La justicia mendocina rechazó las cautelares y ratificó la aprobación ambiental de PSJ
La Justicia de Mendoza ha dictado un fallo clave que otorga seguridad jurídica al incipiente desarrollo minero en la provincia, al rechazar las medidas cautelares presentadas contra el proyecto de exploración de cobre "Distrito Minero Malargüe Occidental - Paso de las Carretas" (PSJ). La resolución ratifica la validez de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fuera aprobada por la Legislatura provincial, desestimando los planteos de inconstitucionalidad que buscaban frenar las actividades en la zona sur.
Con este aval judicial, el Ejecutivo mendocino logra un espaldarazo institucional para su estrategia de reactivación del sector, garantizando que el proceso de aprobación cumplió con todos los estándares técnicos y legales vigentes.
El fallo subraya que los cuestionamientos presentados no lograron demostrar un peligro inminente ni irregularidades en los procedimientos de evaluación ambiental y consulta pública. Los magistrados consideraron que la normativa aplicada para el proyecto PSJ respeta tanto la ley provincial 7722 como las leyes ambientales nacionales, permitiendo que la exploración avance bajo estrictos controles estatales.
Esta decisión es vista por los actores de la industria como un precedente fundamental para el resto de los proyectos que integran el Distrito Minero Malargüe, ya que despeja el camino de litigiosidad que históricamente ha condicionado la actividad en la provincia.
Con la ratificación judicial, la empresa impulsora del proyecto queda habilitada para continuar con su cronograma de trabajos de campo, que incluye tareas de prospección y exploración inicial para determinar el potencial cuprífero de la zona. Este paso adelante no solo consolida el rol de Malargüe como el motor minero de Mendoza, sino que también envía una señal de previsibilidad a los inversores internacionales interesados en el cobre mendocino.
El Gobierno provincial, por su parte, reafirmó que el desarrollo se llevará a cabo bajo una política de "minería transparente", con controles rigurosos y el foco puesto en la generación de empleo local y el cuidado de los recursos hídricos.
MyD con información de Panorama Minero
