El nuevo esquema del RIGI abre interrogantes entre los proveedores mineros de San Juan

Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros, adelantó que el sector analiza los alcances de la nueva disposición nacional que permite que las empresas de capital extranjero operen bajo la categoría de proveedor local, mientras esperan la reglamentación de la Ley de Desarrollo Local Minero.

La modificación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que amplió la definición de proveedor local para incluir a empresas constituidas y domiciliadas en Argentina independientemente del origen de sus accionistas, abrió un nuevo escenario para la cadena de abastecimiento minero. En San Juan, la medida comenzó a generar interrogantes entre las cámaras empresariales, que buscan determinar cómo puede modificar la competencia por los contratos de los grandes proyectos.

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El presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros (CAPRIMSA), Fernando Godoy, confirmó en diálogo con Minería & Desarrollo, que la entidad está analizando el alcance de la disposición nacional y sus posibles efectos sobre las empresas que trabajan en la provincia. Según explicó, el tema fue derivado al área legal de la institución para evaluar cómo se articula el nuevo esquema con las normas provinciales.

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"A priori la estamos estudiando en el área legal. San Juan tiene una ley de desarrollo local y habría que ver bien el decreto. Lo he estado analizando y lo pasé al área legal para ver cómo repercute y cómo podría llegar a afectarnos o beneficiarnos", explicó Godoy.

Uno de los puntos que concentra la atención de la cámara es la relación entre la modificación nacional y la Ley Provincial 2827 de Desarrollo Local Minero, aprobada por San Juan y pendiente de reglamentación. La norma busca establecer herramientas para promover la participación de empresas locales en la actividad minera y fortalecer los vínculos entre los proyectos y la economía provincial.

Para Godoy, la discusión no debe limitarse a los criterios establecidos por el RIGI, sino que también debe contemplar las facultades que tienen las provincias para definir políticas vinculadas con sus recursos naturales y su desarrollo económico. En ese sentido, mencionó los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional como parte del marco institucional que respalda la intervención provincial.

"Lo fundamental acá es el contenido político de la provincia. El artículo 121 establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal y el 124 reconoce el dominio originario de los recursos naturales. Es fundamental el liderazgo político para determinar cómo se desarrolla la actividad en San Juan", sostuvo.

La ampliación del concepto de proveedor local podría facilitar que compañías con capital extranjero, siempre que cumplan las condiciones de constitución y domicilio en el país, participen de los beneficios y oportunidades previstos para esa categoría dentro del régimen. Para el sector proveedor sanjuanino, el interrogante pasa por cómo se distribuirán las oportunidades de contratación y qué lugar tendrán las empresas que ya desarrollan actividades en la provincia.

Consultado sobre la posibilidad de que nuevas compañías extranjeras se instalen en el país y accedan a la categoría de proveedor local, Godoy reconoció que la modificación del gobierno nacional podría permitirlo.

Sin embargo, consideró que la aplicación de las normas provinciales será importante para que la llegada de nuevos actores también se traduzca en oportunidades para el entramado empresario de San Juan. Desde su perspectiva, el crecimiento de la actividad minera debe estar acompañado por mecanismos que favorezcan la contratación de servicios, la generación de empleo y la integración de proveedores locales. 

"Los proveedores locales siempre hemos garantizado certidumbre operativa, paz social y apoyo al desarrollo de la actividad", dijo el referente. 

El desarrollo local como eje de la cadena de proveedores

Godoy señaló que CAPRIMSA mantiene una política de integración de empresas de distintos orígenes, aunque con el objetivo de que la actividad minera genere oportunidades para el empresariado sanjuanino y argentino. En ese sentido, precisó que alrededor del 40% de las compañías asociadas a la cámara son empresas medianas y grandes provenientes de otras provincias.

El dirigente explicó que la incorporación de firmas de fuera de San Juan forma parte de la dinámica de la institución y que la intención es integrarlas a una cadena de abastecimiento que también contemple a las empresas locales.

"Desde que iniciamos en CAPRIMSA dijimos que queríamos contener al empresariado sanjuanino y argentino. No hemos cambiado una coma de nuestro discurso: primero San Juan y después la Argentina, porque si no es primero San Juan, volvemos a lo mismo", manifestó.

En esa línea, defendió el concepto de compre local y la articulación entre empresas como herramientas para ampliar los beneficios económicos de la minería. Sostuvo que la cámara ya impulsaba estas prácticas antes de la aprobación de la legislación provincial y que el nuevo marco normativo puede contribuir a darles mayor previsibilidad.

"En CAPRIMSA contamos con un 40% de empresas socias medianas y grandes que provienen de fuera de San Juan. Mantenemos una postura coherente desde hace más de ocho años: priorizar el desarrollo primero en San Juan y luego en la Argentina, promoviendo el compre local y la economía circular", afirmó.

El presidente de CAPRIMSA también destacó que el desarrollo de los proyectos mineros tiene efectos sobre actividades que van más allá de la contratación directa de servicios especializados. En su planteo, una mayor participación de empresas provinciales puede generar movimiento en sectores como el transporte, el comercio, los servicios y otros rubros que integran la economía regional.

Por ese motivo, consideró que la reglamentación de la Ley 2827 será un elemento relevante para definir cómo se instrumentarán las políticas de desarrollo de proveedores en San Juan. La norma contempla distintos plazos y mecanismos para su aplicación, entre ellos períodos de 60 y 90 días mencionados en su artículo 29.

«La ley ya está. Lo que falta es el decreto reglamentario. Pedimos que pronto salgam porqie es fundamental poner las reglas claras en San Juan», señaló.

Godoy recordó que las cámaras empresariales venían planteando la necesidad de contar con un marco legal específico para ordenar la participación de los proveedores en los proyectos mineros. Según explicó, la aprobación de la ley representó un avance en ese sentido, aunque todavía resta conocer cómo se instrumentarán sus disposiciones.

La competencia por los contratos mineros

La nueva definición del RIGI introduce una variable adicional en un mercado que tendrá una demanda creciente de bienes y servicios a medida que avancen los proyectos de cobre y otras iniciativas mineras en San Juan. En ese contexto, la posibilidad de que empresas de capital extranjero sean consideradas proveedoras locales podría ampliar el universo de compañías que compitan por las contrataciones.

Para CAPRIMSA, el desafío consiste en que esa mayor participación empresarial pueda convivir con una política de desarrollo que contemple a las firmas radicadas en la provincia. Godoy sostuvo que la cámara continuará promoviendo la integración de compañías de distintos orígenes, pero manteniendo como prioridad la generación de oportunidades para el sector local.

"Las empresas se tienen que adaptar. Nosotros somos claros: vienen acá y las aceptamos bajo las condiciones del desarrollo local", afirmó.

La entidad también prevé continuar evaluando los alcances de la modificación nacional desde el punto de vista legal y analizar su relación con la legislación sanjuanina. Entre las alternativas mencionadas por el dirigente figura solicitar información al Ministerio de Minería sobre el avance de los proyectos y la aplicación de las herramientas previstas en la normativa provincial.

«Nosotros tenemos esa posibilidad como cámara de pedirle al Ministerio el avance de los proyectos. La ley es ley», indicó.

Por ahora, la postura de CAPRIMSA es de análisis y seguimiento. La cámara busca determinar qué consecuencias concretas tendrá la nueva disposición sobre las empresas proveedoras y cómo se compatibilizará con las políticas de desarrollo local que San Juan viene impulsando para su actividad minera.

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La discusión se instala en un momento en que la provincia busca ampliar su cartera de proyectos y preparar su estructura productiva para una mayor demanda de servicios. La definición de quiénes podrán ser considerados proveedores locales dentro del RIGI y las condiciones que establezca San Juan para promover la participación de sus empresas serán factores relevantes en la distribución de esas oportunidades.

Poco tiempo después de esta entrevista, la entidad emitió un comunicado firmado por Godoy. A continuación, parte del texto difunfdido por CAPRIMSA: 

San Juan debe ser protagonista de su desarrollo minero.

Los proveedores sanjuaninos no pueden quedar al margen de las oportunidades que genera nuestra minería. La defensa de los proveedores sanjuaninos no es una cuestión sectorial ni un reclamo de privilegios. Es una cuestión estratégica para el presente y el futuro económico y social de nuestra provincia.

El Poder Ejecutivo Nacional publicó hoy el Decreto 1366/2026, que modifica la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Entre otros aspectos, la norma establece que las personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país serán consideradas proveedores locales, independientemente de la nacionalidad o residencia de sus accionistas y de la composición de su capital. Para los bienes se mantienen los criterios de origen nacional previstos en el Acuerdo de Complementación Económica N.º 18 del MERCOSUR, cuya metodología de aplicación será precisada por la Autoridad de Aplicación.

Entendemos que es necesario distinguir entre la condición de proveedor local establecida por el régimen nacional y el desarrollo efectivo de proveedores en los territorios donde se llevan adelante las inversiones. La participación de empresas constituidas en el país es importante, pero también lo es generar condiciones para que las empresas sanjuaninas puedan integrarse, crecer, incorporar capacidades y participar competitivamente de esa cadena de valor.

EL DESARROLLO MINERO REQUIERE LIDERAZGO Y UNA VISIÓN ESTRATÉGICA PROVINCIAL

La minería que viene puede transformar la economía y la realidad social de San Juan, pero ese desarrollo no se producirá automáticamente por el solo hecho de recibir grandes inversiones.

Se necesita una conducción política con visión estratégica, decisión y capacidad de gestión, que impulse políticas públicas orientadas a transformar las oportunidades de la actividad minera en empleo, crecimiento empresarial, desarrollo de proveedores, valor agregado y mejores oportunidades para los sanjuaninos.

Esa responsabilidad también involucra al sector privado, las empresas operadoras, las instituciones y el conjunto de los actores que integran la cadena de valor. El desafío es construir una agenda común, con objetivos claros, diálogo y compromisos concretos, que permita que una parte cada vez mayor de los beneficios económicos y productivos de la minería se traduzca en desarrollo para nuestra provincia.

El verdadero éxito de nuestra minería no debe medirse solamente por lo que se extrae del suelo sanjuanino, sino también por el valor que se genera en San Juan, las capacidades productivas que se fortalecen, las empresas que crecen, el empleo que se crea y las oportunidades que se abren para su gente...."

 

 

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