En Mendoza, las provincias mineras plantearon una agenda federal para atraer inversiones y acelerar proyectos

Autoridades de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy coincidieron en la necesidad de planificar obras de energía y transporte, mejorar el acceso al financiamiento para la exploración y preparar trabajadores para los nuevos proyectos. También expusieron experiencias de control ambiental y participación de las comunidades.

La necesidad de coordinar políticas entre las provincias con actividad y potencial minero fue uno de los principales puntos de coincidencia entre los representantes de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy, durante un encuentro realizado en el marco de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible. Los funcionarios plantearon que el crecimiento de la industria requiere una agenda que trascienda los límites provinciales y contemple de manera conjunta las inversiones en infraestructura, la formación de trabajadores, el financiamiento y los controles ambientales.

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El panel reunió a Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan; José Ignacio Lupión, ministro de Producción y Minería de Salta; Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca; José Gómez, ministro de Minería de Jujuy, y Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza. La discusión fue moderada por Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Uno de los ejes centrales fue la infraestructura que demandará la cartera de proyectos en desarrollo. Las autoridades señalaron que las necesidades de energía, rutas, transporte y logística no pueden abordarse únicamente desde cada jurisdicción, debido a que los corredores de abastecimiento y las redes de servicios pueden beneficiar a emprendimientos ubicados en distintas provincias.

En ese sentido, se propuso cruzar los cronogramas de los proyectos con las futuras demandas de electricidad, transporte y empleo para identificar qué obras pueden atender a más de una provincia y cuáles podrían convocar inversiones privadas. También se mencionó la importancia de integrar a los proveedores de distintas regiones a las cadenas de abastecimiento de los emprendimientos mineros.

La planificación de corredores logísticos fue otro de los puntos del debate. La conexión entre los centros industriales, las zonas productivas y los pasos fronterizos aparece como un factor relevante para reducir costos y facilitar el traslado de insumos y equipos. Los funcionarios también plantearon la posibilidad de ampliar la participación de empresas de provincias que no tienen una actividad minera de gran escala, pero cuentan con capacidades industriales y tecnológicas que pueden incorporarse como proveedoras.

Financiamiento: el desafío de sostener la exploración

El acceso al capital fue otro de los temas abordados, especialmente para los proyectos que todavía se encuentran en etapas tempranas. Los funcionarios coincidieron en que la exploración requiere herramientas de financiamiento y condiciones de previsibilidad que permitan atraer inversiones cuando aún existe un alto nivel de incertidumbre geológica.

En ese marco, se destacó la importancia de contar con información geológica, ambiental y social confiable, además de procedimientos administrativos claros y reglas estables. También se planteó la necesidad de preparar a las empresas para cumplir con los requisitos de información y gobierno corporativo que exigen los mercados internacionales de capitales.

El ministro salteño José Ignacio Lupión sostuvo que la seguridad jurídica y la transparencia son condiciones centrales para atraer inversiones de largo plazo. La discusión también incluyó la posibilidad de compartir experiencias y mecanismos entre las provincias para facilitar los procesos de evaluación y acompañamiento de los proyectos.

Formación de trabajadores y desarrollo de proveedores

La disponibilidad de mano de obra especializada fue otro de los puntos que atravesó el encuentro. El crecimiento de los proyectos de cobre, litio y oro demandará técnicos, profesionales y trabajadores con formación específica, por lo que las autoridades consideraron necesario anticipar las necesidades laborales y coordinar la oferta educativa con la demanda de las empresas.

En ese apartado, Juan Pablo Perea expuso la experiencia de San Juan con aulas híbridas, una modalidad que permite acercar tecnicaturas y capacitaciones a comunidades vinculadas con la actividad minera. El planteo apuntó a ampliar el acceso a la formación profesional más allá de los principales centros urbanos y preparar trabajadores para las oportunidades que puedan surgir en los distintos proyectos.

El funcionario sanjuanino remarcó que el desarrollo de la minería debe dejar capacidades instaladas en las comunidades y señaló que la educación es uno de los activos que permanecen una vez que termina la explotación de un yacimiento.

La integración de proveedores también formó parte de la agenda. Los representantes provinciales señalaron que las empresas locales pueden ampliar su participación en la cadena minera si existe una mayor coordinación entre jurisdicciones y se identifican con anticipación las demandas de bienes y servicios de los proyectos.

Controles ambientales y participación comunitaria

El intercambio también incluyó experiencias vinculadas con el monitoreo ambiental y la participación de las comunidades. Desde Catamarca, Teresita Regalado describió los controles participativos del agua y el estudio de impacto acumulativo que se desarrolla en el Salar del Hombre Muerto, con especial atención sobre la cuenca del río Los Patos.

El objetivo de este tipo de evaluaciones es analizar cómo inciden distintas actividades sobre un mismo sistema hídrico y aportar información para las decisiones ambientales. La experiencia fue presentada como una herramienta para ampliar la información disponible y fortalecer los mecanismos de seguimiento.

Por su parte, José Gómez explicó que en Jujuy existen distintas instancias de participación durante la evaluación de los informes de impacto ambiental y que, una vez aprobados los proyectos, se realizan monitoreos participativos trimestrales. Según indicó, la provincia llevó adelante 37 controles de este tipo durante el último año.

El funcionario también destacó la participación de comunidades en estudios sobre recursos hídricos y el acceso a sus resultados. En su exposición, vinculó estos mecanismos con la construcción de confianza y con la posibilidad de que las poblaciones cercanas a los emprendimientos se incorporen a la actividad mediante empresas proveedoras.

La discusión dejó planteado un desafío que atraviesa a las principales jurisdicciones mineras del país: el desarrollo de proyectos de gran escala no dependerá solamente de la disponibilidad de recursos minerales o de la llegada de capitales. También requerirá infraestructura compartida, trabajadores capacitados, proveedores competitivos, información ambiental y mecanismos de control que puedan sostenerse durante toda la vida de las operaciones.

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El encuentro se realizó durante la primera jornada de la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que reunió a representantes de los gobiernos provinciales, empresas, inversores y entidades del sector. La agenda común planteada por las cinco jurisdicciones apunta a que la expansión minera pueda apoyarse en una mayor coordinación regional, en lugar de avanzar mediante iniciativas aisladas.