El mercado de carbono avanza en el Senado y abre una agenda concreta para la minería

El dato nuevo es preciso: las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminaron el 2 de septiembre un texto conjunto sobre mercados de carbono. El acuerdo reúne los expedientes S-0808/2026, S-0865/2026 y S-0718/2026. El proyecto quedó en condiciones de llegar al recinto, pero a hoy, 9 de septiembre no obtuvo media sanción.

La información parlamentaria da cuenta que publicación de Clarín Rural vinculó ese avance con el dictamen de la nueva ley de biocombustibles y mostró una convergencia política y productiva: ambos instrumentos buscan agregar valor, movilizar inversiones y reducir emisiones.

No se trata de una sola ley ni de un trámite compartido, sino de dos iniciativas diferentes que pueden complementarse en la transición energética.

La relación es concreta. Los biocombustibles pueden sustituir parte del diésel fósil utilizado en transporte, generación y equipos, mientras los mercados de carbono asignan valor a reducciones o remociones verificadas.

En una mina, esa combinación podría bajar emisiones directas y mejorar el perfil climático del cobre, litio, oro o plata que llega al comprador.

Sin embargo, usar un combustible de menor huella no crea automáticamente un bono.

Un crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente evitada, reducida o removida, medida con una metodología válida y verificada de manera independiente.

También deben probarse la adicionalidad, la trazabilidad del insumo y el balance de emisiones de todo su ciclo de vida, incluido el posible cambio de uso del suelo.

Aquí se encuentra el aporte central del análisis jurídico que hace un tiempo realizó Valeria Romero Maisonave: el desafío dejó de ser formular compromisos climáticos y pasó a construir capacidad regulatoria.

Una ley puede abrir el mercado, pero la confianza dependerá del registro, las metodologías, los verificadores, la información pública y la coordinación entre Nación y provincias.

Usos para la minería

El primer uso es compensar emisiones residuales, después de reducir la huella con eficiencia, electrificación, renovables y combustibles de menor intensidad. Los créditos deberían complementar esa estrategia, no servir para presentar como “cero” una operación que evitó modernizarse.

El segundo uso es generarlos con proyectos verificables de renovables, residuos, restauración o captura. También se estudia la mineralización de CO2 en relaves. Pero un parque solar o una tecnología emergente no generan automáticamente créditos: necesitan línea de base, adicionalidad, monitoreo y metodología aplicable.

El tercer uso es financiero. Los ingresos futuros por créditos podrían respaldar instrumentos para almacenamiento, líneas eléctricas, flotas de bajas emisiones o biocombustibles. El valor no sería “vender aire”, sino hacer financiables reducciones costosas y de largo plazo, tal como lo plantea Sandra Barceló, consultora de empresas, especialista en temas de Sustentabilidad y hoy directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan (CMSJ).

La arquitectura que falta

El dictamen unificó mercado voluntario, presupuestos mínimos ambientales y activos para el mercado de capitales. El paso ordena políticamente el debate. Todavía deberá evaluarse la redacción que llegue al recinto y cuánto quedará delegado a la reglamentación.

El nudo seguirá siendo federal: las provincias dominan sus recursos y la Nación autoriza transferencias internacionales y resguarda la contabilidad climática. Para la minería serán decisivas la titularidad, la distribución de beneficios, los derechos comunitarios y la responsabilidad ante una reversión o doble conteo.

Por qué es importante

La oportunidad minera no consiste solamente en comprar o vender bonos. Está en conectar energía, combustibles, transporte, residuos y financiamiento en una estrategia medible. Eso puede fortalecer la trazabilidad del mineral, mejorar el acceso al capital y facilitar contratos con compradores exigentes.

La estimación de hasta US$ 4.800 millones anuales difundida por impulsores muestra el potencial, pero es una proyección, no un ingreso asegurado. El resultado dependerá de demanda, precios, elegibilidad, certificación y autorización argentina para las transferencias internacionales.

Si el Senado aprueba la norma, la minería deberá aportar inventarios auditables, proyectos priorizados y contratos claros. Los créditos no reemplazan la evaluación ambiental, los permisos, el control del agua ni la reducción directa.

El dictamen acelera la oportunidad; la calidad institucional decidirá si se transforma en inversión o en una promesa difícil de verificar.

Fuentes: Senado de la Nación, plenario y dictamen del 2/09/2026, expedientes S-0808/2026, S-0865/2026 y S-0718/2026; Clarín Rural, ‘Biocombustibles y bonos de carbono’, 8/09/2026; CMNUCC, Artículo 6.4; Valeria Romero Maisonave, análisis sobre desafíos regulatorios, LinkedIn. Sandra Barceló, consultora de empresas.

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