Dos cateos, ninguna mina y dos políticos antimineros de vuelta en Mendoza

Dos cateos de exploración registrados en San Carlos, sobre los que no se ejecutó un solo trabajo, terminaron convertidos en un “debate minero”. Desde lo minero valen lo que vale una intención; desde lo periodístico dan una crónica atendible; desde lo político no resisten el menor análisis.

Hay dirigentes que construyeron toda su carrera sobre la oposición a la minería y que, cuando la actividad no les entrega un proyecto al cual oponerse, salen igual a escena, porque el nicho hay que atenderlo aunque no haya con qué atenderlo. En Mendoza eso dejó de ser una postura y se volvió un oficio. La prueba está en lo que ocurrió estas semanas con dos pedimentos de exploración en San Carlos sobre los que nadie levantó una piedra.

Se llaman Sofía I y Mía I, se solicitaron en diciembre de 2024 y los edictos salieron en agosto. No se distinguen de ningún otro pedimento por su tamaño, ni por sus solicitantes, ni por lo que dicen buscar. Se distinguen por una sola cosa: el polígono cayó sobre las 32.000 hectáreas que un grupo de millonarios compró en el Valle de Uco para levantar un emprendimiento que dio la vuelta al mundo como supuesto refugio ante una guerra. Eso es lo único que los separa de los decenas que duermen en el catastro minero de la zona. Un cateo es un permiso para buscar, y buscar quiere decir exactamente eso: una intención declarada ante la autoridad minera, sin obligación de encontrar nada y sin ninguna certeza de que haya algo.

Lo que un cateo es y lo que no

Conviene decirlo porque buena parte de la discusión de estos días trata a estos pedimentos como si fueran una mina en construcción. Después del cateo viene, si hay algo, la manifestación de descubrimiento. En Mendoza todo eso está matizado por la presencia de la Ley 7.722, que suma más pasos y validaciones. Pero suponiendo que todo ande bien, en etapas muy posteriores aún viene el financiamiento, que es donde se cae la enorme mayoría, porque perforar cuesta millones de dólares y no los pone cualquiera.

De los pedimentos que se registran en la provincia, sólo una proporción llega a manifestación. Una fracción todavía menor llega a perforar. Y de las que perforan son pocas las que encuentran algo que justifique seguir. Esa es la estadística de la exploración en cualquier jurisdicción del mundo.

Alcanza con abrir el catastro minero para ver que esa zona está llena de cateos que no prosperaron. Pedimentos de distintas empresas y distintos años, algunos de los mismos solicitantes, que se registraron, caducaron y no dejaron rastro. Ninguno mereció una línea en ningún medio ni una pregunta en la Legislatura. Lo nuevo no es que se pida un cateo ahí: es quién resultó ser el dueño del campo.

Nadie puede impedir que se pida

Otra cosa que hay que decir, porque circuló al revés en estos días. Que el Gobierno decida potenciar ciertos distritos no significa que no se pueda pedir en el resto de la provincia. Y que un departamento sea considerado antiminero es un dato político, no una barrera jurídica.

El Código de Minería es claro: sobre una zona libre, cualquiera puede manifestar interés y solicitar un permiso de exploración. La autoridad minera no puede rechazar un pedimento porque el departamento donde cae tenga mala predisposición hacia la actividad, ni porque el dueño del campo sea conocido, ni porque la solicitud vaya a generar ruido.

Que San Carlos sea el departamento más hostil a la minería explica por qué estos cateos difícilmente prosperen. No explica ni justifica que se los trate como una anomalía administrativa.

Al frente hay una de las minas más grandes del mundo

Y hay algo más, el interés minero en esa franja de cordillera es viejo y tiene fundamento geológico.

Del otro lado del límite, en línea directa con esa zona, está El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Esa continuidad andina es la razón por la cual la franja viene siendo mirada desde hace décadas, mucho antes de que apareciera ningún emprendimiento turístico.

El caso más claro es Papagayos, una propiedad que quedó bloqueada por la ampliación de Laguna del Diamante y que sigue siendo considerada uno de los proyectos con mayor potencial de la provincia, justamente por su ubicación. Es decir: el interés por explorar ahí no lo inventaron dos solicitantes en diciembre de 2024, ni nació con la repercusión mediática de estas semanas.

Eso no convierte a Sofía I y Mía I en algo más de lo que son. Los sigue dejando en el primer eslabón de una cadena larguísima. Pero ubica la discusión donde corresponde: no se está discutiendo un capricho, se está discutiendo un pedimento en una zona que la geología volvió atractiva y que la política volvió inviable.

El costo real está en el suelo

Las minas no pertenecen al dueño del terreno. El dominio originario de los recursos es de la provincia y el Estado los concesiona, de modo que cualquiera puede solicitar sobre una zona libre sin importar quién sea el superficiario.

Pero para entrar hay que acordar la servidumbre, y ahí el cálculo cambia por completo según qué haya arriba. Cuando el superficiario es un puestero o el campo está improductivo, la indemnización se discute sobre el valor de una tierra árida de cordillera. Cuando el superficiario tiene un emprendimiento en funcionamiento y puede acreditarlo con inversión, habilitaciones y facturación, la base deja de ser el valor del campo. En etapa de cateo la ocupación es temporaria y acotada, así que el número es alto sin ser prohibitivo. El problema aparece después: si el proyecto avanzara hacia mensura y explotación, la ocupación pasa a ser permanente y el costo escala a un orden completamente distinto. Ese es el obstáculo real de estos dos cateos, y funciona sin que ningún legislador presente nada.

La desproporción como método

La coincidencia geográfica da una crónica y está bien que se haya publicado. Que dos pedimentos caigan sobre el campo donde un grupo de millonarios monta un emprendimiento que dio la vuelta al mundo es un hecho llamativo, y el periodismo hace su trabajo cuando lo cuenta. El problema empieza después, cuando el hecho llamativo se convierte en materia legislativa.

Los diputados Jorge Difonso y Rolando Scanio, ambos ex intendentes de San Carlos, presentaron un pedido de informes que reclama al Ejecutivo el programa de trabajos previsto con prospección, muestreo, geofísica, geoquímica, trincheras, calicatas, perforaciones, sondeos y voladuras, más campamentos, maquinaria, movimientos de suelo, transporte, volumen diario de agua y ubicación de las captaciones.

Cuando leo un cuestionario que pide cantidad, profundidad y ubicación proyectada de perforaciones sobre un expediente sin una sola tarea ejecutada, lo que vemos no es control. Es una escena montada sobre un trámite. Lo que piden es simplemente ridículo en una etapa de cateo. Un pedido de informes es la herramienta más barata que tiene un legislador: se presenta, se saca la foto y en la enorme mayoría de los casos duerme en comisión. Costo cero, visibilidad alta.

Hay un punto del pedido que corresponde y conviene decirlo: preguntar qué estudio cartográfico sostiene que el polígono está fuera de área de reserva es control ordinario y está bien que se pregunte. Todo lo demás no busca información. Busca instalar la imagen de una explotación inminente donde hay una intención de diciembre de 2024.

Vivir de oponerse

Mendoza viene haciendo un esfuerzo para que la discusión minera pase de la percepción al expediente. Cada vez que un trámite administrativo se convierte en amenaza inminente, ese esfuerzo retrocede un paso.

Estos dos cateos no van a modificar nada del desarrollo minero de la provincia en la actualidad. Si mañana caducan, como caducaron tantos otros en esa misma zona, el sector no lo registra. Lo que sí queda registrado es que en Mendoza hay dirigentes que ya no necesitan un proyecto para hacer campaña: les alcanza con un edicto del Boletín Oficial.

Cuando la política vive de oponerse, cualquier papel sirve. Y si un pedimento de exploración sin una sola tarea ejecutada alcanza para armar una discusión provincial, el problema ya no es la minería que se hace en Mendoza: es la que no se hace, y el vacío que deja para que cualquier trámite ocupe su lugar.

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