Perea por la Ley de Glaciares: "No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor"
El ministro de Minería sanjuanino, Juan Pablo Perea, fue uno de los expositores en el plenario de Comisión que busca darl dictamen patra el tratamiento a la reforma a la Ley de Glaciares, En su alocución, el funcionario destacóque la provincia busca una norma aplicable que brinde seguridad jurídica y resguarde efectivamente el recurso hídrico.
Durante su intervención, Perea fue enfático al definir el propósito de la provincia: “No buscamos derogar la ley, no buscamos reducir el nivel de protección, buscamos precisar el objeto de protección para que la norma se cumpla con su objetivo que es resguardar las reservas estratégicas de agua”.
El funcionario resaltó que, en San Juan, la actividad minera es el motor que permite financiar obras vitales para la comunidad. En los últimos dos años y tres meses de gestión, se han ejecutado más de 22.000 millones de pesos en infraestructura, destinando 6.000 millones específicamente a proyectos hídricos como acueductos y plantas potabilizadoras.
Al respecto, el ministro señaló: “Eso es lo que hacemos en San Juan con los recursos que genera la minería, los devolvemos al territorio y una parte central de esa devolución es agua para nuestra gente”.
La postura sanjuanina se fundamenta en la distinción científica entre el ambiente glacial y el periglacial. Perea aclaró que la protección de los glaciares descubiertos y cubiertos no está en discusión, ya que son 100% reservas de agua, pero instó a evaluar las geoformas del ambiente periglacial con rigor científico.
Según estudios presentados por la provincia, en la cuenca del río San Juan existen más de 3.200 glaciares de escombro. Sin embargo, los datos técnicos indican que su aporte hídrico es marginal, representando apenas el 1,65% del caudal del río en escenarios extremos de calentamiento global a 75 años.
Sobre este punto, Perea explicó: “No estamos hablando de reservas de agua de la que dependa San Juan. Estamos hablando de una fracción mínima de caudal que va a ser evaluada caso por caso con rigor científico. Es exactamente lo que esta reforma propone”.
El ministro también respondió a las críticas sobre una posible regresividad ambiental, asegurando que el proyecto mantiene el principio precautorio. Esto implica que cada geoforma se considera protegida hasta que la autoridad ambiental provincial verifique, mediante estudios, si cumple o no funciones hídricas relevantes.
En cuanto a la seguridad jurídica, el titular de la cartera minera sostuvo que la ambigüedad de la normativa vigente durante los últimos 15 años ha sido el principal obstáculo: “La ambigüedad actual de esta ley es la que genera inseguridad jurídica. En 15 años no pudo reglamentarse adecuadamente”.
Perea subrayó que San Juan no ha sido un "espectador pasivo" y cuenta con un inventario propio y un Consejo Provincial de Protección de Glaciares. Además, detalló que la provincia aplica un sistema de evaluación ambiental con cinco filtros y equipos técnicos autónomos e independientes.
La defensa del federalismo fue otro eje central de la presentación, invocando el artículo 124 de la Constitución Nacional sobre el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias.
“Las provincias no somos meras ejecutoras de políticas definidas a nivel central, sino que somos sujetos políticos autónomos con capacidad técnica e institucional para gestionar nuestros recursos en armonía con los estándares ambientales”, afirmó Perea ante los legisladores.
El ministro cerró su exposición haciendo un llamado a la responsabilidad y a la toma de decisiones basadas en datos. En su visión, la reforma permitirá que cada comunidad defina su destino bajo un marco legal claro y funcional.
“No se trata de proteger menos, sino que se trata de proteger mejor, con ciencia y con federalismo”, concluyó el funcionario, quien estuvo acompañado por el ministro de la Producción, Gustavo Fernández y el secretario de Gestión Ambiental de San Juan, Roberto Moreno
El discurso completo del ministro de Minería:
“San Juan es una provincia que vive de su agua. Cada sanjuanino lo sabe. Nuestra gente convive con la cordillera, conoce sus ciclos, y cuida su recurso hídrico como lo que es: la base de toda forma de vida y de toda actividad productiva.
Y lo digo con hechos, no con declaraciones. Solo en esta gestión, el Gobierno de San Juan ha ejecutado más de veintidós mil millones de pesos en infraestructura para las comunidades de Iglesia y Jáchal con fondos fiduciarios mineros: energía solar, caminos, escuelas, puentes y obras hídricas. Más de sesenta mil habitantes beneficiados directamente.
Más de seis mil millones fueron destinados específicamente a obras hídricas: el Acueducto El Tambillo, la compuerta y la válvula de Cuesta del Viento, la red de agua potable de Jáchal y San Roque, la planta potabilizadora de Villa Mercedes. Eso es lo que hace San Juan con los recursos que genera la minería: los devuelve al territorio. Y una parte central de esa devolución es agua para su gente.
No venimos a pedir que se proteja menos. Venimos a pedir que se proteja mejor. Y venimos con la evidencia científica para demostrarlo.
Luego de quince años de vigencia de la Ley 26.639, contamos con antecedentes técnicos y científicos suficientes para proponer una reforma aclaratoria. No buscamos derogar la ley. No buscamos reducir el nivel de protección. Buscamos precisar el objeto de protección para que la norma cumpla verdaderamente su objetivo: resguardar nuestras reservas estratégicas de agua.
Hemos escuchado en estas semanas muchas voces. Respetamos todas las posiciones, porque así funciona la democracia. Pero permítanme aportar lo que San Juan sabe hacer: hablar con datos.
La ciencia distingue con claridad entre el ambiente glacial y el ambiente periglacial. Los glaciares descubiertos, los glaciares cubiertos, los neveros y los manchones de nieve son cien por ciento agua. Su función hídrica está comprobada, su vulnerabilidad al cambio climático está documentada.
Su protección no está en discusión. Que quede absolutamente claro: nadie está proponiendo desproteger los glaciares.
Lo que corresponde evaluar son las geoformas del ambiente periglacial. En San Juan realizamos los primeros dos estudios de tercer nivel de la historia argentina sobre glaciares de escombros, con metodologías aceptadas internacionalmente por la Asociación Internacional del Permafrost.
¿Qué nos dicen los datos? Que estas formaciones no intervienen en el funcionamiento de las cuencas hídricas. Que la calidad de su agua supera ampliamente los niveles guía para consumo humano, vegetal y animal. Que la edad de ese hielo supera los cuatro mil años.
Y quiero agregar un dato que dimensiona el debate. Según estudios del geofísico Silvio Pastore, de la Universidad Nacional de San Juan y miembro de la Asociación Internacional del Permafrost: en la cuenca del río San Juan hay tres mil doscientos veintisiete glaciares de escombros. Si en un escenario extremo de calentamiento global, todos ellos entregaran toda su reserva de agua en setenta y cinco años, aportarían el uno coma sesenta y cinco por ciento del caudal del río. Uno coma sesenta y cinco por ciento.
No estamos hablando de la reserva de agua de la que depende San Juan. Estamos hablando de una fracción mínima del caudal, que debe ser evaluada caso por caso con rigor científico. Eso es exactamente lo que esta reforma propone.
El artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales. El artículo 41 diseña un sistema de competencias concurrentes: la Nación dicta los presupuestos mínimos; las provincias los complementan sin que se alteren las jurisdicciones locales.
Escuchamos el argumento de que esta reforma viola el principio de no regresividad. Respondo con un dato concreto: el proyecto mantiene el principio precautorio. Todo glaciar se considera protegido hasta que la autoridad ambiental provincial verifique, con estudios científicos, que carece de funciones hídricas. Eso es más protección, no menos.
Las prohibiciones absolutas solo son aplicables a la actividad ilícita. No constituyen un método idóneo para administrar el cuidado del ambiente. En el resto del mundo no se prohíbe: se monitorea, se evalúa, se controla. Eso es lo que hacemos en San Juan.
San Juan no ha sido una espectadora pasiva. Nuestra provincia dictó la Ley Provincial 1076-L, que establece una autoridad de aplicación local. Tenemos un inventario de glaciares propio, exhaustivo y adaptado a nuestra realidad territorial. Contamos con un Consejo Provincial activo, con el Gabinete de Geocriología de la Universidad Nacional de San Juan, con el Instituto de Hidráulica.
Nuestro sistema de evaluación ambiental tiene cinco filtros. Cada declaración de impacto ambiental, cada geoforma, pasa por cuatro equipos técnicos independientes y por la revisión final del ministro. Hemos reducido los tiempos de evaluación de ciento ochenta a treinta días, sin sacrificar rigor. Josemaría fue evaluada en cincuenta días hábiles.
Otras provincias han venido a conocer nuestro sistema. Desde Tucumán, desde Buenos Aires. Estamos abiertos a compartir nuestra experiencia porque creemos que el federalismo se construye con capacidades, no con prohibiciones.
Señoras y señores diputados: las provincias no somos meras ejecutoras de políticas definidas a nivel central. Somos sujetos políticos autónomos, con capacidad técnica e institucional para gestionar nuestros recursos en armonía con los estándares ambientales nacionales.
Escuchamos que esta reforma podría generar inseguridad jurídica. Nosotros decimos lo contrario: la ambigüedad de la ley actual es la que genera inseguridad jurídica. En quince años no pudo reglamentarse plenamente. Nosotros proponemos una ley que funcione. Una ley que se pueda aplicar. Una ley que proteja de verdad.
No se trata de proteger menos. Se trata de proteger mejor. Con ciencia. Con federalismo. Con responsabilidad. Y con la convicción de que cada comunidad tiene el derecho de decidir su propio destino."
