El giro presupuestario detrás del nuevo impulso minero de Mendoza

En apenas dos años, Mendoza pasó de destinar el equivalente a poco más de US$108.000 al funcionamiento de su estructura minera a movilizar más de US$4 millones entre la Dirección de Minería e Impulsa Mendoza. Medido en dólares, el esfuerzo público destinado al sector se multiplicó casi por 40 en apenas dos períodos.

En 2023, la política minera de Mendoza se sostenía con un presupuesto inferior a los $54 millones asignados a la Dirección de Minería. Ese monto incluía el funcionamiento completo del organismo, las tareas de fiscalización, la evaluación de expedientes y también la promoción minera, cuya partida específica ascendía a apenas $900.000. El contraste era evidente: ese año la Provincia destinó más recursos a la confección de los vestidos de las reinas departamentales de la Vendimia que a promocionar una actividad económica que, desde la sanción de la Ley 7.722 en 2007, había mantenido una presencia presupuestaria prácticamente marginal.

Durante casi dos décadas, la estructura estatal vinculada a la minería cambió muy poco. La Dirección de Minería continuó siendo el organismo encargado de administrar la actividad y su presupuesto reflejaba esa realidad. La Ley 7.722 se mantuvo vigente —y continúa vigente— como el marco legal que condiciona la minería metalífera en Mendoza. Las capacidades técnicas para desarrollar la actividad dentro de esa normativa ya existían.

Lo que cambió fue el contexto económico sobre el que la Provincia comenzó a tomar decisiones. Durante años, el petróleo había sido uno de los principales motores de la economía mendocina, acompañado por otras actividades tradicionales. Sin embargo, ese esquema comenzó a mostrar un menor dinamismo para sostener el crecimiento, atraer inversiones y generar empleo. Al mismo tiempo, Argentina volvió a posicionarse como destino para nuevas inversiones mineras, particularmente en cobre. En ese escenario, Mendoza incorporó a la minería dentro de su estrategia de desarrollo y comenzó a respaldar esa decisión con una mayor asignación de recursos públicos.

La transformación en un corto período resulta aún más significativa si se considera que el cambio comenzó durante la segunda gestión de Alfredo Cornejo. En su primer mandato (2015-2019), la minería nunca ocupó un lugar central dentro de la política económica provincial y la asignación de recursos continuó siendo ínfima.

Pero ese cambio no sólo se reflejó en una mayor asignación presupuestaria para la Dirección de Minería. También se comenzó a sostener en la utilización de la estructura que se generó para administrar los activos y el dinero fresco que dejó Vale al entregar Potasio Río Colorado. Recordemos que en marzo de 2023, no sin críticas o cuestionamientos, se creó la sociedad anónima Impulsa Mendoza, que hoy es la que maneja la caja para el desarrollo de la política minera a partir de la administración de los recursos que dejó la brasileña cuando acordó con el Gobierno para irse de Mendoza.

A partir de esa base patrimonial, Impulsa comenzó a financiar proyectos, infraestructura, generar información geológica, promoción de inversiones y conformar equipos técnicos. En paralelo, la Dirección de Minería incrementó su presupuesto y amplió su capacidad operativa. La combinación de ambos procesos explica el salto que muestran las cifras entre 2023 y 2025.

El cambio comenzó a reflejarse en el presupuesto

La transformación de la política minera en materia de recursos económicos comenzó a verse en las partidas presupuestarias. Si en 2023 la Dirección de Minería funcionó con menos de $54 millones, durante 2024 el presupuesto superó los $100 millones y en 2025 alcanzó los $846 millones. El incremento marcó un punto de inflexión para un organismo que durante años había operado con recursos limitados.

El crecimiento presupuestario respondió también a una nueva carga de trabajo. En ese período la Provincia comenzó a gestionar un volumen creciente de expedientes vinculados al desarrollo minero, entre ellos las distintas etapas de Malargüe Distrito Minero Occidental, el seguimiento ambiental de proyectos como PSJ Cobre Mendocino y decenas de iniciativas de exploración que ingresaron al circuito de evaluación.

A ello se sumaron mayores tareas de fiscalización, inspección y control, además del fortalecimiento de la estructura administrativa necesaria para acompañar ese proceso.

Más allá de la actualización de partidas, el presupuesto comenzó a reflejar un cambio en la capacidad operativa del organismo encargado de regular la actividad minera en Mendoza.

La tendencia continúa durante 2026. El presupuesto de la Dirección de Minería volvió a incrementarse hasta superar los $1.207 millones. El organismo pasó de administrar el equivalente a poco más de US$108.000 en 2023 a alrededor de US$838.000 en 2026. Esto representa un incremento cercano al 673% medido en dólares, equivalente a multiplicar por 7,7 los recursos disponibles para la autoridad minera provincial.

Impulsa Mendoza: administrar un patrimonio para financiar la nueva etapa

El fortalecimiento de la Dirección de Minería fue sólo una parte del proceso. En paralelo comenzó a operar Impulsa Mendoza, la sociedad anónima creada para administrar los activos mineros. Allí se registra el cambio más importante en materia de recursos.

Su primer balance permite dimensionar la magnitud de esa estructura. Durante 2025 registró(entre remuneraciones y gastos operativos) un funcionamiento anual superior a los $4.565 millones. Los recursos administrados por la empresa se destinaron a estudios técnicos, generación de información geológica, programas de desarrollo de proveedores, infraestructura de apoyo y otras iniciativas vinculadas al desarrollo minero, complementando el presupuesto de la Dirección de Minería.

Entre las principales iniciativas financiadas por Impulsa se encuentran los Informes de Impacto Ambiental que hicieron posible la conformación de Malargüe Distrito Minero Occidental y que hoy continúan con el desarrollo de Distrito Minero Norte. En esta nueva etapa, la empresa prevé destinar más de US$300.000 a la consultora Knight Piésold para elaborar el Informe de Impacto Ambiental integral del distrito. También asumió inversiones en infraestructura de apoyo para la exploración. Sólo durante 2025 destinó $155 millones a obras de caminos productivos, que comprendieron el reacondicionamiento de aproximadamente 230 kilómetros de trazas estratégicas en el sur provincial para facilitar el acceso a las áreas de prospección y exploración.

La empresa también volcó recursos al desarrollo de proyectos propios. Entre ellos figura El Seguro (que le compraron a la mendocina Agaucu para que fuera la cabeza de la primera parte del distrito de Malargüe), incorporado a la cartera de la sociedad anónima provincial y convertido en uno de los proyectos con mayor grado de avance dentro del esquema de distritos mineros.

Más que representar una expansión del Estado financiada íntegramente con nuevos recursos presupuestarios, Impulsa Mendoza utiliza el patrimonio heredado de Potasio Río Colorado para sostener una parte importante de la nueva política minera. Esa disponibilidad de recursos explica por qué Mendoza ha podido sostener un proceso que apunta principalmente al desarrollo de la exploración a través del sistema de distritos y que, con la nueva administración de la sociedad anónima, también intenta convertir a Mendoza en un hub financiero.

Dos organismos, un mismo esfuerzo público

Aunque poseen naturalezas jurídicas diferentes, la Dirección de Minería e Impulsa Mendoza forman parte del mismo esfuerzo público destinado al desarrollo minero. La primera conserva las funciones regulatorias, ambientales y de fiscalización, mientras que la segunda administra activos y ejecuta programas específicos vinculados al crecimiento del sector. Analizados en conjunto permiten observar con mayor precisión cuánto comenzó a invertir Mendoza en minería. La diferencia entre ambos momentos puede resumirse en pocas cifras.

2023

Dirección de Minería: menos de $54 millones.

Promoción minera: $900.000.

Impulsa Mendoza: aún no operaba como herramienta ejecutora de la política minera.

2025

Dirección de Minería: $846 millones.

Impulsa Mendoza: $4.565 millones entre remuneraciones y gastos operativos.

Total destinado al funcionamiento de ambas estructuras: aproximadamente $5.411 millones.

Un cambio pensado para una industria de largo plazo

La necesidad de encontrar una industria para sumar como nuevo motor para la economía mendocina terminó modificando la política minera de la provincia. Ese cambio exigía algo más que una decisión política: requería construir una estructura capaz de sostener el desarrollo de una industria que durante años operó con recursos limitados. Sobre esa base comenzó a consolidarse un esquema apoyado en dos pilares. Por un lado, una Dirección de Minería fortalecida para responder a una carga técnica, ambiental y administrativa muy superior a la de años anteriores. Por otro, Impulsa Mendoza, y los recursos que hoy financian buena parte de las acciones vinculadas al desarrollo de la política minera provincial.

Sin embargo, esa estructura no fue concebida para sostener un único proyecto. Si bien PSJ reúne las condiciones para convertirse en el emprendimiento que vuelva a ubicar a Mendoza entre las provincias productoras de cobre, el objetivo estratégico es otro. La apuesta provincial está puesta en la exploración, una actividad que constituye el punto de partida de toda la cadena minera y de la que depende que puedan existir otros proyectos para desarrollarse durante las próximas décadas. Se trata, además, de una etapa particularmente exigente. La exploración demanda años de trabajo, inversiones permanentes y un elevado riesgo geológico. A diferencia de otras actividades, una mayor disponibilidad de recursos no garantiza resultados: la mayor parte de las campañas no termina convirtiéndose en un yacimiento económicamente explotable. Precisamente por eso, la función del Estado no pasa por descubrir minas, sino por construir las condiciones institucionales, técnicas y financieras que permitan sostener ese proceso y reducir parte de las barreras que enfrenta la inversión privada en sus etapas iniciales.

El verdadero examen de esta política, por lo tanto, estará en el éxito de una estrategia que comenzará a medirse en los próximos años en la capacidad de ampliar la cartera de proyectos en exploración real, con inversión privada, porque ampliar esa base permitirá eventualmente conseguir algunos descubrimientos.

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