Argentina y Chile evalúan integrar sus negocios de cobre, en medio del debate por los proveedores locales

Las compañías mineras analizan asociaciones que permitan combinar los recursos argentinos con la infraestructura y la experiencia de Chile. La iniciativa abre oportunidades para proyectos como Vicuña, El Pachón y Los Azules, pero también plantea interrogantes sobre la distribución de los beneficios y la participación de las empresas sanjuaninas, en un escenario atravesado por los cambios del RIGI.

Las conversaciones entre compañías mineras de Argentina y de Chile para explorar posibles asociaciones transfronterizas comenzaron a ocupar un lugar en la agenda del sector, en un momento en que los grandes proyectos de cobre de San Juan se preparan para avanzar hacia etapas de mayor desarrollo. Sin embargo, detrás de la posibilidad de integrar operaciones y servicios aparecen cuestiones que exceden el ámbito empresarial y que involucran decisiones regulatorias, políticas y económicas de ambos países.

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El tema fue expuesto por el ministro de Minería y Economía de Chile, Daniel Mas, quien confirmó que su gobierno está al tanto de las conversaciones entre empresas con intereses a ambos lados de la cordillera. Según publica el sitio Bloomberg, el funcionario señaló que existen iniciativas para analizar formas de integración y trabajo conjunto, aunque no identificó qué compañías participan ni precisó el alcance de las negociaciones.

Mas sostuvo que el Gobierno chileno busca facilitar el diálogo entre el sector privado y las autoridades, pero también reconoció que una mayor cooperación presenta dificultades políticas. Entre los asuntos que requieren atención mencionó el uso de agua e infraestructura chilena para proyectos argentinos, el tránsito de minerales y las condiciones tributarias vinculadas con una eventual exportación de cobre a través de puertos del Pacífico.

La discusión se produce mientras algunas de las principales compañías mineras internacionales preparan inversiones que, podrían superar los US$40.000 millones en los recursos cupríferos argentinos. En San Juan, los proyectos que concentran parte de esas expectativas son Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining; El Pachón, de Glencore; y Los Azules, de McEwen Copper.

La eventual integración con Chile aparece vinculada a las características geográficas y productivas de estos emprendimientos. Argentina cuenta con grandes recursos de cobre todavía sin desarrollar a escala comercial, mientras que Chile tiene una industria minera consolidada, infraestructura portuaria, proveedores especializados y experiencia operativa acumulada durante décadas.

En ese contexto, las empresas analizan posibles esquemas de cooperación que podrían abarcar servicios, energía, agua, transporte, infraestructura y asistencia técnica. Sin embargo, es prematuro afirmar que existan acuerdos comerciales cerrados ni que se haya definido qué instalaciones o servicios serán utilizados por cada proyecto.

Vicuña es uno de los casos que concentra la atención por su ubicación en la zona cordillerana de San Juan. El ministro Mas mencionó la posibilidad de que el proyecto utilice puertos chilenos para transportar su producción, aunque esa alternativa requiere resolver cuestiones vinculadas con el tránsito internacional, la tributación, los controles y las condiciones de operación entre ambos países.

La utilización de infraestructura del Pacífico no constituye solamente una decisión logística. También involucra la definición de jurisdicciones, costos, responsabilidades y mecanismos de control sobre una producción que se originaría en territorio argentino. Por eso, cualquier esquema de este tipo necesita acuerdos que contemplen tanto los intereses de las empresas como las competencias de los Estados nacionales y las provincias involucradas.

El Tratado Minero y los temas pendientes

La cooperación entre ambos países tiene antecedentes institucionales. Argentina y Chile cuentan con el Tratado de Integración y Complementación Minera de 1997, un marco bilateral destinado a facilitar actividades mineras en zonas fronterizas y establecer mecanismos de coordinación entre las autoridades.

Durante este año, funcionarios chilenos y representantes del sector privado visitaron San Juan para mantener reuniones sobre inversiones y logística transfronteriza. Los gobiernos también retomaron conversaciones vinculadas con la cooperación minera, en un escenario en el que los proyectos de cobre argentinos comenzaron a adquirir mayor relevancia dentro de las estrategias de las compañías internacionales.

No obstante, la existencia del tratado no resuelve por sí sola todos los aspectos que podrían surgir de una integración de mayor escala. El propio Mas señaló que los acuerdos fiscales y de tránsito podrían necesitar modificaciones para responder a las características de los nuevos emprendimientos.

También existen cuestiones relacionadas con el acceso al agua y la utilización de infraestructura ubicada en Chile. Son asuntos especialmente sensibles porque involucran recursos naturales, competencias estatales y la distribución de los ingresos que se generen a partir de la actividad. La discusión, por lo tanto, no se limita a determinar qué recorrido resulta más conveniente para transportar el mineral.

El ministro chileno reconoció que estos temas presentan dificultades políticas y que requieren diálogo con las autoridades nacionales y provinciales de Argentina. 

El RIGI suma otra discusión sobre quiénes participarán de los negocios

Las conversaciones binacionales coinciden con un cambio normativo impulsado por el Gobierno de Javier Milei que modificó las condiciones para identificar a los proveedores locales de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre, modificó la reglamentación del régimen y estableció que las personas jurídicas podrán ser consideradas proveedoras locales si están constituidas y domiciliadas en Argentina, sin que importe la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social.

Hasta ahora, la definición contemplaba una condición vinculada con la participación mayoritaria de capital nacional. La nueva disposición elimina ese requisito y amplía el universo de sociedades que pueden ingresar en esa categoría, incluidas aquellas radicadas en el país que tienen accionistas extranjeros.

La modificación también mantiene una distinción entre la condición de la empresa y el origen de los bienes que comercializa. Cuando una sociedad provea productos, estos deberán cumplir los criterios de origen nacional previstos en el marco del Mercosur para ser considerados de producción argentina. Es decir, una compañía de capital extranjero puede reunir las condiciones para ser proveedora local, pero eso no convierte automáticamente en nacionales los bienes que suministre.

El cambio adquiere relevancia para la actividad minera porque el RIGI establece un compromiso mínimo de contratación de proveedores locales equivalente al 20% del monto destinado a bienes y obras, sujeto a que exista oferta disponible en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.

Con la nueva definición, ese porcentaje podrá computar contrataciones de empresas constituidas y domiciliadas en Argentina aunque su capital sea extranjero. Esto modifica el universo de compañías que pueden competir por esos contratos y abre una discusión sobre los criterios que determinarán la participación de las firmas nacionales y provinciales en las cadenas de abastecimiento.

Las cámaras sanjuaninas cuestionan el nuevo escenario

En San Juan, la modificación generó cuestionamientos de organizaciones que representan a proveedores mineros. La Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (CAPRIMSA), presidida por Fernando Godoy, confirmó que está estudiando el alcance de la disposición y su relación con la legislación provincial de desarrollo local.

Godoy, en díalogo con Minería & Desarrollo, señaló que el tema fue derivado al área legal de la entidad y planteó la necesidad de avanzar con la reglamentación de la Ley Provincial 2827 de Desarrollo Local Minero, que todavía se encuentra pendiente. La cámara busca determinar cómo se articulará el nuevo criterio nacional con las herramientas provinciales destinadas a promover la participación de empresas sanjuaninas.

La posición de la Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA) fue más crítica. La entidad cuestionó el decreto y reclamó que el Gobierno nacional lo derogue, al advertir que las pequeñas y medianas empresas departamentales podrían quedar en una posición desfavorable frente a compañías con mayor capacidad financiera y estructuras internacionales.

CASEMICA también reclamó que se establezcan criterios de participación territorial que contemplen primero a los proveedores de las comunidades cercanas a los proyectos, luego a las empresas del resto de San Juan y, posteriormente, a las firmas de otras provincias. La cámara pidió además al Gobierno provincial que reglamente la Ley 2827 y defienda los mecanismos de desarrollo local.

Aunque las dos entidades coinciden en la preocupación por la participación de las empresas sanjuaninas, sus planteos no son idénticos. Mientras CAPRIMSA se encuentra analizando las implicancias jurídicas y reclama reglas claras para las contrataciones, CASEMICA adoptó una postura más directa contra la modificación nacional.

El debate tiene una dimensión concreta para los departamentos mineros. La construcción y futura operación de los futuros proyectos demandarán servicios de ingeniería, transporte, mantenimiento, obras, provisión de insumos y asistencia técnica. La discusión pasa por establecer qué empresas podrán acceder a esos contratos y bajo qué condiciones, especialmente cuando compitan firmas locales con compañías de alcance nacional o internacional.

En este escenario, la ampliación de la categoría de proveedor local dentro del RIGI no implica que las empresas sanjuaninas queden automáticamente excluidas de las contrataciones, pero sí modifica las condiciones bajo las cuales se computa la participación de proveedores en el régimen. Tampoco resuelve la relación entre los compromisos nacionales y las disposiciones provinciales que puedan resultar aplicables a cada proyecto.

Una agenda que excede los acuerdos entre empresas

La posibilidad de una mayor integración minera entre Chile y Argentina reúne intereses empresariales y estatales que no necesariamente coinciden en todos sus aspectos. Para las compañías, las conversaciones están vinculadas con la organización de proyectos que requieren grandes inversiones y soluciones logísticas complejas. Para los gobiernos, el proceso involucra decisiones sobre infraestructura, recursos naturales, controles fronterizos, tributación y distribución de la actividad económica.

En San Juan, además, la discusión se cruza con el reclamo de los proveedores locales por su participación en las inversiones mineras. La modificación del RIGI y las conversaciones con empresas chilenas forman parte de un mismo escenario de apertura a nuevos actores, aunque responden a cuestiones regulatorias y comerciales diferentes.

Por ahora, no se conocen los términos de acuerdos específicos entre las compañías ni se ha definido un esquema integral de integración para los proyectos sanjuaninos. Lo que sí está planteado es una agenda de negociaciones que deberá resolver cómo se utilizarán los recursos y la infraestructura de cada país, qué obligaciones asumirán las empresas y bajo qué reglas se distribuirán los beneficios económicos.

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La evolución de esas conversaciones será relevante para determinar no solo la configuración logística de la futura producción de cobre argentina, sino también el alcance de la participación de los proveedores, las provincias y las comunidades vinculadas con los yacimientos.

 

Minería & Desarrollo

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