Minería y agua en Mendoza: una demanda menor y un régimen de cobro por volumen

El agua es el eje de la resistencia a la minería en Mendoza. Domina los argumentos antimineros en las audiencias públicas y en sus manifestaciones, define posiciones partidarias y opera como límite práctico al avance de proyectos que todavía no entraron en producción. Lo que ese debate casi nunca incorporó es el orden de magnitud: cuánta agua usa efectivamente cada actividad de la provincia y bajo qué régimen la paga. Las dos respuestas están escritas, firmadas por el Estado provincial y disponibles desde marzo de 2025.

La pregunta vuelve ahora por un camino ajeno. Neuquén acaba de decidir que su agua estaba mal tasada: desde el 1 de julio, el Decreto 792/26 ató el canon hídrico de Vaca Muerta al precio del gasoil grado 3 de YPF, con lo que el metro cúbico pasó de $2.466,75 a $6.230 -una suba del 152%- y en enero llegará a $7.476. El gobierno de esa provincia justificó la medida por sus efectos antes que por su rendimiento fiscal: mientras comprar agua nueva resultó más barato que recuperar la usada, las operadoras compraron agua nueva para cada pozo y la mandaron a pozos sumideros. El reúso en la formación es prácticamente nulo.

Una fractura y una mina no se parecen, y una provincia petrolera y una agrícola tampoco. Lo aprovechable del caso es la pregunta que instala: qué precio tiene el recurso, quién lo paga y por qué unidad se cobra. Formulada así, la discusión deja de ser sobre qué actividades merecen usar agua y pasa a ser sobre qué incentivo recibe cada una para usar menos. Y en esa reformulación el debate mendocino queda ordenado al revés de como se lo viene dando.

Una provincia que vive del 4% de su territorio

En marzo de 2025 Mendoza completó el Plan Maestro para el Sector Hídrico: seis informes y más de 900 páginas que desagregan cada uso, cada cuenca y cada década hasta 2070. Fue elaborado bajo la órbita del Departamento General de Irrigación (DGI), el organismo autárquico con rango constitucional que administra el agua mendocina desde fines del siglo XIX y funciona por fuera de los tres poderes del Estado provincial. No es un documento de la industria minera ni una respuesta a la industria minera. Es la planificación hídrica oficial de la provincia.

Su primer dato condiciona a todos los demás. Mendoza tiene 148.827 kilómetros cuadrados y solo el 4% de esa superficie es oasis irrigado. El 96% restante es lo que en el vocabulario local se llama secano: tierras secas no irrigadas, con precipitaciones por debajo de los 200 milímetros anuales. En ese 4% vive el 98% de la población, junto con la actividad económica y la totalidad de la superficie cultivada, distribuidos en tres oasis construidos a partir del encauzamiento de los ríos que bajan de la cordillera. Cuando en Mendoza se discute quién puede usar agua, se discute quién puede producir.

El sistema que la distribuye tiene escala industrial propia: 13.941 kilómetros de red de riego entre canales primarios, secundarios y terciarios, de los cuales apenas 1.412 kilómetros están impermeabilizados. El 90% de la red de distribución de agua de Mendoza son canales de tierra. Por ahí pasa el reparto que el Plan cuantifica actividad por actividad.

El destino de mayor consumo

De cada cien metros cúbicos que Mendoza deriva de sus ríos, casi noventa y dos van al riego, algo más de seis al abastecimiento de las ciudades y menos de dos a toda la industria. En cifras del Plan Maestro, sobre el año base 2020: 6.510,4 hectómetros cúbicos para la agricultura, 460,7 para consumo poblacional y 134,9 para el conjunto industrial, sobre un total de 7.106 hm³ anuales.

La agricultura mendocina -vid para vinificar y consumo en fresco, frutales, olivos, hortalizas y forrajes- demanda catorce veces más agua que la totalidad del abastecimiento poblacional de la provincia, y cuarenta y ocho veces más que toda la industria junta. El embalse de Potrerillos, principal obra de regulación del río Mendoza, en el departamento de Luján de Cuyo, almacena 395 hectómetros cúbicos: el riego consume el equivalente a vaciarlo dieciséis veces y media por año, un Potrerillos lleno cada veintidós días.

Ese reparto es extremo incluso para los estándares regionales. Según datos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en Mendoza a fines de 2025, durante el V Congreso Internacional "Agua para el Futuro" organizado por el DGI, en América Latina el 76% del agua va a la agricultura, el 15% a uso municipal y cerca del 9% a la industria.

Mendoza es visiblemente más agrícola que el promedio regional, y su sector industrial pesa alrededor de una quinta parte de lo que pesa en la región.

El agua subterránea confirma el mismo reparto. Sobre 20.054 perforaciones registradas por el DGI, el 83,91% tiene destino agrícola, el 7,01% uso doméstico en viviendas sin red, el 3,93% uso industrial y el 2,56% abastecimiento poblacional. La categoría "Minería y Petróleo" reúne 16 pozos en toda la provincia: el 0,08% del total.

El único casillero donde la minería podría aparecer con volumen propio también la deja afuera. Los 134,65 hectómetros cúbicos de demanda industrial se desglosan en doce actividades, estimadas a partir de las declaraciones juradas de vertido presentadas ante el DGI en 2022. La vitivinicultura encabeza con 49,41 hm³ anuales, más de un tercio de toda el agua industrial de la provincia. Detrás vienen el tratamiento de agua con 23,41, las conserveras con 21,64, las fábricas con 11,75 y la olivicultura con 10,91. Más abajo, las petroquímicas con 5,34, los lavaderos con 4,30, la cría de animales con 3,23, el turismo con 2,79, el transporte con 1,18, la generación eléctrica con 0,45 y los depósitos con 0,24.

Minería no figura en la lista. La razón es simple: lo que hoy opera en la provincia son minerales de segunda y tercera categoría, yesos y áridos, procesos que según el mismo Plan casi no usan agua. Pero la omisión tiene una consecuencia que conviene registrar. Quince años de debate público sobre el agua y la minería en Mendoza se dieron alrededor de una demanda que el instrumento con el que la provincia planifica su recurso hasta 2070 todavía no necesita contabilizar.

Cuánta agua es un proyecto de cobre

El informe de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino, en el distrito de Uspallata, departamento de Las Heras, proyecta un requerimiento máximo de 141 litros por segundo con un circuito diseñado para recircular el 80%: cuatro de cada cinco litros vuelven a entrar a la planta y solo el quinto se repone desde la fuente.

Ese techo permite medir proporciones. Son once veces menos que lo que declara la vitivinicultura mendocina por sí sola. Frente al agua que la provincia potabiliza cada año para abastecer a toda su población, representan menos del 1%. Frente al total que Mendoza deriva de sus ríos y acuíferos, el 0,06%. El agua que ese proyecto tomaría en un año completo de operación a pico máximo es la que la agricultura mendocina consume en seis horas.

Las cifras no arman un escalafón de usuarios legítimos. Miden distancia: cuántas veces entra un requerimiento en otro. Y a esta escala la distancia es de dos y tres órdenes de magnitud contra los usos que definen el balance hídrico provincial. Medido el volumen, queda por medir lo otro, que es el precio, y ahí el ordenamiento se da vuelta.

Quién paga por metro cúbico y quién por hectárea

El esquema tributario del DGI cobra el agua, como regla general, por superficie empadronada. Un productor agrícola con derecho de riego tributa según las hectáreas inscriptas, con independencia del volumen que efectivamente derive en el ciclo.

La excepción son las concesiones mineras y de hidrocarburos: por norma expresa, esos titulares abonan el canon por volumen y no por superficie, tanto en agua superficial como subterránea. El mismo criterio rige para el envasado, y ese caso merece detenerse porque es el más literal de todos. Mendoza explota comercialmente sus manantiales desde hace más de un siglo: hay una industria que extrae agua de la fuente, la procesa, la embotella y la vende como producto final, de modo que el recurso no es un insumo del proceso sino la mercadería misma. Esas plantas tributan por metro cúbico envasado, sobre volumen declarado bajo juramento. Son seis pozos en toda la provincia, el 0,03% de las perforaciones registradas, bajo un régimen de medición idéntico al que la normativa prevé para la minería.

En la fuente subterránea, además, el esquema aplica coeficientes diferenciales sobre la tarifa base: 1 para uso agrícola y abastecimiento poblacional, 1,5 para uso público, 3 para uso industrial y 4 para recreativo. Un pozo industrial tributa el triple que uno agrícola por la misma extracción.

El instrumento por el que Neuquén está peleando en este momento, entonces, en Mendoza no hay que inventarlo. El canon por volumen se aplica hace décadas a la minería, a los hidrocarburos y a quienes venden el agua embotellada, con medición y declaraciones juradas como base del cálculo.

La CEPAL y el costo invisible de cada metro cúbico

El organismo regional arribó al mismo instrumento por el camino teórico. Su exposición en Mendoza a fines de 2025 en el V Congreso Internacional "Agua para el Futuro", a cargo de Silvia Saravia Matus, oficial de Asuntos Económicos y encargada de Temas Hídricos de la División de Recursos Naturales, partió de una premisa que el debate local suele esquivar: el agua tiene un precio, y reconocerlo es la condición para modificar conductas. Valorarla no se agota en cobrarla. Supone contabilizar los costos visibles e invisibles que arrastra cada metro cúbico usado (infraestructura, energía, tratamiento, conservación de ecosistemas, riesgo de sobreexplotación), porque sin esa cuenta los sistemas reproducen derroche y conflicto.

De ahí sale la recomendación práctica. Poner en la balanza el costo y el beneficio de cada uso, en lugar de discutir la legitimidad de las actividades una por una. Los cánones por agua cruda entran en ese esquema como herramienta de política pública, no como castigo sectorial, y deben diseñarse con gradualidad y estructura progresiva, de modo que quien más consume más aporte al sostenimiento del sistema.

Los hectómetros cúbicos que nunca llegan a una canilla

El Plan Maestro midió cada uso dos veces: la demanda bruta, que es el volumen que cada sector necesita captar, y la demanda neta, la que efectivamente cumple su función. Mendoza registra una demanda bruta de 7.106 hectómetros cúbicos al año y una demanda neta de 2.991. La diferencia, el 58%, es agua que se capta y no llega a destino.

Buena parte de esa diferencia corresponde al riego y no se pierde del todo: se infiltra desde los canales de tierra, recarga los acuíferos y vuelve a extraerse aguas abajo. Es ineficiencia que el sistema recupera en parte.

El agua potable corre otra suerte. La provincia potabiliza 460,7 hectómetros cúbicos al año y entrega 260,8. Los 199,9 hm³ restantes se pierden en las cañerías, el 43% de todo lo que se trata. Esa agua ya pasó por planta potabilizadora, ya consumió energía, reactivos y personal, y se filtra al subsuelo antes de llegar a una canilla. El promedio latinoamericano de pérdidas en redes de distribución ronda el 40%, según la CEPAL: Mendoza está por encima de una región que no se destaca por su eficiencia hídrica. A eso se suman las redes cloacales, con fugas estimadas por el Plan entre el 25% y el 50% de los efluentes colectados.

Puestas contra los volúmenes anteriores, esas pérdidas equivalen a medio embalse de Potrerillos y a cuarenta y cinco años de operación a pico máximo del único proyecto de cobre tiene en etapa de factibilidad.

Contra ese cuadro suele oponerse la falta de fondos. La CEPAL aportó un dato que desplaza el argumento: en América Latina, alrededor del 72% de los recursos públicos asignados al sector hídrico no se ejecuta efectivamente. La infraestructura hídrica regional no se frena tanto en el presupuesto asignado como en la capacidad de gastarlo.

La discusión que falta

Aplicado el criterio de costo contra beneficio que propone la CEPAL, la minería responde bien en las dos mediciones disponibles: consume el 0,06% del agua provincial y paga por metro cúbico. Nada de eso la exime de acreditar fuente, caudal y controles con el mismo rigor que cualquier otra concesión, y el régimen para exigírselo existe desde antes de que hubiera un proyecto de cobre en carpeta. Pero la pregunta por el agua de la minería ya está contestada en las cifras del propio Estado provincial, y lleva un año y medio contestada.

Las que siguen abiertas son las otras. El riego por inundación sobre 13.941 kilómetros de canales, el 90% de tierra, que tributa por hectárea inscripta y no por metro cúbico derivado. Una red urbana que pierde cuatro de cada diez litros ya potabilizados. Bajar las pérdidas de agua potable del 43% actual al 25% que el propio Plan Maestro fija como meta liberaría cerca de 85 hectómetros cúbicos por año: diecinueve veces el techo de un proyecto de cobre mediano.

Neuquén está discutiendo el precio de su agua con quince años de atraso sobre su propia curva de demanda, y paga ese atraso en conflicto. Mendoza tiene la herramienta escrita, los volúmenes medidos y el margen que da no tener todavía la presión encima.

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