Chile acusa a una petrolera estatal de falsear datos ambientales y enfrenta multas por más de US$ 19 millones

La confiabilidad de los controles ambientales quedó en el centro de una investigación de enorme trascendencia para la industria chilena, después de que el organismo encargado de fiscalizar a las empresas acusara a una compañía estatal de alterar información técnica para aparentar que cumplía con las exigencias legales.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), dos de ellos calificados como gravísimos, por irregularidades detectadas en la Refinería Aconcagua, ubicada en Concón, en la Región de Valparaíso.

La petrolera enfrenta posibles multas que, sumadas, podrían superar los US$ 19 millones, aunque el procedimiento todavía debe determinar las responsabilidades definitivas.

ENAP es una empresa del Estado chileno dedicada a actividades vinculadas con los hidrocarburos, entre ellas la refinación de petróleo para producir naftas, gasoil, combustible de aviación y otros derivados. Su Refinería Aconcagua puede procesar 102.000 barriles diarios y desempeña un papel estratégico en el abastecimiento de combustibles del centro de Chile.

La gravedad del caso no reside únicamente en que una instalación industrial haya superado sus límites de contaminación, sino en que la autoridad sostiene que se manipularon registros y se omitieron emisiones para presentar un desempeño ambiental distinto del real.

Datos ambientales alterados

La primera acusación se relaciona con el sistema de recuperación de azufre, un proceso industrial destinado a retirar este componente de las corrientes de gases de la refinería y reducir las emisiones contaminantes.

La legislación exige una eficiencia mínima del 98%, pero la SMA determinó que durante tres años consecutivos la instalación operó por debajo de ese nivel, con registros que habrían sido manipulados para simular su cumplimiento.

El segundo cargo gravísimo se refiere a las emisiones de dióxido de azufre, un contaminante atmosférico que puede afectar el sistema respiratorio y deteriorar la calidad del aire. Según la investigación, la empresa omitió declarar parte de los gases quemados mediante las antorchas industriales, lo que permitió presentar niveles de emisiones inferiores a los reales.

La investigación también identificó deficiencias en la validación de los equipos de monitoreo continuo de emisiones y superaciones de los niveles de ruido nocturno permitidos. Estas irregularidades fueron clasificadas como leves, aunque se suman a los cuestionamientos sobre la confiabilidad de la información ambiental presentada por la compañía.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, advirtió sobre la importancia de que las empresas entreguen información verdadera para que el Estado pueda ejercer sus funciones de fiscalización.

El organismo explicó que está cruzando registros de distintos sistemas para detectar inconsistencias en las declaraciones industriales.

Una zona sensible

La refinería se encuentra en una zona integrada por Concón, Quintero y Puchuncaví, donde existen antecedentes de contaminación industrial y rige un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica.

Este instrumento establece exigencias específicas para reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.

El problema adquiere mayor gravedad porque los organismos ambientales dependen tanto de sus propias inspecciones como de los registros entregados por las empresas. Si esos datos son falsos o incompletos, la autoridad pierde capacidad para detectar incumplimientos, exigir correcciones y proteger a las comunidades cercanas.

La respuesta de ENAP

La petrolera estatal sostuvo que fue la propia compañía la que detectó y denunció las inconsistencias ante los organismos competentes, además de adoptar medidas internas que incluyeron la desvinculación de 17 trabajadores y modificaciones en sus mecanismos de control ambiental.

ENAP también aseguró que no existen antecedentes que vinculen las irregularidades con daños a la salud de la población y señaló que las estaciones de monitoreo cercanas han registrado el cumplimiento de las normas de calidad del aire desde 2019.

Esa posición no elimina los incumplimientos señalados por la SMA, pero introduce una diferencia entre superar límites de emisiones de una instalación y demostrar una afectación concreta sobre las personas.

La formulación de cargos no constituye una sanción definitiva y la compañía dispone de los plazos legales para presentar sus descargos o un programa de cumplimiento.

La autoridad anunció además que derivará antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para determinar si existen otras responsabilidades.

Para la industria minera argentina, aunque el caso corresponde a una instalación petrolera chilena, el antecedente tiene una relevancia directa porque ambas actividades dependen de declaraciones ambientales, mediciones periódicas y compromisos asumidos frente a las autoridades. La manipulación deliberada de esa información compromete no solo el cumplimiento de las normas, sino también la confianza de las comunidades, los organismos de control y los inversores.

Una empresa puede enfrentar dificultades técnicas, superar parámetros o necesitar inversiones para mejorar sus procesos, pero ocultar esas situaciones impide que funcionen los mecanismos de prevención y corrección.

La investigación contra ENAP deja una advertencia para todas las industrias: falsear información ambiental no es una simple irregularidad administrativa, sino una conducta que puede comprometer la credibilidad de todo el sistema de fiscalización.

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