Garantías en Mendoza Norte: Impulsa resguarda la inversión que en Malargüe asumió sola
El esquema de distritos mineros de Mendoza nació de un intercambio disparejo, y lo hizo por decisión del Estado. Para que la mayor cantidad posible de proyectos superara el filtro de la Ley 7.722, que desde 2007 exige ratificación legislativa para cada DIA de la minería metalífera, la provincia optó por que Impulsa Mendoza Sostenible S.A., la empresa estatal que encabeza su estrategia minera, financiara los estudios ambientales y el trámite de cada proyecto.
Los titulares de los derechos llegaron así a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ratificada por la Legislatura sin poner nada propio en juego. Mendoza Norte Distrito Minero (MNDM) es el distrito que la provincia arma en el departamento mendocino de Las Heras, en el entorno de PSJ Cobre Mendocino y sobre el corredor cordillerano hacia Chile. Allí se ajusta ese equilibrio: cada titular que se incorporó debió constituir una garantía de US$10.000, que Impulsa puede ejecutar si no cumple las obligaciones que siguen a la DIA.
La exigencia es anterior a las primeras revocaciones del esquema. Figura en las cartas de adhesión que los titulares firmaron a mediados de año, con las tres etapas de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), el distrito del departamento de Malargüe, en el sur provincial, como antecedente.
En octubre, la Dirección de Minería revocó Mercedes North y Mercedes Mariano, dos permisos de Newera Hydrogen SAS que habían llegado a la DIA ratificada con la inversión de Impulsa y donde nunca se instalaron trabajos.
Una apuesta para pasar el filtro de la 7.722
MDMO funcionó como el instrumento que destrabó la exploración metalífera en Mendoza. La Ley 7.722 había convertido cada proyecto en una batalla política individual, y el distrito resolvió ese cuello de botella con un estudio integral y un paquete de proyectos evaluados en conjunto. Que Impulsa asumiera el costo del estudio integral y de los informes particulares fue parte de esa estrategia.
Así el Estado bajaba la barrera de entrada para los titulares y llevaba a la Legislatura paquetes amplios. El resultado fue una cartera de proyectos habilitados para explorar en un tiempo que la provincia no había conocido en dos décadas.
Una vez ratificada la DIA, avanzar quedaba en manos del titular. Mercedes North y Mercedes Mariano integraron la segunda etapa de MDMO, cuyas DIA ratificó la Ley 9.685 en diciembre de 2025 junto con el resto del paquete de 27 proyectos. Desde ese momento, el titular contaba con 30 días para instalar los trabajos.
En Mercedes North, el plazo venció el 18 de enero de 2026. Las Resoluciones 672/26 y 674/26, del 22 y 23 de octubre, revocaron ambos permisos por esa causal, en los términos del artículo 41, inciso a), del Código de Minería. En conjunto suman 5.920 hectáreas.
Mercedes Mariano arrastraba además un incumplimiento en el plano ambiental. Fue emplazada en marzo a presentar el Formulario de Registro de Actividades en Sitio y a informar el estado de los acuerdos con superficiarios. La presentación llegó el 19 de mayo, con el plazo vencido.
La consecuencia en Malargüe fue la pérdida del área. Una vez firmes las resoluciones, el artículo 39 del Código de Procedimiento Minero provincial otorga a Impulsa una preferencia sobre las hectáreas liberadas. Lo que la empresa estatal invirtió en los estudios y el trámite de esos dos proyectos quedó sin recupero.
En tanto, Newera conserva cinco proyectos vigentes en la misma etapa: Alicia, La Victoria, Malargüe West, Mercedes 14 de Febrero y Mercedes Huanquimeleo. En MDMO, la pérdida del área fue la única consecuencia prevista para el titular que no avanzaba. La carta de adhesión de Mendoza Norte suma una consecuencia económica, definida antes de la DIA.
Una caución atada a lo que sigue a la DIA
La carta ordena las obligaciones en dos tramos. Antes de la presentación del Informe de Impacto Ambiental (IIA), el titular debe acompañar un anexo con sus datos, los del derecho minero y un plan de trabajo de exploración preliminar; sin ese anexo completo, Impulsa no prepara ni presenta el informe particular. También debe entregar la documentación técnica, legal y societaria que requieran Impulsa o Knight Piésold Argentina Consultores S.A., la consultora a cargo de los estudios del distrito.
Ratificada la DIA, comienzan los plazos frente a Impulsa. En 15 días corridos, el titular debe presentar el Formulario de Registro de Actividades en Sitio. En 30 días, la Declaración Jurada de Buenas Prácticas, la Declaración Jurada Técnica y el cronograma de exploración.
En 90 días, debe acreditar la formalización de los acuerdos con ocupantes, superficiarios, comunidades y organismos que exige el artículo 56 de la Ley 9.529, que la carta denomina acuerdos de impacto y beneficios. Quien tenga un expediente ambiental previo sobre el mismo derecho debe desistirlo y pedir su archivo.
La garantía se mantiene vigente hasta el cumplimiento total y debe renovarse con un mes de antelación a su vencimiento. Si no se renueva, Impulsa puede ejecutarla. Ante cualquier incumplimiento, la empresa estatal la ejecuta en forma total o parcial, sin interpelación previa, y puede informar la situación a la Dirección de Minería y a la Autoridad Ambiental Minera.
El registro de actividades y los acuerdos con superficiarios, los dos puntos en los que Mercedes Mariano llegó tarde, están entre las obligaciones cubiertas.
La caución llega acompañada de otras cláusulas que también ordenan quién asume cada riesgo dentro del distrito.
Los riesgos que asume el titular
La adhesión implica la aceptación irrevocable del contenido técnico, la metodología y las medidas ambientales de los IIA. También implica la renuncia a reclamos contra Impulsa y la consultora por esos contenidos, por los costos asociados o por una eventual exclusión del distrito. El titular responde en forma exclusiva por superposiciones, conflictos de titularidad o errores de mensura en la información que aporta.
El distrito ya tiene un caso abierto de ese tipo. La autoridad ambiental pidió excluir NAT 1, uno de los tres pedimentos del proyecto NAT Oeste, porque su expediente fue archivado por superposición total con un proyecto preexistente, y reformular el informe de NAT Oeste con los dos pedimentos restantes.
Caución, preferencia y concurso: el circuito que resguarda los estudios de Impulsa
El artículo 39 del Código de Procedimiento Minero le da a Impulsa preferencia sobre las áreas que se liberan dentro de los distritos. Si la ejerce, debe convocar un concurso público dentro de los 180 días. Para esos concursos elaboró un pliego general que exige a los oferentes antecedentes, programa de trabajo, compromiso de inversión y garantías.
Fiscalía de Estado lo consideró una base jurídicamente apta en su dictamen 788/26. El antecedente más cercano es El Seguro, el proyecto cuprífero propio de Impulsa en MDMO, adjudicado a Cerro Quebrado S.A., sociedad del grupo BHP. En paralelo, la empresa estatal estructura un fondo cerrado de inversión junto a Max Capital Asset Management y Banco Comafi para canalizar capital hacia proyectos con DIA.
La preferencia sobre las áreas liberadas, los concursos con garantías y la caución de adhesión apuntan a resguardar lo que Impulsa invierte en los estudios de cada distrito. En el norte, esa inversión se apoya además en la línea de base ambiental generada durante años alrededor de PSJ.
El distrito norte ya está en evaluación. La Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental abrieron el procedimiento el 22 de octubre, con las Resoluciones 664/26 y 89/26. La etapa evaluada es la de exploración, sobre 20 proyectos y 65 propiedades mineras en un área de estudio de 5.523 km², concentrada en Las Heras y con una porción menor en el noroeste del departamento de Luján de Cuyo.
El 30 de octubre, el expediente pasó a la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene 15 días hábiles para emitir el dictamen técnico. Luego llegarán los dictámenes sectoriales de 17 organismos, entre ellos los municipios de Las Heras y Luján de Cuyo, el Departamento General de Irrigación, el IANIGLA, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Brigada de Montaña VIII del Ejército.
Cada organismo tendrá 15 días hábiles para expedirse, y Impulsa, cinco días hábiles para responder. Después vendrán la audiencia pública, la emisión de las DIA y la ratificación legislativa.
Mendoza Norte entra a evaluación con las reglas aprendidas en Malargüe
MDMO resolvió el problema que Mendoza arrastraba desde 2007, que era conseguir permisos, con una decisión del Estado que priorizó la cantidad de proyectos que llegaban a la Legislatura. Mendoza Norte entra a evaluación con esa etapa resuelta y con la experiencia de las tres etapas del sur. La garantía, definida antes de que cayeran los primeros permisos de Malargüe, vincula al titular con las obligaciones posteriores a la DIA y deja respaldada la inversión que la empresa estatal hace en cada estudio.
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