Tras 13 muertes en la minería, Chile aumenta las inspecciones y pone bajo revisión sus controles de seguridad

La sucesión de accidentes fatales volvió a poner bajo examen los sistemas de prevención de la principal industria minera de Sudamérica. Cuatro trabajadores fallecieron en apenas tres días de octubre, entre ellos dos contratistas de Codelco alcanzados por un alud en El Teniente.

El 16 de octubre, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció un incremento sustancial del presupuesto de seguridad minera de Sernageomin para 2027. La decisión surgió de una mesa transversal con trabajadores, compañías, asociaciones y organismos públicos.

Más inspecciones previstas

La meta gubernamental es elevar las fiscalizaciones a 13.000 anuales al cierre de 2027, un 30% más que en 2026, y ampliar la cobertura al 50% del universo de faenas. También se financiarán equipos, tecnología preventiva y una mayor presencia territorial.

Sernageomin impulsó además la reactivación de comités regionales, revisiones de riesgos y barreras críticas al comenzar los turnos, inspecciones no programadas y paralizaciones preventivas ante peligros inminentes.

El ministro sostuvo que la seguridad no depende exclusivamente del Estado y convocó a compañías y contratistas a asumir responsabilidades. Sin embargo, los anuncios públicos con metas cuantificables provinieron principalmente de las autoridades.

Las respuestas empresariales

La pregunta es qué resoluciones adicionales han comunicado las mineras frente a la cadena reciente de muertes. El relevamiento de información institucional no permite afirmar que las empresas permanezcan inactivas, pero sí muestra una diferencia de alcance y visibilidad entre sus declaraciones y las decisiones del Gobierno.

Codelco informó medidas relevantes tras el accidente de julio de 2025 en El Teniente, que dejó seis fallecidos: ajustes en monitoreo sísmico, actualización de estándares frente a estallidos y caída de roca, refuerzo de evacuaciones, capacitación e instancias técnicas para incorporar los aprendizajes.

Pero tras el alud del 11 de octubre de 2026, que provocó otras dos muertes, su comunicación oficial se concentró en las condolencias, la descripción de la emergencia y la colaboración con la investigación. Ese parte no anunció un nuevo programa extraordinario de prevención.

El Consejo Minero, que representa a grandes productores, reconoció mediante su gerente general, Carlos Urenda, la gravedad de los hechos y la necesidad de fortalecer la prevención. Su declaración del 16 de octubre tampoco presentó un programa conjunto con presupuestos, responsables e hitos comprobables.

Quién toma la iniciativa

Resulta especialmente pertinente preguntar por qué las decisiones públicas más precisas surgen del organismo fiscalizador y no de las empresas que conocen, administran y supervisan diariamente los riesgos de sus operaciones.

Estar presentes en una mesa de diálogo no equivale a anunciar cambios operacionales nuevos. Tampoco debe confundirse una respuesta específica después de un accidente con una estrategia sectorial destinada a prevenir la repetición de tragedias.

No se puede descartar la existencia de auditorías y medidas internas no difundidas. Precisamente por eso, la exigencia periodística debe apuntar a conocer cuáles son esas decisiones, quiénes las ejecutan, cuánto se invierte y cómo se verifica su eficacia.

Seguridad y contratistas

El accidente de El Teniente también evidenció la relevancia de la gestión de contratistas: los dos trabajadores muertos pertenecían a una firma subcontratista que prestaba servicios a otra contratista. La responsabilidad preventiva debe abarcar toda la cadena operacional, no solo al personal propio.

Las cifras de fiscalización no sustituyen la obligación permanente de identificar riesgos críticos, detener tareas inseguras y comprobar que las medidas correctivas funcionen. Más visitas oficiales no garantizan por sí solas una operación segura.

La advertencia alcanza a la minería argentina y a las operaciones de cordillera, expuestas a fenómenos meteorológicos extremos y tareas complejas. La prevención debe demostrar resultados antes de que ocurra un accidente, tanto en compañías titulares como en contratistas.

Las 13 muertes registradas en Chile dejan una pregunta que sus empresas deberían responder públicamente: ¿qué están cambiando, con qué recursos y en qué plazos, para impedir que una tragedia vuelva a repetirse?

Minería & Desarrollo