Disputa por los aportes

Dos diputados pidieron a la Defensoría del Pueblo que lleve a la Justicia el acuerdo de San Juan con Vicuña

Mario Herrero y Graciela Seva quieren que el organismo solicite una cautelar para suspender el Acta Compromiso, que prevé un anticipo de hasta USD 250 millones para obras de infraestructura. Cuestionan el esquema de pagos, las regalías y el alcance de las obligaciones ambientales. El Gobierno defendió el acuerdo y, hasta el 19 de noviembre, no se había confirmado una demanda judicial.
Mario Herrero y Graciela Seva
Mario Herrero y Graciela Seva

Dos días después de que la Legislatura aprobara el contrato del fideicomiso, los diputados de San Juan Vuelve acudieron a la Defensoría del Pueblo para cuestionar el acta de agosto que le dio origen.

Herrero y Seva solicitaron que el organismo, a cargo de Florencia Peñaloza, promueva una acción judicial y pida una medida cautelar, dos pasos que no se habían confirmado al cierre de esta nota.

El Acta Compromiso fue firmada el 5 de agosto y aprobada el 19 de ese mes mediante la Ley 2836-M, mientras que el contrato votado el 17 de noviembre establece cómo se administrarán los fondos, con el Banco San Juan como fiduciario.

El esquema anunciado por Vicuña combina el anticipo para infraestructura con un aporte del 1,5% de las ventas brutas desde el sexto año de operaciones, separado de las regalías provinciales, que se estabilizan en el 3%.

Cabe recordar que la directora de la Defensoria del Pueblo, Florencia Peñaloza viene del peronismo sanjuanino, del sector que lidera el exintendente de Rawson Mauricio Ibarra, y antes de asumir como defensora en diciembre de 2023 fue diputada provincial por representación proporcional entre 2019 y 2023, electa por ConFe dentro del Frente de Todos.

Su designación en la Defensoría surgió de un acuerdo entre el uñaquismo y el orreguismo.

Qué se objeta

Herrero sostuvo que el anticipo sería inferior a lo que la Provincia podría obtener si cobrara el 1,5% desde el primer año de explotación, aunque no presentó en la conferencia el cálculo completo en el que basa esa comparación.

El bloque también cuestionó que las regalías queden en el 3%, cuando la legislación nacional permite llegar al 5% para nuevos proyectos bajo determinadas condiciones.

En materia ambiental, los diputados sostienen que el convenio sustituye compromisos previstos en las declaraciones de impacto ambiental, una objeción que requiere contrastar el acta con las resoluciones y los expedientes técnicos del proyecto que integra Josemaría y Filo del Sol.

La respuesta oficial

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, calificó el reclamo de “chicana política” y defendió el uso del fideicomiso como una mejora respecto de los acuerdos de gestiones anteriores, aunque aclaró que todavía no había revisado los detalles de la presentación.

El acuerdo sigue vigente: el próximo paso depende de si la Defensoría decide llevar el planteo a la Justicia y, en ese caso, de lo que resuelva el tribunal sobre la cautelar.

 

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