Cómo "detonar" la credibilidad

Milei cambia las reglas del RIGI y abre una crisis de confianza con los empresarios argentinos

El Gobierno modificó las condiciones para reconocer a los proveedores locales de las grandes inversiones y abrió interrogantes sobre la coherencia de su política productiva, apenas semanas después de promover rondas de negocios para fortalecer a las empresas argentinas. La decisión enfrenta los objetivos de atracción de capitales con las expectativas de la industria nacional y plantea una discusión sobre quiénes se benefician con las nuevas reglas.

El gobierno de Javier Milei acaba de introducir modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que obligan a plantear una pregunta mucho más profunda que la discusión sobre quién puede ser considerado proveedor local: ¿existe una política de desarrollo productivo coherente o las reglas se van acomodando sobre la marcha según las necesidades de los grandes inversores?

El Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial, elimina la exigencia de participación mayoritaria de capitales con domicilio en Argentina para que una sociedad pueda ser considerada proveedora local, permitiendo que empresas constituidas y domiciliadas en el país accedan a esa categoría independientemente del origen de sus accionistas.

El Gobierno sostiene que esta modificación busca ampliar la competencia, integrar más empresas a las cadenas de abastecimiento y facilitar el desarrollo de las inversiones, argumentos que tienen una lógica económica, pero que no despejan las dudas sobre el impacto concreto en las empresas nacionales que esperaban participar de esos negocios.

Lo verdaderamente desconcertante es que la decisión llega apenas semanas después de que el propio Ministerio de Economía organizara en Rosario una ronda de negocios destinada a vincular a los grandes proyectos del RIGI con proveedores argentinos, una actividad que fue presentada como una oportunidad para desarrollar la industria, ampliar mercados y generar nuevos contratos.

El encuentro del 29 de octubre fue promovido oficialmente bajo la consigna de conectar proveedores nacionales con grandes inversores, con la participación de gobernadores, funcionarios nacionales, representantes de la UIA, empresas mineras y cientos de proveedores interesados en acceder a los contratos que demandarán las grandes inversiones.

La cercanía entre ambos acontecimientos obliga a formular otra pregunta: ¿el Gobierno descubrió durante las reuniones de Rosario que los proveedores argentinos no estaban preparados para responder a las exigencias de las grandes inversiones o que sus precios y condiciones comerciales no resultaban competitivos frente a los de las empresas extranjeras?

Si esa fuera una de las razones que motivaron la modificación, correspondería explicar cuáles fueron las dificultades detectadas, qué sectores no pudieron responder a las demandas de las operadoras y qué medidas se adoptarán para mejorar su competitividad, porque hasta ahora no se conocen resultados públicos de aquella ronda de negocios que permitan sostener semejante conclusión.

Por el contrario, lo que quedó expuesto fue que numerosos proveedores necesitan financiamiento para adquirir equipamiento, incorporar tecnología, ampliar instalaciones y contar con el capital de trabajo que exigen contratos de gran magnitud, una situación muy diferente de afirmar que carecen de capacidad técnica o experiencia para prestar servicios.

La diferencia es fundamental, porque una empresa puede ser perfectamente competitiva desde el punto de vista técnico y, sin embargo, encontrarse en desventaja frente a un competidor extranjero que accede a créditos más baratos, mayores garantías y respaldo financiero de su casa matriz.

¿El problema que el Gobierno pretende resolver es la falta de oferta nacional, los costos de los proveedores argentinos o la necesidad de facilitar el ingreso de empresas extranjeras a las contrataciones que deben computarse como locales?

Son tres situaciones diferentes que requieren respuestas diferentes, y hasta ahora el Gobierno no ha presentado un diagnóstico público suficientemente detallado que permita establecer cuál de ellas explica la modificación.

Lo que resulta difícil de conciliar es que, mientras los proveedores argentinos reclamaban herramientas para competir, la primera respuesta normativa haya sido ampliar el universo de competidores sin anunciar simultáneamente una solución concreta para las dificultades financieras planteadas en Rosario.

Pero hubo un planteo recurrente entre los empresarios que participaron de las conversaciones: la necesidad de financiamiento para estar en condiciones de responder a las exigencias de las grandes operadoras y competir con empresas extranjeras que cuentan con mayor respaldo económico.

Los proveedores no fueron a Rosario solamente a pedir contratos ni a reclamar protección frente a la competencia internacional, sino también a plantear que necesitan crédito, capital de trabajo, garantías y financiamiento para adquirir equipos, incorporar tecnología, ampliar instalaciones y contratar personal antes de comenzar a facturar por los servicios que puedan adjudicarse.

El reclamo tenía tanta importancia que la propia organización incorporó un panel específico sobre herramientas financieras, con representantes del sistema de garantías, del mercado de capitales y de entidades bancarias que debían contribuir a resolver esas limitaciones.

Y ahora, cuando esas empresas todavía necesitan respuestas concretas para financiar su crecimiento, el Gobierno modifica las reglas para ampliar el universo de competidores que pueden acceder a las contrataciones consideradas locales.

Competir sin crédito

La contradicción adquiere mayor dimensión cuando se analiza cómo funcionan las grandes contrataciones mineras, industriales y energéticas.

Una empresa argentina puede contar con capacidad técnica, experiencia, trabajadores capacitados y conocimiento del territorio, pero difícilmente pueda competir en igualdad de condiciones si necesita financiar maquinaria con créditos caros, comprometer garantías que no tiene o esperar meses para recuperar el dinero invertido en un contrato.

Una multinacional, en cambio, puede disponer del respaldo de su casa matriz, financiamiento internacional, mayores volúmenes de compra, tecnología y capacidad para absorber riesgos comerciales que muchas pequeñas y medianas empresas argentinas no están en condiciones de afrontar.

La competencia no se desarrolla solamente en el precio de una licitación, sino también en las condiciones financieras con las que cada empresa llega a esa instancia.

Por eso, cuando los proveedores reclamaban financiamiento en Rosario, estaban señalando una limitación estructural para aprovechar las oportunidades que el propio Gobierno les había prometido.

Resulta difícil comprender que la respuesta inmediata de la política económica sea ampliar la competencia sin presentar simultáneamente un programa suficientemente concreto de financiamiento productivo que permita a las empresas argentinas enfrentar el nuevo escenario.

No se trata de pedir que se les adjudiquen contratos por el solo hecho de ser argentinas ni de cerrar las puertas a capitales extranjeros que generan empleo, tributan y desarrollan actividades en el país.

Se trata de advertir que abrir la competencia sin atender las desigualdades de financiamiento puede terminar favoreciendo a quienes ya tienen capital, escala y acceso al crédito, mientras quienes deben desarrollarse para abastecer a los proyectos quedan relegados.

La pregunta es inevitable: ¿para qué se organizaron las rondas de negocios, se convocó a los gobernadores, se promovió la participación de las cámaras empresarias y se alentó a los proveedores a prepararse para las inversiones si después se cambian las condiciones sin resolver sus principales dificultades?

Credibilidad en discusión

Organizaciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y las numerosas cámaras de proveedores vinculadas con los grandes proyectos tienen intereses y responsabilidades diferentes, pero todas necesitan reglas previsibles para desarrollar sus actividades.

No corresponde atribuirles una posición institucional coincidente sin conocer sus pronunciamientos, aunque resulta evidente que la nueva definición de proveedor local plantea interrogantes diferentes para quienes ejecutan las inversiones y para quienes buscan abastecerlas.

Mientras las grandes operadoras pueden encontrar ventajas en una oferta más amplia de contratistas, las empresas argentinas deberán enfrentar una competencia adicional por los contratos que se computan dentro del compromiso de compras locales.

El problema no es que una empresa extranjera pueda instalarse en Argentina, contratar trabajadores, pagar impuestos y desarrollar una actividad industrial, porque esa inversión también puede contribuir al crecimiento económico.

La discusión es si resulta razonable reconocer como equivalente a una empresa que produce, invierte y desarrolla capacidades durante años en el país y a otra cuya presencia societaria local le permita acceder a determinadas contrataciones, aun cuando ambas deban cumplir los requisitos legales y las reglas de origen aplicables.

Esta diferencia merece una evaluación económica seria y no puede resolverse únicamente mediante una definición administrativa.

No puede hablarse de desarrollo de proveedores nacionales en una reunión empresarial y modificar pocas semanas después las condiciones que determinan quiénes serán reconocidos como tales sin explicar el impacto sobre quienes fueron convocados.

El riesgo no se limita a una discusión entre empresas argentinas y extranjeras, porque también alcanza la credibilidad de la política económica frente a los empresarios que deben decidir inversiones cuyo recupero puede demandar varios años.

¿Quiénes impulsaron los cambios?

Hay otra cuestión que el Gobierno debería aclarar: quiénes promovieron concretamente estas modificaciones, qué sectores fueron consultados, cuáles fueron los problemas detectados durante la implementación del RIGI y qué estudios se realizaron para medir sus consecuencias sobre la industria argentina.

El decreto invoca la experiencia recogida durante la aplicación del régimen, pero no identifica públicamente a los actores que solicitaron la modificación ni presenta una evaluación cuantificada de su impacto sobre las contrataciones nacionales.

¿Fue una demanda generalizada de las empresas que desarrollan los grandes proyectos o el resultado de planteos específicos de determinados grupos económicos?

¿Participaron las cámaras industriales, las asociaciones de proveedores, las provincias y las propias compañías mineras en el proceso de elaboración de la norma?

¿Se evaluó si la modificación podría reducir las oportunidades comerciales de las pequeñas y medianas empresas argentinas?

Preguntar quiénes tuvieron acceso a la discusión no significa afirmar que existieron presiones indebidas o privilegios, sino exigir que una decisión con posibles consecuencias sobre miles de empresas tenga fundamentos públicos, verificables y suficientemente debatidos.

Cuando las razones no se explican suficientemente, queda espacio para sospechar que algunos sectores cuentan con mayor capacidad de influencia sobre el círculo presidencial que aquellos empresarios que participan de las convocatorias oficiales y esperan respuestas a sus necesidades.

La transparencia sobre quiénes fueron consultados y qué fundamentos prevalecieron permitiría despejar esas dudas, además de fortalecer la credibilidad del propio equipo económico.

Las provincias se robustecen

Paradójicamente, esta modificación puede fortalecer la posición política de las provincias que vienen impulsando legislaciones destinadas a promover la contratación de trabajadores, servicios y proveedores locales.

San Juan tiene aprobada la Ley Provincial 2827 de Desarrollo Local Minero, cuya reglamentación todavía estaba pendiente, y las cámaras empresariales comenzaron a analizar cómo se articula esa normativa con los cambios nacionales.

El nuevo escenario puede acelerar reclamos para establecer mecanismos provinciales de promoción, transparencia y seguimiento de las compras, aunque cualquier disposición deberá respetar la Constitución, las competencias jurisdiccionales y los compromisos asumidos bajo el RIGI.

También puede abrir una discusión judicial sobre el alcance de la obligación prevista en el artículo 176, inciso l), de la Ley 27.742, que establece un compromiso mínimo del 20% de contratación de proveedores locales respecto de la inversión destinada al pago de proveedores, en las condiciones allí previstas.

Conviene precisar que la ley no exige destinar el 20% de toda la inversión a empresas de capital argentino, sino que establece un compromiso de contratación local sobre la base definida legalmente, condicionado a la disponibilidad de oferta en condiciones de mercado en precio y calidad, que debe mantenerse durante las etapas de construcción y operación.

El Decreto 1366 no elimina ese porcentaje, sino que modifica quiénes pueden computarse como proveedores locales, una diferencia jurídica fundamental para cualquier eventual presentación judicial.

La discusión será si la nueva reglamentación respeta el alcance y la finalidad de la ley o si permite una interpretación que debilita las oportunidades de participación de la industria establecida en Argentina.

No alcanza con abrir las puertas a inversiones de miles de millones de dólares si después no existe una estrategia suficientemente clara para transformar una parte de esas inversiones en capacidad industrial, empleo, innovación y desarrollo empresarial.

La Argentina necesita capitales extranjeros y reglas que permitan competir, pero también necesita empresas nacionales capaces de crecer y participar en los grandes proyectos sin quedar relegadas a actividades de menor valor.

El desafío del RIGI nunca debió limitarse a conseguir que las inversiones ingresaran al país, sino también a generar condiciones para que esas inversiones contribuyan a construir una economía más competitiva y con mayor capacidad productiva.

El Gobierno tiene derecho a corregir su reglamentación cuando encuentra problemas en su aplicación, pero debería explicar las razones de cada cambio, demostrar sus beneficios y escuchar a quienes pueden resultar afectados.

La previsibilidad no significa que una norma sea inmodificable, sino que sus modificaciones respondan a criterios conocidos, consistentes y transparentes.

Y esa es, posiblemente, la mayor discusión que abre este decreto: cómo sostener la confianza de los empresarios que están tomando decisiones de inversión mientras cambian las reglas con las que planificaron sus negocios.

Porque una política económica no se mide solamente por los capitales que consigue atraer, sino también por la confianza que logra construir entre quienes deben invertir, producir, contratar trabajadores y asumir riesgos en la Argentina.

 

 

Minería & Desarrollo

 

Temas de esta nota