Crece el conflicto proveedor
Ya son dos las cámaras mineras de San Juan que cuestionan los cambios al RIGI y advierten una disputa por las contrataciones
La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya provocó cuestionamientos de dos cámaras de proveedores mineros de San Juan, que advierten sobre las consecuencias que podría tener la nueva definición de proveedor local para las empresas que trabajan en los departamentos donde se desarrollan los proyectos.
La Cámara de Servicios Mineros y Afines de Calingasta (CASEMICA) se sumó a los planteos realizados por la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), aunque adoptó una posición más contundente al solicitar que el Gobierno nacional deje sin efecto el Decreto 1366/2026, publicado el lunes 16 de noviembre.
La nueva disposición establece que pueden ser considerados proveedores locales del RIGI las sociedades constituidas y domiciliadas en Argentina, independientemente del origen de sus accionistas o de la composición de su capital, una modificación que amplía la participación de empresas extranjeras radicadas en el país en las contrataciones de los grandes proyectos.
El cambio no elimina los requisitos de origen nacional aplicables a los bienes suministrados, pero abre un debate sobre las condiciones de competencia para las empresas argentinas y particularmente para aquellas radicadas en las comunidades cercanas a los yacimientos.
Calingasta pide derogación
CASEMICA, presidida por José Adolfo Ibaceta, con Alfredo Amin como secretario, sostuvo que el decreto perjudica las posibilidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas departamentales, que deberán competir con compañías de mayor capacidad financiera y estructuras empresariales internacionales.
La entidad planteó que las oportunidades comerciales deberían contemplar una prioridad territorial que comience por las comunidades próximas a los proyectos, continúe con las empresas del resto de San Juan y posteriormente incorpore a proveedores de otras provincias argentinas.
En su pronunciamiento reclamó al Gobierno nacional la derogación del Decreto 1366/2026, pidió al Ejecutivo sanjuanino defender y reglamentar la Ley Provincial 2827-M de Desarrollo Local Minero y convocó a legisladores y cámaras de otras provincias productoras a pronunciarse sobre el tema.
CASEMICA aclaró que mantiene su respaldo a las inversiones mineras y recordó que las empresas del departamento acompañaron la implementación del RIGI porque esperaban mayores oportunidades comerciales para las comunidades vinculadas a los proyectos.
Segundo cuestionamiento
CAPRIMSA, conducida por Fernando Godoy, también advirtió que la nueva definición nacional de proveedor local no debe desconocer las necesidades de desarrollo empresarial de San Juan, aunque su posición no implica pedir la derogación del decreto.
La cámara reclamó al Gobierno provincial avanzar con la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero y solicitó a las operadoras información anticipada sobre las contrataciones, procesos transparentes y criterios claros para evaluar a los proveedores.
A diferencia de CASEMICA, CAPRIMSA puso mayor énfasis en la articulación entre empresas de distinta procedencia, sin abandonar la defensa de las oportunidades para las firmas sanjuaninas.
Los dos pronunciamientos dejan en evidencia una preocupación compartida: las inversiones mineras pueden crecer considerablemente sin que necesariamente aumente en la misma proporción la participación comercial de los proveedores de las comunidades donde se encuentran los recursos.
Las DIA y la ley provincial
La discusión también alcanza los compromisos de contratación y desarrollo de proveedores que las empresas mineras asumieron ante las autoridades provinciales, particularmente aquellos incorporados en sus Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y en las correspondientes actualizaciones.
La exigencia no es nueva, ya que en septiembre de 2024 cámaras empresariales de San Juan reclamaron al Gobierno provincial que verificara el cumplimiento de las obligaciones de contratación local previstas en las DIA de determinados emprendimientos mineros.
La modificación del RIGI no implica, por sí misma, que esos compromisos ambientales queden sin efecto, porque las empresas deben seguir cumpliendo las condiciones exigibles de sus autorizaciones provinciales, aunque para determinar eventuales incumplimientos será necesario revisar qué establece cada DIA y cuáles son sus obligaciones concretas.
El reclamo de las cámaras apunta ahora a que las autoridades provinciales hagan cumplir esos compromisos y reglamenten la Ley 2827-M, cuya aplicación deberá articularse con el marco nacional y las garantías previstas en el propio RIGI.
La discusión jurídica tiene un aspecto central: el artículo 193 de la Ley 27.742 protege a los proyectos adheridos frente a determinadas restricciones de contratación, pero también reconoce que las provincias pueden promover políticas de contratación de proveedores locales en condiciones de mercado.
Contratos bajo disputa
La controversia anticipa una competencia más intensa por las contrataciones mineras, que podría enfrentar a empresas de un mismo departamento, proveedores de distintas provincias y compañías internacionales que operen mediante sociedades constituidas en Argentina.
El problema no se limita a establecer qué empresas tienen derecho a presentarse en una licitación, sino que alcanza a los criterios utilizados para adjudicar contratos, las capacidades técnicas disponibles, las condiciones financieras y las posibilidades reales de competir frente a compañías de mayor tamaño.
También plantea una tensión dentro del propio sector proveedor, porque las empresas de Calingasta e Iglesia buscan asegurar oportunidades de cercanía, mientras otras firmas de San Juan y del resto del país pretenden participar de los mismos negocios.
La discusión podría derivar en una fragmentación de la representación empresaria si cada cámara concentra sus reclamos exclusivamente en defender a sus asociados, en lugar de impulsar mecanismos de integración que permitan a las empresas más pequeñas acceder a contratos de mayor complejidad.
Sin embargo, esa eventual confrontación todavía constituye un riesgo y no una consecuencia comprobada del decreto, que también podría facilitar asociaciones comerciales, transferencia tecnológica y nuevas inversiones de proveedores extranjeros radicados en Argentina.
El 20% en discusión
Una de las consecuencias más importantes del cambio reglamentario es su incidencia sobre el compromiso mínimo de contratación de proveedores locales previsto en el RIGI, equivalente al 20% del monto destinado a bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado de precio y calidad.
Con la nueva definición, determinadas sociedades de capital extranjero constituidas y domiciliadas en Argentina podrán computar como proveedoras locales, siempre que cumplan los demás requisitos aplicables, entre ellos los criterios de origen nacional cuando suministren bienes.
Esto significa que alcanzar el porcentaje mínimo nacional no garantiza que las contrataciones beneficien directamente a las pequeñas y medianas empresas de San Juan, ni mucho menos a las radicadas en los departamentos donde se encuentran los yacimientos.
La situación plantea un desafío para las autoridades provinciales, las cámaras empresariales y las operadoras mineras, que deberán encontrar mecanismos de desarrollo de proveedores compatibles con la legislación vigente y con las necesidades técnicas, económicas y financieras de los proyectos.
Mientras tanto, CASEMICA y CAPRIMSA se convirtieron en las dos primeras cámaras sanjuaninas cuyos cuestionamientos públicos al nuevo criterio nacional pudieron verificarse, aunque con diferencias importantes en la intensidad de sus reclamos.
La discusión que comienza a instalarse ya no se refiere únicamente al ingreso de inversiones extranjeras, sino también a quiénes podrán competir por sus contratos, bajo qué reglas y qué participación efectiva tendrán las empresas de las comunidades que conviven con los grandes proyectos mineros.
Minería & Desarrollo