Transparencia minera

Fernanda Ávila quiere que las mineras publiquen sus inversiones, uso del agua y compras a proveedores

La diputada catamarqueña, que fue secretaria de Minería durante el gobierno de Alberto Fernández, impulsa una ley para garantizar el acceso público a información económica, ambiental y social de la actividad. La propuesta busca convertir en obligación legal la publicación de datos sobre inversiones, empleo, recursos naturales y contratación de empresas nacionales y provinciales.
Fernanda Ávila, diputada nacional por Catamarca y exsecretaria de Minería, impulsa una ley para ampliar el acceso público a la información minera.
Fernanda Ávila, diputada nacional por Catamarca y exsecretaria de Minería, impulsa una ley para ampliar el acceso público a la información minera.

La iniciativa busca darle rango legal al Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM), creado en 2022 por una resolución del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo durante la presidencia de Alberto Fernández.

Ávila conoce el funcionamiento del sistema porque fue secretaria de Minería de la Nación durante aquella administración, después de haberse desempeñado como ministra de Minería de Catamarca en el gobierno de Raúl Jalil.

Su designación nacional fue anunciada en diciembre de 2021 y continuó en el cargo cuando Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, hasta su llegada a la Cámara de Diputados en diciembre de 2023.

Los motivos

Uno de los principales argumentos de la legisladora es que la información minera no debería depender de las decisiones administrativas de cada gobierno, sino constituir una obligación permanente del Estado nacional.

En los fundamentos del proyecto, Ávila sostiene que el acceso a datos confiables permite fortalecer la transparencia, mejorar las políticas públicas y facilitar la participación de las comunidades en las decisiones vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales.

La iniciativa también pretende reunir información que actualmente se encuentra distribuida entre organismos nacionales, autoridades provinciales y distintas dependencias que intervienen en la regulación y fiscalización de la minería.

El portal deberá incorporar datos económicos, geológicos, geográficos, sociales, sanitarios y ambientales, para que cualquier ciudadano pueda consultar información sobre el desarrollo de la actividad en las diferentes provincias.

Entre los antecedentes mencionados figura el reconocimiento que recibió el SIACAM en 2023 durante la Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), realizada en Dakar, Senegal.

Información exigida

El proyecto contempla publicar información sobre las empresas comprendidas en la Ley de Inversiones Mineras 24.196 y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de la ubicación de sus proyectos, los recursos minerales y las exportaciones generadas.

También prevé difundir los aportes tributarios de la minería, el consumo de agua y energía, las estadísticas de empleo por provincia y género y las tasas de accidentabilidad y mortalidad laboral.

En materia ambiental, contempla informes de impacto ambiental, estudios de línea de base y planes de mitigación, documentos fundamentales para conocer las condiciones de aprobación y desarrollo de los emprendimientos.

Otro aspecto relevante del proyecto es la información sobre compras de bienes y contrataciones de servicios a proveedores nacionales y provinciales, una cuestión que adquiere mayor importancia ante las inversiones previstas en proyectos de cobre, oro y litio.

Control de proveedores

La disponibilidad de información sobre contrataciones permitiría evaluar qué participación tienen las empresas argentinas en los negocios generados por los grandes proyectos mineros y qué oportunidades comerciales llegan efectivamente a las provincias.

Este aspecto cobra especial interés después de las discusiones vinculadas con las condiciones de contratación de proveedores dentro del RIGI y los reclamos de sectores industriales que demandan financiamiento para competir con empresas extranjeras.

Sin embargo, el texto conocido no obliga expresamente a individualizar cada contrato, identificar a todos los proveedores adjudicatarios ni publicar los montos correspondientes a cada operación, por lo que el alcance efectivo de la transparencia dependerá del nivel de detalle que finalmente se exija.

Responsabilidad estatal

La Secretaría de Minería de la Nación sería la autoridad encargada de aplicar la ley y podría solicitar colaboración al INDEC, SEGEMAR, ARCA y otros organismos nacionales y provinciales para reunir y actualizar la información.

El proyecto establece que los informes y sus modificaciones deberán actualizarse al menos cada 30 días hábiles y considera falta grave de los funcionarios responsables el incumplimiento de las obligaciones de difusión, remisión o publicación.

Para provincias como San Juan, Catamarca, Salta y Santa Cruz, el acceso a información comparable permitiría examinar con mayor precisión los resultados económicos de la minería, las inversiones concretadas y sus efectos sobre el empleo, las contrataciones y los recursos naturales.

Sin embargo, el funcionamiento del sistema también exigirá coordinación con las autoridades provinciales, que conservan competencias fundamentales sobre los recursos mineros y los controles ambientales.

La discusión tendrá así dos dimensiones: establecer obligaciones permanentes de información pública y determinar si el Estado dispone de los mecanismos necesarios para garantizar que los datos sean completos, verificables y estén actualizados.

El desafío será que la transparencia no se limite a publicar estadísticas generales, sino que permita conocer con precisión cuánto invierten las empresas, qué aportan a las provincias, cómo utilizan los recursos naturales y qué participación tienen los proveedores argentinos en los proyectos.

 

 

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