No paran las quejas de industriales contra el gobierno por las compras a China de Vicuña y Rio Tinto

Las compras externas de Vicuña, en San Juan, y de Rio Tinto para Rincón, en Salta, exponen una contradicción: atraer inversiones no garantiza participación industrial argentina. La búsqueda empresaria de menores costos choca con la expectativa de convertir los recursos mineros en producción, trabajo y capacidades locales. El tema se instaló otra vez en la agenda de la minería Argetina y dos diarios nacionales como Clarin e Infobae, se hicieron eco de la queja industrial

Rincón importó desde China galpones metálicos y estructuras a precios inferiores a los nacionales. Para Batidero, Vicuña adjudicó parte del campamento a una UTE encabezada por PowerChina.

La disputa de Vicuña tiene una referencia económica concreta. Minería & Desarrollo fue quien destapó la compra e informó que el joint venture seleccionó una oferta de USD 52 millones, presentada por PowerChina, Beijing Chengdong y RAFA, frente a USD 70 millones de Modular Homes.

La diferencia reportada era de USD 18 millones, aunque no se dispone de los pliegos completos para comparar condiciones.

El enojo no para

El enojo industrial que cada vez es más fuerte apunta a esa decisión de abastecimiento.

Saben que los equipos de compras y abastecimiento de las empresas mineras pesan mucho más que los compromisos sociales y legales en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Aseguran que los análisis de costos incluyen hasta el pago de multas.

La discusión por qué se compra y a quién, busca evitar que otros gastos locales sustituyan la participación industrial.

La minería moviliza capital, empleo, infraestructura, exportaciones y divisas. El cuestionamiento es cuánto del gasto de construcción y operación permanece y vuelve a circular dentro del país.

Cuando un bien que podría fabricarse localmente se compra en el exterior, parte del efecto multiplicador —actividad, salarios, impuestos y conocimiento— se produce en la economía del país proveedor.

Montar bienes importados con trabajadores argentinos no equivale a fabricarlos en Argentina.

La fabricación moviliza talleres, acero, ingeniería y subcontratistas. El empleo del montaje no compensa automáticamente las oportunidades industriales perdidas.

Las reglas del conflicto

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Vicuña confirmó su adhesión y Rincón obtuvo la aprobación mediante la Resolución 735/2025. El artículo 190 de la Ley 27.742 exime de derechos de importación a los bienes comprendidos en el régimen: importar bajo esas condiciones no demuestra, por sí mismo, una infracción.

La ley exige un plan de proveedores locales con un compromiso mínimo del 20% respecto de bienes y/u obras, sobre el monto destinado al pago de proveedores, condicionado a disponibilidad, precio y calidad de mercado.

También protege a los proyectos frente a compras nacionales obligatorias en condiciones menos favorables.

Ese porcentaje no reserva automáticamente una quinta parte de cada contrato a fabricantes argentinos ni a empresas de la provincia.

En el debate del Súper RIGI, ya se describen pedidos para reservar el 20% específicamente a bienes y admitir un diferencial de precios del 15% frente a importados.

La Nación, sin respuesta

Al cierre de este informe no surge de las fuentes consultadas una medida nacional concreta que resuelva estos reclamos, aunque sí conversaciones y presión política.

Esa falta de resultados traslada el conflicto al territorio de cada provincia y repercute en los industriales que tenían alguna esperanza de desarrollarse con la minería.

La Nación fija los incentivos y las compañías deciden las compras; los gobiernos de Gustavo Sáenz y Marcelo Orrego quedan frente a proveedores y comunidades que esperan oportunidades. Su credibilidad queda especialmente expuesta cuando los anuncios de inversión no se convierten en contratos accesibles para las empresas locales.

El temor electoral nace de esa distancia entre promesa y experiencia cotidiana. Para un taller sin pedidos, una inversión anunciada no reemplaza una orden de compra.

El costo político

Si esto no recibe un encausamiento el primer costo que teme el Gobierno es político. Si las inversiones reciben estabilidad, ventajas tributarias y facilidades aduaneras, pero compran en el exterior bienes que la industria argentina afirma poder fabricar, se instala la idea de que el Estado concede beneficios sin obtener suficiente producción nacional.

Los gobernadores, intendentes, cámaras de proveedores y sindicatos quedan entonces presionados para endurecer sus reclamos y demostrar que defienden el trabajo local.

El segundo costo es social.

Las comunidades observan el tránsito, el uso de agua, la demanda de infraestructura y la presión sobre servicios públicos. Si esos impactos no tienen como contrapartida contratos, empleo, capacitación y oportunidades duraderas, puede debilitarse la licencia social.

El conflicto no necesariamente modifica el RIGI, pero puede traducirse en nuevas exigencias provinciales, protestas, daño reputacional y demoras en permisos u obras.

Por qué es importante

La minería impulsa desarrollo cuando, además de extraer y exportar, genera actividad en otras empresas. Si se importa un bien que podría producirse competitivamente aquí, parte de los salarios, impuestos y conocimientos asociados a su fabricación queda afuera. Eso no elimina los aportes del proyecto, pero limita su multiplicación en la economía local.

Gestionar el problema requiere transparentar compras, anticipar licitaciones y mejorar las condiciones para competir.

La preocupación electoral no reemplaza una política de proveedores. Sin resultados verificables, Salta y San Juan seguirán defendiendo una promesa que depende también de decisiones nacionales y empresarias.

Minería & Desarrollo