evitar que la ampliación del debate prolongue indefinidamente una reforma que la provincia considera necesaria, sin convertir la búsqueda de rapidez en una aprobación sin suficiente discusión.

¿Por qué es importante?

Neuquén intenta construir las condiciones institucionales para que su potencial geológico se traduzca en actividad económica concreta. El resultado dependerá de que la nueva normativa logre combinar trámites previsibles, control de los derechos mineros, protección ambiental y reglas claras para la convivencia con los hidrocarburos. Por ahora, la provincia tiene en discusión un marco legal renovado; el paso siguiente será definir qué texto reúne los consensos necesarios para convertirse en ley y cómo se articulará con el régimen de regalías.

M&D con información de Diario Río Negro