Lundin evitó una nueva multa en Chile tras corregir seis incumplimientos ambientales en Candelaria

La minera Candelaria, controlada por Lundin Mining y ubicada en Tierra Amarilla, Región de Atacama, evitó nuevas sanciones económicas después de que la autoridad ambiental chilena verificara que había corregido una serie de incumplimientos relacionados con el uso del agua, las explosiones utilizadas para extraer minerales y las obligaciones de vigilancia ambiental.

La decisión fue formalizada el 23 de octubre de 2026 y comunicada públicamente el 2 de noviembre por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que dio por cumplido el programa de corrección presentado por la compañía y terminó un procedimiento administrativo iniciado cinco años antes.

La resolución no significa que las irregularidades nunca existieron ni constituye una absolución de la compañía, sino que la autoridad comprobó que la minera ejecutó las medidas comprometidas para corregirlas y, por ese motivo, decidió no aplicar una nueva multa por los seis cargos.

La investigación comenzó el 22 de julio de 2021, cuando la SMA formuló seis cargos contra Candelaria, tres graves y tres leves, por incumplimientos de las condiciones bajo las cuales había recibido autorización ambiental y de las normas que regulan las descargas de residuos líquidos.

El problema del agua

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el agua que la minera recibía desde una planta de tratamiento de aguas servidas de Nueva Atacama, ya que había superado el volumen promedio diario autorizado para abastecer sus instalaciones.

Este incumplimiento no debe confundirse con un episodio de contaminación comprobada de un río o acuífero, porque el cargo se refería al volumen de agua tratada suministrado a la operación, mientras que otras observaciones apuntaban a la falta de información obligatoria sobre los controles de descargas líquidas.

La investigación también determinó que la empresa había construido y utilizado una piscina de emergencia sin contar con la autorización ambiental correspondiente, además de superar las cantidades permitidas de explosivos y el número diario de tronaduras.

A estas irregularidades se sumaron mediciones de vibraciones realizadas en lugares distintos de los aprobados por la autoridad y la omisión de reportes exigidos para controlar los efluentes, es decir, las aguas residuales descargadas por la operación.

Las observaciones sobre las tronaduras tenían particular importancia para Tierra Amarilla, donde las comunidades habían manifestado preocupación por las vibraciones y los efectos de las actividades mineras próximas a zonas habitadas.

La empresa enfrentaba la posibilidad de recibir multas de hasta 18.000 Unidades Tributarias Anuales, además de otras sanciones previstas por la legislación chilena, pero ese monto constituía una exposición máxima potencial y no una multa efectivamente impuesta.

Las medidas exigidas

En julio de 2023, la SMA aprobó un Programa de Cumplimiento mediante el cual Candelaria se comprometió a ejecutar 16 acciones correctivas, con una inversión equivalente aproximadamente a USD 756.500, un monto destinado a corregir las irregularidades que no constituye una multa pagada al Estado.

Entre las obligaciones impuestas se encontraba dejar de recibir agua desde la planta de tratamiento de Nueva Atacama y suspender la utilización de la piscina de emergencia adicional hasta conseguir la autorización ambiental necesaria.

La minera también debió limitar el uso de explosivos a 90 toneladas por tronadura, realizar un máximo de dos explosiones diarias y suspender esas actividades durante domingos y feriados.

Otra de las exigencias consistió en instalar un sistema continuo para medir las vibraciones, mejorar la comunicación con los habitantes de la zona y entregar los informes pendientes sobre los controles de aguas residuales.

Las medidas fueron ejecutadas durante doce meses y posteriormente revisadas por los equipos técnicos de la SMA, que determinaron que los objetivos comprometidos habían sido alcanzados y que las vibraciones se mantenían dentro de los límites autorizados.

De esta manera, el organismo resolvió dar por cumplido el programa, terminar el procedimiento sancionatorio y no aplicar multas adicionales por los seis cargos de 2021, aunque la empresa debe continuar cumpliendo las exigencias ambientales y puede volver a ser investigada por futuras infracciones.

Una multa anterior

El nuevo pronunciamiento de la autoridad chilena no elimina los antecedentes sancionatorios de Candelaria, que en julio de 2018 pagó una multa equivalente entonces a aproximadamente USD 4,36 millones por doce infracciones ambientales, nueve leves y tres graves.

Entre los incumplimientos detectados figuraba la falta de reducción del consumo de agua fresca comprometida por la empresa, con consecuencias sobre la disponibilidad de agua subterránea del acuífero del río Copiapó, según la investigación de la SMA.

La diferencia con el procedimiento de 2021 es sustancial, porque el antecedente de 2018 estuvo relacionado con la afectación de la disponibilidad del recurso hídrico, mientras que el expediente recientemente concluido cuestionó principalmente el volumen de agua tratada utilizado y determinadas obligaciones de monitoreo ambiental.

La autoridad chilena aclaró posteriormente que el pago de aquella multa no significó que Candelaria reconociera las infracciones, debido a que la empresa mantenía cuestionamientos judiciales sobre los cargos formulados.

Otro antecedente del mismo distrito minero es el enorme socavón registrado el 30 de julio de 2022 en la mina subterránea Alcaparrosa, perteneciente a Compañía Contractual Minera Ojos del Salado, también vinculada a Lundin Mining, pero correspondiente a una operación y a un expediente ambiental diferentes de Candelaria.

El incidente derivó en una investigación que concluyó en enero de 2025 con una orden de clausura total y definitiva de Alcaparrosa y multas equivalentes a aproximadamente USD 3,4 millones, por infracciones relacionadas con las operaciones subterráneas y sus efectos sobre el acuífero del río Copiapó.

Como informó Minería & Desarrollo, el caso de Alcaparrosa constituye uno de los antecedentes ambientales más importantes del grupo empresario en Tierra Amarilla, pero la resolución que ahora beneficia a Candelaria no modifica las sanciones dictadas por aquel episodio ni debe interpretarse como una resolución de ese conflicto.

Para Lundin Mining, el pronunciamiento de octubre de 2026 representa la eliminación de una contingencia administrativa que permaneció abierta durante cinco años y confirma que la autoridad consideró satisfactorias las medidas destinadas a corregir los incumplimientos detectados en Candelaria.

El caso también demuestra que los programas de cumplimiento pueden permitir a las empresas evitar nuevas multas cuando corrigen las irregularidades bajo supervisión oficial, aunque no eliminan sus antecedentes sancionatorios ni las obligaciones ambientales que deberán seguir cumpliendo.

Minería & Desarrollo