Chile busca acelerar los permisos ambientales para proyectos por USD 7.325 millones en Atacama sin reducir las exigencias
El Servicio de Evaluación Ambiental reconoció la necesidad de acortar los tiempos de tramitación de las inversiones y anunció que reforzará sus equipos técnicos. La región concentra 26 iniciativas en evaluación, encabezadas por el proyecto minero Lobo Marte, mientras que durante 2026 ya fueron aprobados emprendimientos por USD 2.555 millones.
La decisión vuelve a poner en discusión la importancia de contar con organismos ambientales capaces de acompañar el desarrollo de nuevas inversiones sin debilitar los controles.
La necesidad de acelerar las evaluaciones ambientales se convirtió en una prioridad para las autoridades chilenas, que enfrentan una creciente cartera de inversiones mineras y energéticas que necesitan obtener permisos antes de avanzar hacia su construcción.
En una reunión realizada en Copiapó, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, informó que Atacama tiene 26 proyectos en tramitación por más de USD 7.325 millones y anunció medidas para fortalecer la capacidad de respuesta del organismo.
La región representa el 9% de los montos de inversión actualmente sometidos a evaluación ambiental en Chile y ocupa el tercer lugar nacional, mientras que USD 3.224 millones corresponden a iniciativas ingresadas desde el 11 de marzo de este año.
El funcionario reconoció que el principal desafío consiste en reducir los tiempos de tramitación sin afectar las exigencias normativas ni la calidad técnica de las evaluaciones, una definición que adquiere especial importancia para los proyectos mineros de gran escala.
Las inversiones mineras
Entre las iniciativas que actualmente se encuentran bajo evaluación sobresale Lobo Marte, un proyecto minero de USD 1.500 millones que se desarrolla en la región de Atacama y cuyo expediente ambiental identifica como titular a Compañía Minera Mantos de Oro.
El emprendimiento contempla el desarrollo de una operación minera en las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, y su evaluación incluye obras de infraestructura, instalaciones de procesamiento y manejo de residuos mineros.
La cartera también incluye la Central de Almacenamiento de Energía Renovable por Bombeo Atacama, con USD 900 millones; el parque fotovoltaico Las Cunas, por USD 716 millones; y el proyecto de subestación, transmisión y almacenamiento Delva, con USD 600 millones.
Estas cuatro iniciativas representan USD 3.716 millones, aproximadamente la mitad de la inversión regional en evaluación, y muestran la creciente relación entre el desarrollo minero y la necesidad de ampliar la infraestructura energética.
Permisos y resultados
Durante 2026, Atacama obtuvo calificaciones ambientales favorables para proyectos que suman USD 2.555 millones, entre ellos los parques solares Peuco, Cristalería Solar e Isidora Solar, cuyas inversiones previstas alcanzan USD 794 millones, USD 335 millones y USD 262 millones, respectivamente.
Estos montos corresponden a proyectos ambientalmente aprobados y no necesariamente a inversiones ejecutadas, ya que las empresas todavía deben resolver sus decisiones de financiamiento, construcción y permisos sectoriales.
Farías explicó que el SEA decidió potenciar sus equipos en la región para mejorar los procedimientos, una medida que reconoce la necesidad de fortalecer los recursos técnicos de las instituciones encargadas de evaluar las inversiones.
La decisión no supone flexibilizar las normas ambientales, sino procurar que los organismos públicos cuenten con capacidad suficiente para resolver expedientes complejos dentro de plazos razonables y con fundamentos técnicos.
Una discusión regional
La situación de Atacama forma parte de un desafío más amplio para Chile, donde Antofagasta mantiene otros 33 proyectos bajo evaluación por USD 28.591 millones, según informó el propio SEA durante octubre.
Entre ambas regiones suman 59 iniciativas por aproximadamente USD 35.916 millones, una magnitud que permite dimensionar la importancia económica de los procedimientos ambientales y la necesidad de contar con instituciones capaces de administrarlos.
Para Argentina, donde varios proyectos mineros enfrentan extensos procesos de evaluación ambiental, la experiencia chilena ofrece una referencia sobre el papel que deben asumir las autoridades encargadas de analizar las inversiones.
La comparación no significa que todos los expedientes puedan resolverse en los mismos plazos, porque las características ambientales, técnicas y sociales de cada emprendimiento requieren estudios específicos y procedimientos de participación ciudadana.
Sin embargo, el reconocimiento público de la necesidad de mejorar los tiempos de evaluación constituye una señal institucional relevante, especialmente cuando proviene del propio organismo responsable de exigir el cumplimiento de las normas.
Los permisos ambientales constituyen una condición indispensable para desarrollar la minería, pero su tramitación también exige previsibilidad, recursos profesionales y decisiones oportunas que permitan a las empresas conocer las condiciones bajo las cuales podrán avanzar.
La experiencia de Atacama muestra que el fortalecimiento de los controles ambientales y la agilización de los procedimientos no necesariamente representan objetivos contrapuestos, sino dos responsabilidades que las autoridades deben atender de manera simultánea.
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