Todos los detalles de la DIA que le aprobaron a Josemaría y los condicionantes que le pusieron

El documento que lista los 66 requerimientos que la empresa deberá cumplir indica las medidas para mitigar el “impacto hídrico severo” y la afectación en vegas. Además, precisa cuánta mano de obra tomará el proyecto y cómo deberá trabajar con los proveedores locales.
jueves 19 de marzo de 2026 | 0:00hs.

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, aprobó el pasado lunes la primera y segunda actualización del Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la etapa de explotación del Proyecto Josemaría. M&D tuvo acceso a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que establece 66 requerimientos para la empresa minera, con puntos clave como el consumo de agua, la afectación de vegas, mano de obra y proveedores locales.

El documento indica que la principal actualización en el diseño del proyecto consiste en un aumento en el inventario explotable a 1.425 millones de toneladas de mineral, acompañado de un incremento en la tasa de procesamiento nominal de 175.000 toneladas por día, un aumento en la duración de la etapa de operación a 25 años y un incremento en el requerimiento de agua del proyecto.

Mayor consumo de agua y afectación de vegas

El agua de reposición externa provendrá de un esquema de suministro multifuente: durante la construcción y años iniciales de operación, dicho flujo provendrá de tres campos de pozos en la provincia de San Juan (CPA, CPB y CP La Majadita); posteriormente se incorporará agua desalinizada del Océano Pacifico como principal fuente durante el resto de la etapa de operación.

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En ese sentido, la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM), organismo que elaboró le informe, advierte que se prevé un impacto “negativo severo” sobre el agua subterránea durante la operación en los campos de pozos CPA y CPB y en los ecosistemas de vegas. Indica que la estrategia clave para reducir esos impactos será el cambio a agua desalinizada de Chile, que está proyectado para el año 7 de operación. Sin embargo, señala que si esa fuente no se materializa, los impactos severos se prolongarían durante décadas. Incluso revela, en la página diez del documento, que “la afectación a las vegas altoandinas podría ser irreversible”. Por ello le solicita a la empresa que presente una Matriz de Gestión Ambiental con enfoque causal, además de un “único y sólido plan de vigilancia hídrica desde el inicio de la etapa de construcción, que es el momento de mayor riesgo potencial”.

La empresa deberá al menos nueve puntos de alerta temprana dentro de los límites geográficos de la provincia. Con esto, el gobierno busca “garantizar la protección del área de influencia directa y de los usuarios de agua downstream del proyecto, especialmente las comunidades y las actividades económicas de la provincia”.

Mano de obra local

En la DIA también se expone que la demanda de personal en el sitio para la construcción será de aproximadamente 5.900 trabajadores por roster y un promedio aproximado de 1.060 personas por roster durante la etapa de operación.

En el requerimiento 34, el gobierno obliga a la empresa a priorizar la inserción laboral de los residentes sanjuaninos, especialmente del empleo joven, además de incorporar y brindar capacitaciones para el género femenino. Un punto clave, y que está incluido en el condicionante 35, es que considera a Iglesia y Jáchal como zonas de influencia directa al solicitarle que presente especialmente un programa de inserción laboral para los residentes de esos departamentos con una política de capacitación que permita generar “empleo de mejor calidad y sostenible”.

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Es importante destacar acá, que los dirigentes sindicales de AOMA no ve mal la contratación de empresas y trabajadores chilenos siempre y cuando sus afiliados sean para su sindicato.

Desarrollo de proveedores locales

Otro punto fundamental es la obligación que tendrá Josemaría de presentar a la autoridad un Plan de Desarrollo de Proveedores que procure incrementar la oferta local de bienes y servicios; promover modelos de trabajo asociado entre empresas proveedoras con el objeto de favorecer la transferencia de conocimientos, capacidades y experiencias.

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También tendrá que presentar un programa basado en la economía circular para el desarrollo de pequeños proveedores de la comunidad local. Todos los meses deberá entregar un listado de los proveedores directos e indirectos de bienes y prestadores de servicios, dando prioridad a la contratación local en el departamento de emplazamiento del proyecto y en segundo lugar al resto de proveedores de San Juan.

Una perlita

El documento, que consta de 37 páginas indica además que Josemaría deberá implementar un sistema online de registro de información y monitoreos de agua. Presentar planes de abastecimiento energético, de manejo de residuos, de cierre de mina, entre otros.

Un dato que llama la atención está en el requerimiento 51. El gobierno le indica a la empresa que todas las presentaciones debe realizarlas en castellano. Una perlita, una data que podría no ser trascendental en el conjunto de la información pero que la compañía viene arrastrando desde la evaluación inicial. Presentar en ingles toda la información ambiental y social relevante sobre el proyecto ante los evaluadores de San Juan.