Incentivos para la industria nacional
El Senado aprobó un nuevo régimen de inversiones desde USD 12 millones que abre oportunidades para proveedores mineros
La construcción de las grandes minas de cobre, litio y oro que proyecta Argentina requerirá una industria proveedora capaz de fabricar equipos, ampliar instalaciones y competir por contratos millonarios, una necesidad que ahora encuentra una posible herramienta de promoción en el régimen aprobado por el Senado.
Con 60 votos afirmativos y apenas dos negativos, la Cámara alta dio media sanción al Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que propone beneficios tributarios para inversiones desde USD 12 millones y busca cubrir el espacio existente entre los mecanismos de promoción de inversiones medianas y el RIGI.
Para la minería, la novedad no está solamente en los incentivos que podrían recibir determinadas inversiones productivas, sino en la posibilidad de fortalecer una cadena de proveedores nacionales que deberá responder a las exigencias de proyectos con estándares internacionales de calidad, seguridad y cumplimiento de plazos.
El proyecto contempla la amortización acelerada de inversiones en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA, además de estabilidad tributaria por 30 años para los beneficios reconocidos.
Diferencias con el RIGI
Proveedores mineros
El nuevo régimen podría resultar especialmente atractivo para fabricantes de estructuras metálicas, componentes electromecánicos, sistemas de bombeo, equipamiento industrial y otros bienes necesarios para la construcción y operación de proyectos mineros.
Estas empresas enfrentan un problema que excede la posibilidad de obtener contratos, porque muchas necesitan invertir primero en maquinaria, tecnología, certificaciones e instalaciones para responder a los requerimientos de las compañías internacionales.
Los incentivos fiscales permitirían adelantar la recuperación tributaria de parte de esas inversiones, aunque no representan subsidios directos ni garantizan financiamiento bancario o adjudicaciones comerciales.
El límite también es importante, ya que una inversión mínima general de USD 12 millones supera ampliamente la capacidad de buena parte de las pequeñas empresas proveedoras de San Juan, Catamarca, Salta y otras provincias mineras.
Por eso, los potenciales beneficiarios directos serían principalmente empresas industriales con mayor capacidad de inversión, mientras que los proveedores más pequeños podrían recibir beneficios indirectos por la ampliación de las cadenas de contratación.
Tampoco debe confundirse la obligación de contratar proveedores nacionales con una preferencia automática por empresas de las provincias donde se encuentran los yacimientos, una diferencia que seguirá siendo relevante en las negociaciones entre compañías mineras, gobiernos provinciales y cámaras empresarias.
La media sanción del RIIR se conoció en momentos en que cientos de empresarios y representantes de PyMEs participaron ayer en Rosario del encuentro de proveedores con las compañías que tienen proyectos aprobados bajo el RIGI.
La convocatoria puso en evidencia el interés de la industria nacional por incorporarse a las cadenas de abastecimiento de esas inversiones, pero también la necesidad de contar con herramientas que permitan ampliar su capacidad productiva y competir frente a proveedores internacionales.
Para muchas de las empresas que participaron de las rondas de negocios, la eventual conversión del RIIR en ley podría representar una oportunidad para invertir en maquinaria, tecnología e instalaciones con beneficios fiscales que hoy no tienen a su alcance bajo el RIGI.
Sin embargo, el monto mínimo de inversión previsto exige una escala que buena parte de las PyMEs todavía no posee, por lo que el verdadero desafío será conseguir que los incentivos también contribuyan al crecimiento de los proveedores más pequeños y permitan transformar las oportunidades comerciales abiertas en Rosario en contratos, nuevas inversiones y empleo argentino.
La lectura política
La aprobación también deja una señal política relevante porque el proyecto fue presentado por el senador radical Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR, y recibió el respaldo de La Libertad Avanza y de buena parte de la oposición.
Sin embargo, el apoyo parlamentario no estuvo exento de cuestionamientos, ya que durante el debate surgieron advertencias sobre las dificultades económicas que atraviesan las empresas y reparos por la multiplicación de regímenes especiales y su impacto fiscal.
Para el Gobierno, acompañar una iniciativa radical permite ampliar los acuerdos legislativos y mostrar que la política de incentivos a la inversión no se limita a las grandes compañías, aunque todavía deberá conseguir los votos necesarios en Diputados.
La coincidencia con el encuentro de proveedores RIGI realizado en Rosario tampoco pasa inadvertida, porque mientras el Ministerio de Economía reunía a grandes inversores con industriales y empresarios de todo el país, el Senado avanzaba con una propuesta destinada a facilitar la expansión de la capacidad productiva nacional.
El desafío es que las dos herramientas consigan complementarse, porque atraer grandes inversiones mineras no garantiza por sí solo que las empresas argentinas puedan competir con fabricantes internacionales que cuentan con mayor escala, financiamiento y experiencia.
La exigencia de destinar al menos el 20% de las contrataciones alcanzadas a proveedores nacionales bajo las condiciones previstas en cada régimen puede convertirse en un incentivo para desarrollar nuevas capacidades industriales, pero requiere controles efectivos y una planificación que permita anticipar las compras.
De concretarse su aprobación definitiva, el RIIR sumaría una herramienta para que parte de la industria argentina invierta antes de que las grandes compañías mineras comiencen a demandar masivamente bienes y servicios.
La oportunidad para provincias como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy será transformar esas inversiones en nuevas capacidades productivas y empleo, sin perder de vista que los beneficios fiscales no reemplazan la competitividad, el acceso al crédito ni las condiciones comerciales que exigen las empresas mineras.
El RIGI permitió mejorar las condiciones para viabilizar inversiones de gran escala que enfrentaban dificultades para concretarse en Argentina, mientras que el RIIR podría contribuir a que una parte mayor de la industria nacional esté preparada para participar de su construcción y operación.
La discusión que queda pendiente ya no se limita a cuántos proyectos mineros llegarán al país, sino a cuánto podrá crecer la industria argentina a partir de esas inversiones.
Minería & Desarrollo