Entre el reclamo y la respuesta: lo que la minería todavía debe hacer para ser un motor para Malargüe

En Mendoza el intendente de Malargüe, Celso Jaque, asegura que su departamento no recibió obra alguna del resarcimiento por Portezuelo del Viento y pide fondos puntuales. Ese reclamo es la excusa para mirar algo de fondo, que es la postergación histórica de esa zona de Mendoza. Hoy, la minería -junto al petróleo- aparece como la opción de desarrollo pendiente para Malargüe, pero el propio Jaque tuvo alguna vez en sus manos una llave para destrabarla que no terminó de girar.

¿Qué falta para que la minería sea una respuesta real y concreta para ese departamento mendocino? Es la pregunta que conviene hacerse cuando el reclamo por fondos vuelve a poner a Malargüe en la agenda, porque la salida que hoy se le pide a la Provincia pasó antes, aunque de otra forma, por las manos del mismo intendente que la reclama.

Un reclamo que vuelve

Jaque sostiene que Malargüe no tiene obras financiadas con el resarcimiento de US$1.023 millones que Mendoza recibió por la cancelación de Portezuelo del Viento, la represa que iba a construirse en ese departamento. Pide dos obras puntuales: el gasoducto Papagayos-Malargüe, que llegaría hasta El Sosneado, Los Molles y Las Leñas y que él mismo había licitado en 2011, con un costo estimado de US$80 millones, y la finalización de unos 80 kilómetros de la Ruta Nacional 40 entre La Pasarela y Ranquil Norte.

Frente a ese vacío, el horizonte de desarrollo que hoy se le abre a Malargüe no es amplio: la minería y el petróleo aparecen como las dos alternativas concretas para revertirlo. Y en materia minera, la mejor oportunidad que tuvo el departamento no se perdió por falta de recurso ni de interés de las compañías: se jugó, y se perdió, durante la propia gestión de Jaque como gobernador, con Potasio Río Colorado.

La mejor oportunidad que tuvo Malargüe, perdida por una firma

El antecedente que conviene mirar antes de darle la razón sin matices es Potasio Río Colorado, el yacimiento de potasio que la brasileña Vale adquirió en 2009 en el sur de Malargüe y para el que llegó a anunciar, hacia fines de 2011, una inversión cercana a US$6.000 millones.

En 2007, cuando Jaque asumió como gobernador, el dictamen técnico para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto ya estaba terminado. Faltaba solo la firma del entonces titular de Ambiente de su propio gobierno, Guillermo Carmona. Esa firma tardó dos años en llegar: la DIA recién se aprobó en 2009, cuando Vale ya era la dueña del proyecto. Técnicos que participaron del expediente calcularon que, de haberse aprobado en 2008, el proyecto podría haber entrado en operación ya en 2011.

Esos dos años terminaron pesando más que cualquier otro factor. Vale anunció la suspensión de las obras en marzo de 2013, afectando a 5.200 trabajadores, en medio de una combinación de costos que se dispararon, complejidades logísticas no resueltas y precios internacionales del potasio a la baja. Si la mina hubiera entrado en producción en 2011, como calculaban los propios técnicos, habría llegado a ese momento con flujo de caja propio y una inversión ya amortizada en parte: la caída de precios probablemente hubiera obligado a ajustar el proyecto, no a cerrarlo. La demora administrativa de 2007 a 2009 -bajo la gobernación del mismo Jaque que hoy pide velocidad para Malargüe- es la que corrió ese calendario hasta ponerlo del lado equivocado del ciclo de precios.

La demora tampoco fue un simple cuello de botella burocrático. Carmona, era identificado en su gestión como un funcionario abiertamente crítico de la minería, que además celebró el freno que tuvo el proyecto San Jorge. La demora de la DIA de Potasio Río Colorado no fue sólo lentitud administrativa. Fue, dentro del gobierno que Jaque encabezaba, una decisión política de no acelerar un expediente que ya tenía el visto técnico.

Potasio Río Colorado tampoco es hoy un caso cerrado que sirva de referencia de lo que la minería sí puede resolver rápido. El proyecto volvió a manos mendocinas y quedó, desde 2023, bajo el alero de Minera Aguilar. El obstáculo de fondo sigue siendo el mismo que dejó Vale sin resolver en 2013: el tren. Trece años después de la suspensión, el yacimiento que debía ser la gran mina de Malargüe todavía no tiene resuelto el problema logístico que, junto con la demora de la DIA, lo sacó de carrera la primera vez.

El candado que sigue cerrado: Don Sixto y la Ley 7.722

Si el proyecto que ya tiene DIA, dueño e inversión comprometida no tiene una fecha cierta de producción, menos puede prometerla el que ni siquiera puede arrancar. Don Sixto, a 180 kilómetros de Malargüe entre ese departamento y San Rafael, es un yacimiento de oro con 1,3 millones de onzas estimadas, en manos de Pan American Silver desde abril de 2023, cuando la canadiense lo sumó al comprar Yamana Gold por más de US$1.000 millones.

Lleva casi dos décadas inactivo. La razón es la Ley 7.722, sancionada en 2007: sin solución cianurada no hay forma económica de procesar el oro de Don Sixto, y el intento de flexibilizar la ley en 2019 duró nueve días antes de derogarse por protestas masivas. Pan American mantiene el yacimiento evaluado pero inactivo. El bloqueo depende de la norma, no del recurso ni del interés de la compañía, y hoy no hay ningún proyecto de reforma.

La exploración minera como motor

Don Sixto marca el techo normativo, pero la exploración minera sí puede ser una fuente real de desarrollo para Malargüe si se la mira en la escala en la que se mueve en otras provincias: en distritos como San Juan, la exploración mueve cientos de millones de dólares por año. El problema es que esos procesos son lentos, y Mendoza ya perdió unos 20 años en los que ese financiamiento fue a parar a otros distritos. Por eso, como enseña el propio caso de Potasio Río Colorado, la clave está en aprovechar la ventana cuando se abre: si no se la aprovecha, después queda tratar de apurar procesos que ya perdieron tiempo, corriendo detrás de un financiamiento y de una exploración a los que todavía no se llegó. Mendoza no tiene, hoy, un problema de volumen de proyectos: entre Malargüe Distrito Minero Occidental I y II ya suma 67 iniciativas con Declaración de Impacto Ambiental aprobada, y va por una tercera etapa con 71 proyectos más en evaluación. El cuello de botella no es cuántos proyectos entran al sistema, sino cuánto financiamiento consiguen una vez adentro: eso depende de un trabajo sostenido de gestión y promoción, en una provincia que retomó la actividad minera hace apenas tres años y todavía construye la confianza que otros distritos ya tienen consolidada.

Dentro de ese panorama hay una buena noticia concreta. Kobrea Exploration, dueña de siete proyectos de cobre dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental, cerró una alianza con BHP Metals Exploration, la división de exploración de la mayor minera de cobre del mundo. Es, hasta ahora, el caso más avanzado del distrito. Kobrea ya ejecutó la primera perforación profunda de la zona, en el proyecto El Perdido, y confirmó un sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno, pero sigue siendo un caso aislado dentro de un esquema con 67 proyectos aprobados y 71 más en camino. Es la prueba de que el financiamiento internacional empieza a mirar a Malargüe, y también de lo difícil que resulta multiplicar ese arranque: conseguir que la exploración pase de promesa a plata en caja es uno de los eslabones más complejos de toda la cadena de desarrollo minero.

El tren que Mendoza no puede volver a perder

Malargüe tiene, hoy, tres piezas distintas de lo que podría ser su respuesta minera. Tiene potencial exploratorio genuino, todavía a la espera de que alguno de los 71 proyectos de MDMO III se convierta en descubrimiento. Tiene un proyecto concreto y con historia en Potasio Río Colorado, pero atado a un financiamiento y una logística que trece años después de la primera suspensión siguen sin resolverse. Y tiene un yacimiento evaluado y cuantificado en Don Sixto que, mientras la Ley 7.722 no se toque, sigue siendo apenas un anhelo.

La minería puede ser desarrollo para Malargüe, pero hoy depende de resolver, uno por uno, cada uno de esos tres frentes.

Ahí aparece la paradoja que atraviesa todo el reclamo. La pieza más avanzada de esas tres, Potasio Río Colorado, dejó de ser la gran oportunidad de Malargüe por una demora de dos años ocurrida dentro del propio gobierno de Jaque. El intendente que hoy le exige velocidad a la Provincia y a la Nación es el mismo que, como gobernador, tuvo esa velocidad en sus manos y no la ejerció. La cuenta que reclama hoy es, en parte, la que él mismo dejó pendiente.

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