El discurso de Orrego por la Ley de Glaciares ante la comisión de Minería en el Senado

El pasado jueves, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en representación de la Mesa del Cobre, expuso ante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación con el objetivo de manifestar el apoyo de las provincias mineras a las aclaratorias propuestas a la Ley de Protección de Glaciares, 

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A continuación, el discurso completo del mandatario provincial: 

Estimados miembros del Honorable Senado de la Nación:

Como Gobernador de San Juan y Presidente de la mesa del Cobre, vengo en primer lugar a manifestar de manera taxativa y terminante, que en San Juan queremos proteger los glaciares y geoformas del ambiente periglaciar, en tanto resulten ser reservas de agua relevantes y estratégicas. Por lo tanto, necesitamos disponer y aplicar una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares.

Por eso, hemos expresado reiteradamente nuestra voluntad de concertación federal para lograr una clarificación y la constitucional interpretación de la actual ley 26.639. Necesitamos que ella se aplique en armonía con el desarrollo sostenible y la razonable explotación de nuestros recursos naturales. Esto es necesario para lograr desarrollo económico y social, trabajo y prosperidad para nuestros ciudadanos.

Es por eso que hemos promovido activamente, y venimos a apoyar, este proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos mínimos para la protección de Glaciares, a fin de eliminar las incertidumbres y distorsiones generadas en su implementación. Buscamos asegurar su interpretación armónica con la Constitución y su correcta aplicación en todo el territorio nacional.

Desde San Juan nunca hemos planteado confrontar ni eliminar la Ley de Glaciares, tampoco cambiar el objeto de protección de la misma, menos aún reducir sus estándares ambientales. Solo perseguimos definiciones claras y seguridad jurídica para el desarrollo. La inquietud viene de haber convivido con la ley actual por 15 años, entendiendo que deben hacerse aclaraciones necesarias a fin de que el objeto de protección responda al verdadero fin último de la misma, que es proteger el recurso hídrico.

Lo que encontramos es que la ley actual, tal como fue redactada y promulgada originalmente, sufre de imprecisiones que, al pretender aplicarla, generan interpretaciones distorsionadas que la alejan del espíritu original de protección del recurso hídrico, impidiendo una explotación armónica y sostenible de recursos naturales. Las aclaraciones que se proponen, creemos que apuntan a especificar los conceptos técnicos y jurídicos, manteniendo el nivel de protección del recurso hídrico. No son reformas que tienden a disminuir el nivel de protección, sino son aclaraciones que ordenan y permiten determinar con mayor precisión el objeto a proteger.

Este pedido y apoyo de clarificar la ley, está inspirado en el interés común por promover inversiones que permitan alcanzar un desarrollo sostenible de actividades económicas licitas e infraestructuras necesarias para el progreso de la Nación en su conjunto. En su momento, y expresamente con relación a la aplicación de la Ley 26.639, la Corte Suprema convocó a la Nación y a las provincias a un federalismo de concertación, reconociendo la necesidad de que las provincias participen activamente en la clarificación de los alcances, interpretación y aplicación de la Ley. Todo esto, en un marco de cooperación interjurisdiccional, que es lo que hemos venido haciendo desde las mesas interprovinciales del Cobre y del Litio, en dialogo permanente con autoridades nacionales.

Este llamado, refuerza la importancia de que el gobierno federal contemple las particularidades regionales y las competencias provinciales en la clarificación de las disposiciones de la mencionada ley, garantizando así que las políticas de protección de glaciares se lleven a cabo en armonía con el sistema federal.

Entre las cosas más significativas para Argentina, están las oportunidades en materia de producción de Litio y Cobre, con la posibilidad de incluir a nuestro país entre los mayores productores mundiales de estos minerales. Esto implica inversiones, ingreso de divisas, generación de puestos de trabajo, agregado de valor local con desarrollo de proveedores, mayor pago de impuestos, además de regalías y aportes a obras de infraestructura. En el caso de la minería, es una de las actividades que más tributos paga, pues aporta lo que cualquier empresa de otras actividades, pero además deja regalías y aportes a fideicomisos de infraestructura.

La mayor parte de los tributos de la minería son recaudados por la Nación (IVA, Ganancias, Cargas Laborales y sociales, entre otros). Algunos de estos tributos engrosan la masa coparticipable, compartiendo beneficios con todas las provincias argentinas. En la actualidad tenemos proyectos de cobre y litio de clase mundial que representan oportunidades de inversión por más de 35.000 millones de dólares. La mayoría de estos proyectos requieren de la clarificación legal que se propone, y necesaria seguridad jurídica, para poder ampliarse o iniciar efectivamente inversiones y operaciones de construcción y explotación.

Grandes Países desarrollados del mundo y comprometidos con buenas prácticas ambientales, hacen minería. Australia, Canadá, Noruega, Suecia y Estados Unidos, entre otros, tienen a la minería como uno de sus principales motores económicos. Países vecinos como Chile y Perú también demuestran una sana convivencia entre minería y otras actividades como la agricultura, la pesca y el turismo.

Argentina puede y debe, contribuir con la explotación de minerales críticos, a que el mundo avance en la descarbonización, electromovilidad y el uso de energías renovables. Ellas requieren, entre otros minerales, del cobre y el litio que tiene nuestro país. Esa demanda ya es creciente a futuro y nos desafía. Hoy hablar de ambiente es hablar de minería. NO hay mejora del ambiente sin minería sostenible.

En San Juan también puede darse un círculo virtuoso de sustentabilidad, pues siendo una provincia bendecida por el Sol y líder en generación de energía fotovoltaica, podemos además crecer en esta actividad proveyendo a todas nuestras industrias y actividades, incluida la minería, con un 100% de energías limpias.

La ley, en su actual redacción, no permite una clara diferenciación entre la protección del ambiente glacial, que si resulta más obvia, y el alcance de la definición de la protección en el ambiente periglacial. Esto es así porque no permite distinguir con claridad, en estas últimas áreas, a las geoformas que hacen aportes hídricos relevantes, de las que no lo hacen. La ley siempre busco proteger reservas activas de agua con función hídrica relevante. Ellas son el verdadero objeto de protección de la ley y eso no se modifica.

En la práctica, estas indefiniciones impiden evaluar si se pueden realizar actividades licitas en zonas en las que perfectamente podrían realizarse. Con el nuevo texto propuesto, las formas de relieve del ambiente glacial seguirán protegiéndose de la misma manera, pero ahora, en el ambiente periglacial se aporta mayor precisión con la posibilidad de realizar una evaluación ambiental especifica y exhaustiva, incluso por parte de la autoridad competente provincial, para demostrar que tiene una función hídrica relevante, y en caso negativo retirarla del inventario de glaciares y solo ante esa circunstancia permitir actividades licitas.

Igualmente, en este último punto señalado, debemos decir que estas áreas que pudieran quedar excluidas de la ley de protección de glaciares, por no resultar con aportes hídricos relevantes, continúan alcanzadas y protegidas por la Ley General del Ambiente. No son áreas que quedan sin protección, simplemente son áreas alcanzadas por otra legislación.

Es por todo ello que, emprender un proyecto de ley que aclare la mencionada norma y asegure los estándares de protección previstos por ella, traerá consigo los siguientes beneficios:

Contribuir a una adecuada evaluación ambiental por parte de las autoridades competentes provinciales, que son constitucionalmente las dueñas de los recursos, permitiendo consolidar el demorado desarrollo sostenible del interior argentino.

Lograremos desarrollar múltiples actividades del hombre en estas zonas, como ocurre en todas las zonas periglaciales del mundo. Esto no beneficia solamente a la actividad minera, también permite desarrollar infraestructura vial, de comunicación, proyectos energéticos, turísticos y obras binacionales, coexistiendo y colaborando con el cuidado exhaustivo del ambiente y del recurso hídrico.

Los cambios que aporta el proyecto que hoy debatimos no otorgan a las provincias una facultad, sino que recuperan el orden constitucional y reconocen una propiedad y una facultad prevista por la propia Constitución Nacional. Los constituyentes solo reservaron a la Nación definir presupuestos mínimos de protección ambiental. Todo lo demás es competencia originaria de las provincias.

Por otro lado, en la Provincia de San Juan, se dispone de información novedosa y detallada sobre el ambiente periglacial, generada a partir de estudios realizados por diversos proyectos científicos e industriales desarrollados en zonas de montaña. Con ello es posible responder de manera inmediata y fundada a las funciones que reconoce la nueva redacción legal al recuperar las competencias de las provincias.

• El Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
• El Gabinete de Estudios de Geo Criología y Cambio Climático, también de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
• El Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería

Con estas instituciones la provincia ya viene realizando estudios de significancia hídrica y del inventario provincial de glaciares. Estamos preparados y al mejor nivel. Lo que la ley propuesta reconoce como facultad a las provincias, en San Juan estamos en condiciones de hacerlo, y por cierto, ya lo hemos hecho.

Reiterando, una de las motivaciones que impulsa este proyecto es que, tras 15 años de vigencia de la Ley Nacional de Glaciares, existen hoy fundamentos suficientes para clarificarla y aplicarla en armonía con la Constitución Nacional. En este marco, resulta posible compatibilizar el desarrollo de actividades industriales licitas, con el cumplimiento de la legislación vigente.

Esta es la casa de las provincias, la casa del federalismo. Confiemos en las provincias, son preexistentes a la Nación, son las verdaderas dueñas de los recursos. Nadie mejor que ellas para cuidar, habilitar y controlar el aprovechamiento sostenible de los mismos. 

Del plenario de comisión, participó el gobernador de Catamarca Raúl Jalil (en representación de la Mesa del Litio), quien también expuso y manifestó el apoyo a las modificaciones del proyecto.